Sanidad centralizará la evolución del virus y las CC.AA. garantizarán los PCR
n El decreto ley aprobado ayer mantiene que las mascarillas seguirán siendo obligatorias una vez finalizado el estado de alarma, y que habrá sanciones de hasta cien euros para quien no cumpla dicha obligación en espacios cerrados. Su texto regulaba la obligación del uso de mascarillas para personas de 6 años en adelante “en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público”. Será obligatoria también en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o tren, así como en los transportes públicos. Las CC.AA. facilitarán a la “autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica” del virus que se requieran, “en el formato adecuado y en el tiempo oportuno, incluidos, en su caso, los datos necesarios para identificar a la persona”. La obligación afectará a todas las administraciones públicas o privadas que dependan de ellas y su actividad “tenga implicaciones en la identificación y diagnóstico. Los servicios de salud primaria garantizarán a todos los niveles la asistencia “a todo caso sospechoso de tener Covid-19 y se les realizará una prueba por PCR
HLa consellera de Salut, Alba Vergés, estudia cómo rescindir el contrato suscrito con la filial de Ferrovial, Ferroser, que se debía encargar de rastrear los contactos de las personas que den positivo por Covid-19, un servicio que Salut decidió externalizar por 17 millones de euros contra la opinión de los profesionales sanitarios y por el que se deberá indemnizar
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