La cuestión agraria
El mundo rural fue el escenario de una gran movilización política y social durante la Segunda República. La llegada de republicanos y socialistas a los ayuntamientos, el poder adquirido por los sindicatos en la contratación de las tareas agrícolas y la resistencia patronal a cumplir las nuevas leyes marcaron un panorama de gran conflictividad.
Los gobiernos del primer bienio de la Segunda República emprendieron un ambicioso paquete de reformas acorde a las grandes expectativas de cambio manifestadas en un sector importante de la población. Las reformas buscaban conformar un sistema democrático, descentralizar el Estado, limitar la intervención del Ejército en asuntos políticos, restringir la presencia de la Iglesia en la vida pública, mejorar el sistema educativo, redistribuir la riqueza y reducir las amplias desigualdades sociales. Pocas de estas medidas generaron tantas esperanzas, controversias, resistencias y decepciones como la reforma agraria. A comienzos de la década de 1930, los núcleos rurales acogían a cerca del 60% de la población española, concentraban las mayores tasas de analfabetismo y mantenían condiciones de vida y trabajo especialmente duras. El malestar social de los campesinos había provocado importantes protestas sociales en la mitad sur de España, especialmente en los años conocidos como el “Trienio Bolchevique”, y el eco de estos conflictos alimentaba una creciente preocupación por el modo en el que estaba distribuida la tierra y las tradicionales relaciones del trabajo agrícola, carentes de todo tipo de regulación. Los diferentes gobiernos de la monarquía no consiguieron acometer con éxito los problemas sociales del mundo rural y las respuestas represivas tampoco lograron solucionar las demandas de las primeras organizaciones obreras en el campo.
Los gobiernos de la conjunción republicano- socialista adoptaron una nueva actitud para encarar los problemas sociales en el campo y promovieron una reforma agraria que favoreciese las aspiraciones de miles de campesinos pobres, deseosos de acceder a la propiedad de la tierra y alcanzar una vida más digna. Varios proyectos fueron presentados, discutidos y descartados hasta la aprobación definitiva de la reforma. La tramitación fue ardua y quedó lastrada por la complejidad de la estructura de la propiedad de la tierra, la dificultad para alcanzar un acuerdo entre los socios de Gobierno, las trabas administrativas que dificultaban su rápida aplicación, la oposición de los propietarios de tierras y el desafío lanzado por las organizaciones obreras.
LOS PROYECTOS DE REFORMA AGRARIA
La conjunción de republicanos y socialistas en el poder prestó una atención preferente al problema del latifundio, al que consideraban responsable del atraso político, social y económico del país. Estos
defendían que una mejor redistribución de las tierras en las zonas latifundistas favorecería la modernización y el crecimiento de la economía agrícola, mejoraría las condiciones de vida de los jornaleros, ampliaría el respaldo social de este numeroso grupo a la causa republicana y desactivaría su potencial capacidad de agitación social demostrada en las décadas anteriores. La primera propuesta fue llevada a las Cortes el 20 de julio de 1931. Esta presentaba un plan de asentamiento temporal anual de entre 60.000 y 75.000 familias de jornaleros sin tierras en las zonas de latifundio. El proyecto puso de manifiesto las dificultades para alcanzar acuerdos entre los miembros de la coalición. La reforma preveía la ocupación temporal de los latifundios y no su expropiación. Esto suscitó la oposición de los socialistas, que demandaban el traspaso de la propiedad a los nuevos colonos. En el otro extremo, los grandes propietarios consiguieron organizarse en defensa de sus intereses. El proyecto no prosperó y un segundo plan de reforma se presentó el 25 de agosto. La nueva propuesta ya preveía la expropiación con indemnización de tres tipos de tierras: latifundios, preferentemente de origen señorial o los que superasen una quinta parte del término municipal, zonas de regadío no puestas en riego y tierras sistemáticamente arrendadas por sus propietarios. No obstante, el proyecto fue igualmente retirado por la intensa discusión entre los grupos políticos de la coalición gubernamental, que lo consideraban complejo, costoso o demasiado beneficioso para los terratenientes favorecidos por las indemnizaciones.
