LA BASE NAVAL DE CARTAGENA

Fue la instalación más importante republicana durante la guerra. En noviembre de 1936 el gobierno de Largo Caballero militarizó la industria relacionada con el armamento de Murcia, entre otras provincias. Durante ese año y los inicios de 1937 parece que no se detectaron sabotajes ni en la base ni en la industria auxiliar, principalmente debido a la dura represión. Sin embargo, en junio de 1937 el comisario general de la flota republicana y de la base naval de Cartagena informó por carta a Indalecio Prieto, entonces ministro de Marina y Aire y Defensa Nacional, que: «La impresión que tengo es que en la base y en Cartagena están incrustados muchos fascistas». No le faltaba razón, ya que por esas fechas la «quinta columna» se había organizado en el llamado Socorro Blanco y estaban muy presente en la base. Comenzando por la propia dirección, que desde noviembre de 1937 recayó en Rafael Crespo Rodríguez, quien declaró que llegó a tener hasta a la mitad de los trabajadores sin cometido alguno, haciendo que las tareas de mantenimiento y reparación se alargasen mucho más de lo proyectado. Por ejemplo, el crucero Libertad que debía de haber sido reparado en dos semanas estuvo al final en dique catorce semanas.

La producción se hizo más lenta, los materiales y municiones no se comprobaban (lo que provocó roturas en los cañones), se falsearon informes para que no se produjese material pese a que este funcionaba perfectamente o se tardó una eternidad en desmontar los cañones del acorazado Jaime I. Las propias decisiones del mando republicano también perjudicaron la producción al ordenar alistamientos de personal cualificado en las milicias o se negó que los trabajadores recibiesen pluses, gratificaciones o cobrasen las horas extras, con el argumento que todo ello deberían hacerlo en beneficio de su propia clase social.

Desde el Ministerio se sabía que los sabotajes eran frecuentes, por ejemplo, una comisión designada para evaluar la pérdida de agua salada en los condensadores de los destructores dictaminó que al menos la mitad de esas averías correspondían a actos deliberados. El propio PCE tenía conocimiento de dichos sabotajes y acusaba directamente a los quintacolumnistas que trabajaban en las fábricas, denominados en el argot de la época «rabaneros», pues se decía que eran rojos por fuera y blancos por dentro.

Al desconocimiento técnico de los comisarios políticos, muchas veces incapaces de comprender los informes técnicos que debían supervisar, se sumó el ambiente de protección entre los saboteadores, exculpando a compañeros que habían dañado maquinaria y armamento. Incluso el cuerpo jurídico les ayudó en los contados procesos de investigación que se abrieron, cerrando en falso las indagaciones o consiguiendo el sobreseimiento de los casos. La evolución de la guerra, a partir del verano de 1938, propició que muchos oficiales fieles a la República hicieran la vista gorda, intentando ganarse un trato más benévolo por parte de los nacionales cuando esta terminase. La consecuencia fue supuso un daño para la flota republicana que nunca pudo ser lo suficientemente fuerte como para tener un papel decisivo en la evolución de la guerra.