La necesidad de los avales

Cuentan que a mediados de los años noventa Felipe González, entonces presidente del Gobierno español, pilló un cabreo monumental cuando se enteró de que a un club de Primera División le había subvencionado su Ayuntamiento, cuando sobre la mesa del Consejo de Ministros había una petición de recursos para reformar el hospital de la localidad.

Felipe encargó a

Javier Gómez Navarro, presidente del CSD, la Ley del Deporte para obligar a los clubs profesionales a convertirse en sociedades anónimas y que fueran los accionistas los que se jugaran su dinero. Las administraciones públicas no estaban, ni están, para pagar sueldos millonarios. Tras duras negociaciones con Gómez Navarro, y con Ramón Mendoza ultimando su Real Madrid SAD,

Josep Lluís Núñez (secundado por Fermín Ezcurra y Pedro Aurtenetxe, presidentes de Osasuna y Athletic, respectivamente) logró una excepción a la Ley para el Barça y los dos citados clubs, a los que se unió ‘in extremis’ el Real. El argumento fue aceptar que los clubs con cinco o más años generando beneficios y sin haber pedido subvenciones oficiales no formaban parte del problema y, así, pudieran mantener sus estatus de asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. A cambio, a fin de evitar agravios comparativos, se obligó a los directivos a avalar el 15% del presupuesto, como garantía de no dejar un pufo al cierre de su mandato.

Con los presupuestos disparados, los avales son ahora un problema para los que, atendidos sus precedentes, se duda de la bondad de su gestión. Se podrá rebajar el porcentaje, pero nunca eliminarlo, ya que es el único escudo que tienen clubs y socios contra gestiones temerarias y/o negligentes ●