Las dificultades que entrañaba aprobar una reforma agraria fueron en parte compensadas por un paquete de medidas de urgencia que trataba de mejorar las condiciones laborales y la protección social de los trabajadores agrícolas. El decreto de Términos Municipales obligaba a los propietarios a contratar de manera prioritaria a los jornaleros que residían en el propio municipio. De este modo, se evitaba la reducción de los salarios por la competencia entre trabajadores de diferentes localidades, la utilización de mano de obra forastera para la desarticulación de las huelgas y la práctica de no contratar a los afiliados a los sindicatos de la propia población. El decreto de Laboreo Forzoso ofrecía a los ayuntamientos la posibilidad de enajenar tierras incultas para ponerlas en cultivo por las sociedades obreras. Con ello se pretendía que las tierras no quedasen sin cultivar por sus dueños. El decreto de Jurados Mixtos permitía elaborar por primera vez las bases de trabajo agrícola, acordar los salarios, vigilar el cumplimiento de los contratos, denunciar las irregularidades, juzgar y penalizar hasta deter
La propuesta de Ley de Reforma Agraria fue llevada tres veces a las Cortes hasta ser aprobada el 15/ 9/1932
minada cuantía a los culpables de los abusos. El gobierno republicano- socialista también impulsó otras medidas complementarias como las leyes de arrendamientos colectivos, el seguro de desempleo y el de accidentes laborales para los trabajadores agrícolas, la creación de oficinas de colocación obrera, la obligatoriedad de la jornada máxima de ocho horas en el campo y la de contratos de trabajo, que regulaba los convenios colectivos y protegía el derecho de huelga. La ley de Bases de Reforma Agraria se aprobó finalmente el 15 de septiembre de 1932, tras meses de debates entre los partidos de la coalición, las prácticas obstruccionistas de los grupos de la derecha en las Cortes, el incremento de los conflictos sociales en el campo y la oposición abierta de grandes propietarios e importantes sectores del campesinado familiar. La reforma pretendía expropiar las grandes fincas de propietarios absentistas para redistribuir la tierra en parcelas individuales o en cooperativas a unos 60.000 campesinos cada año. La ley establecía como expropiables las tierras de origen señorial, las incultas o mal cultivadas, las explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento y las que estando en zonas de riego no hubieran sido convertidas en regadío. La indemnización se contemplaba en todos los casos salvo en las expropiaciones a la Grandeza y en las de los terratenientes que habían conspirado en el fallido intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. La ejecución de la ley quedaba en manos del Instituto de Reforma Agraria ( IRA), encargado de realizar el inventario de las tierras expropiables, su redistribución y la elaboración del censo de los campesinos que podían ser asentados en cada término municipal. En esta labor, el IRA se apoyaba en Juntas provinciales agrarias conformadas por una representación de patronos y obreros. No obstante, los resultados de la reforma agraria fueron muy limitados. La complejidad administrativa de la reforma, la necesidad de elaborar inventarios y censos, la escasez de recursos económicos y humanos, la oposición de los propietarios en las Juntas provinciales y el escaso auxilio técnico y financiero del que disponían los jornaleros asentados dificultaron su aplicación inmediata. Muy pocos campesinos se beneficiaron de la ley. A finales de 1934
no habían sido asentados más de unos 12.000 campesinos.
