El caso español: con el culo al aire

La mayoría de las formaciones políticas de nuestro país han contratado los servicios de publicidad de Facebook para colgar sus eslóganes en nuestros muros antes del 28A. Lo que no está tan claro es la segunda parte de la historia: la modificación del 6 de diciembre de 2018 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) permite a los partidos recabar datos personales de los internautas sobre sus opiniones e ideología y usarlos en la campaña electoral. Hablamos otra vez de microsegmentación, es decir, agrupar a los usuarios de las redes por sus patrones de pensamiento y bombardearlos con esló

ganes –o noticias o bulos– de la forma más efectiva para cada perfil. Una práctica que vulnera de frente la GDPR –directiva sobre privacidad emitida por la CE– y que fue recurrida el pasado mes de marzo ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Mientras, el Ministerio del Interior y el Departamento de Seguridad Nacional han anunciado la creación de una unidad específica de ciberseguridad para vigilar “la difusión de mensajes propagandísticos distorsionados” que entró en marcha el 1 de abril.

En medio de todo este cacao, Facebook se reunió con responsables de los principales grupos políticos en España para asegurarles su compromiso en frenar la difusión de fake

news durante la campaña. Google y Twitter también han prometido hacerlo durante las elecciones europeas, con algoritmos de inteligencia artificial para detectar y eliminar cualquier bulo que se cuele en sus redes. Aunque sus buenas intenciones no han servido, por el momento, para calmar la inquietud de la CE, que en 2018 interrogó a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, sobre los datos de 87 millones de sus usuarios que fueron filtrados a Rusia y usados para manipular la carrera electoral que dio la victoria a Trump en 2016.