El ¿peligro? chino
El impacto del 5G será tal que Gobiernos de varios países extreman las precauciones en su implantación, en ocasiones con medidas que elevan la tensión internacional. No es para menos, porque hay mucho en juego. Las nuevas redes inalámbricas permitirán crear aplicaciones muy potentes para la conducción autónoma o la automatización de fábricas y el control de ciudades inteligentes. Una vulnerabilidad en la Red o la posibilidad de que un Gobierno extranjero pueda hacerse con el control de la infraestructura puede ser un desastre para un país.
Dado que la mayoría de los equipos de telecomunicaciones se fabrican en China y que algunas de las empresas que más recursos destinan a desarrollar los diferentes componentes son de allí, como Huawei y ZTE, los Gobiernos occidentales sopesan mecanismos de control para limitar su presencia en el mercado, temerosos de que esos equipos integren chips que puedan servir para espiar, aunque algunos analistas del mercado tecnológico creen que la verdadera razón es una guerra comercial: Huawei, por ejemplo, está cerca de convertirse en el segundo productor de móviles del mundo. En cualquier caso, Estados Unidos ha pedido a aliados como Alemania, Italia y Japón que impidan la implantación en sus territorios de infraestructura 5G con dispositivos de estas marcas chinas. Noruega estudia hacerlo por su cuenta, y el pasado enero Polonia detuvo a uno de los ejecutivos chinos de Huawei en este país, acusado de espionaje. Un mes antes, Canadá arrestó a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la empresa, a instancias de una petición de extradición de Estados Unidos que la acusa de haber violado el embargo comercial impuesto por Washington a Irán. Este hecho desató un conflicto diplomático que sigue abierto. Al cierre de esta edición, Wanzhou permanece en libertad bajo fianza.
La inteligencia estadounidense ha vetado el uso de productos de estas marcas chinas en sus operaciones domésticas, por el temor a que contengan puertas traseras que permitan a la superpotencia asiática acceder a sus comunicaciones. El pasado verano, Australia y Nueva Zelanda prohibieron a las operadoras locales usar material de Huawei para desplegar sus redes de comunicaciones. En ambos casos se señala la nueva ley nacional de inteligencia del Gobierno de Pekín como detonante: aprobada en 2017, permite a los servicios secretos del país exigir la cooperación de cualquier ciudadano o compañía china en cualquier parte del mundo. Atrapada en una guerra estratégico-comercial, Huawei niega operar bajo el control del Gobierno chino e intenta convencer de su limpieza a Occidente.