ESCALADA DEL CONFLICTO Y RECTIFICACIÓN
El mundo rural fue el escenario de una gran movilización política y social durante la Segunda República. La llegada de fuerzas republicanas y socialistas a los ayuntamientos, el poder adquirido por los sindicatos en la contratación de las tareas agrícolas, la competencia entre sindicatos socialistas y anarquistas y la resistencia patronal a cumplir con la legislación dispararon la conflictividad social. La mayoría de las demandas y acciones de protesta de los campesinos buscaban mejoras salariales, laborales o el acceso al uso de la tierra. Sin embargo, los tres conatos insurreccionales anarquistas entre 1932 y 1933 y los enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden en los que derivaron numerosas huelgas contribuyeron a aumentar la crispación del debate político y el temor a la revolución social. Los sucesos de Castilblanco, Castellar de Santiago y Casas Viejas representan los episodios de mayor tensión y violencia vivida en el campo en esos momentos. La decepción generalizada entre el campesinado sin tierras por la lentitud de la reforma agraria contribuyó a agudizar la conflictividad social. El aumento del paro intensificó las huelgas y una primera oleada de ocupaciones de tierras en las provincias latifundistas. La situación trató de ser solventada con la aprobación de varios decretos de intensificación de cultivos a principios de noviembre de 1932, que establecían el asentamiento provisional de jornaleros en tierras no cultivadas o dedicadas a la ganadería hasta que la reforma agraria se pudiese aplicar. Los campesinos asentados debían pagar una renta al propietario al finalizar la cosecha. La superficie total ocupada por estos decretos alcanzó las 120.000 hectáreas y unas 40.000 familias campesinas fueron asentadas, especialmente en Extremadura.
La reforma también molestó a muchos de los pequeños propietarios o campesinos familiares de la España no latifundista. Estos eran muy dependientes de los precios de los productos agrícolas en el mercado y, carentes de cooperativas y crédito agrícola, buscaban reducir costes de producción con el empleo de la familia en las labores agrícolas y la contratación de mano de obra barata. Afectados por la caída de los precios del trigo, la legislación laboral en el campo, la extensión del sindicalismo obrero, las medidas de intensificación de
cultivos y el temor a que la reforma cuestionase la propiedad de sus tierras, acabaron desplazándose a posiciones defendidas por las patronales agrarias, lideradas por los grandes propietarios y muy vinculadas a los partidos conservadores y católicos.
La victoria de los principales grupos conservadores en las elecciones de noviembre de 1933 brindó la oportunidad para rectificar las reformas aprobadas en el primer bienio. En las zonas rurales, los propietarios interpretaron los buenos resultados obtenidos por la CEDA como el triunfo sobre las exigencias de los jornaleros y arrendatarios. La ley de Términos Municipales fue anulada, se toleró el incumplimiento de la legislación laboral, se redujo la presencia de los sindicatos en los Jurados Mixtos, los salarios volvieron a caer y muchos patronos despidieron a los afiliados a un sindicato. También se empezó a destituir a los representantes socialistas en las Juntas provinciales del IRA y se derogaron los decretos de intensificación de cultivos que habían permitido el reciente asentamiento de miles de jornaleros en las regiones latifundistas. Los campesinos que habían obtenido tierras por medio de aquella disposición deberían abandonarlas al finalizar el año agrícola.
La actitud reforzada de los patronos debilitó al movimiento obrero, radicalizó algunas posiciones y agudizó los conflictos, en cuya dirección se implicó directamente la UGT, ahora que los socialistas no estaban en el gobierno. En los primeros cinco meses de 1934 hubo más huelgas que en todo 1931 y la organización agraria socialista convocó una huelga general campesina el 5 de junio de 1934 con el propósito de conseguir un giro en la política agraria del Gobierno. Fue la mayor huelga del campo hasta el momento, a pesar de que unos días antes el Gobierno la declarase ilegal como medida de presión. Su incidencia
La victoria derechista en 1933 hizo que se dejaran de aplicar las reformas aprobadas en el anterior bienio
se dejó notar en cerca de quinientos municipios, especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia, pero estuvo lejos de alcanzar su objetivo. La huelga se saldó con unas diez mil detenciones, unos doscientos ayuntamientos disueltos y centenares de sedes locales de los sindicatos clausurados.
La entrada de la CEDA en el Gobierno y el fracaso de la insurrección de octubre de 1934, a pesar de su escasa incidencia en las zonas agrarias, terminó por desmontar el poder de los sindicatos en el campo y la reforma agraria aprobada en el primer bienio. En enero de 1935 se paralizó la expropiación de tierras por el IRA, en marzo la ley de Arrendamientos Rústicos permitió una ola de desahucios por parte de los propietarios que dejó a los arrendatarios sin tierras que cultivar y el 1 de agosto se aprobó la llamada “Reforma de la Reforma Agraria”. La ley no derogaba formalmente la de 1932, pero suprimía la expropiación sin indemnización y devolvía las tierras que habían sido expropiadas de este modo a la nobleza, anulaba el inventario de tierras expropiables del IRA, recortaba sus fondos y aumentaba el precio de las indemnizaciones, con lo que se limitaba mucho el número de campesinos que podrían asentarse por año.
IMPULSO Y GOLPE
El nuevo Gobierno surgido de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 se comprometió a reponer la reforma agraria de 1932. No obstante, la intensa movilización de las reestablecidas organizaciones sindicales en el campo obligó a simplificar los trámites burocráticos y acelerar el ritmo de las medidas para contener los altos niveles de paro alcanzados en las zonas latifundistas.
El IRA reemprendió los asentamientos de colonos en tierras expropiadas, pero los grandes propietarios afectados intentaron ralentizar la medida recurriendo a los tribunales de justicia. Los jornaleros, impacientes por su situación social y animados por las organizaciones obreras, comenzaron a ocupar directamente las tierras de los terratenientes desde la primera quincena de marzo. En Badajoz, 60.000 campesinos ocuparon las tierras al amanecer del día 25 y comenzaron a roturarlas. En las provincias latifundistas de Toledo, Salamanca, Cáceres, Jaén, Sevilla y Córdoba se vivieron episodios similares.
El Gobierno acabó admitiendo la ocupación autónoma de los latifundios por parte de los campesinos. Los dirigentes republicanos se acogieron al principio de “utilidad social” de la tierra recogido en la reforma de 1935 para reconocer al movimiento de los campesinos como ocupaciones temporales
La intensa movilización sindical en el campo obligó a acelerar el ritmo de las medidas más progresistas
hasta que se pudiera restablecer la reforma de 1932, se efectuasen formalmente las expropiaciones y sus debidas indemnizaciones.
Los cambios en el modo de aplicar la reforma permitieron que se distribuyera más tierra que en todo el período republicano anterior. Entre los meses de marzo y junio de 1936 se asentaron algo más de 70.000 familias campesinas en unas 755.000 hectáreas. Los problemas de estos nuevos colonos, no obstante, no acabaron con el reparto de tierras. La falta de aperos, abonos, semillas y de una línea de crédito agrícola que financiase en condiciones óptimas las inversiones necesarias dificultaba la roturación y puesta en cultivo de las tierras. Las ocupaciones de tierras y el restablecimiento de la legislación social del primer bienio volvieron a situar a las provincias latifundistas en el centro de la conflictividad social. Los enfrentamientos entre jornaleros y patronos y algunas duras actuaciones de la Guardia Civil elevaron el número de víctimas mortales. Los sucesos más dramáticos tuvieron lugar a finales de mayo en Yeste (Albacete), donde la Guardia Civil respondió con la letalidad de sus fusiles al intento de los vecinos de liberar por la fuerza a seis detenidos por roturar unas tierras que habían sido comunales. El choque se saldó con un guardia civil muerto por arma blanca y otros diecisiete paisanos por balas de máuser. El Gobierno republicano consiguió el apoyo de aquellos que se beneficiaron de su política agraria y la oposición de los que se sintieron amenazados por la misma. Muchos de los que con temor veían en estas medidas el anuncio de una inminente revolución respiraron aliviados al conocer la noticia de la sublevación militar en julio de 1936. Sin embargo, lo que consiguió el golpe fue agudizar las tensiones vividas, partir el mapa de España en dos, debilitar al Estado republicano y desencadenar la revolución social que decía querer impedir en el campo.