TECNOLOGÍAS LEGALES QUE COMETEN CRÍMENES
LA CIBERINTELIGENCIA SE HA CONVERTIDO EN UN GOLOSO MERCADO PARA LOS REGÍMENES TOTALITARIOS Y LOS GOBIERNOS CUYAS DEMOCRACIAS ESTÁN EN VÍAS DE EXTINCIÓN. TIENE DOS PRODUCTOS ESTRELLA: LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y EL SPYWARE.
Las herramientas de gestión de tráfico sirven para la inspección, el bloqueo y el filtrado de todos los paquetes de datos que entran y salen de un país. Ciertos Gobiernos, como el de Irán, Siria y Venezuela, las usan para controlar el acceso a los recursos, censurar contenidos y vigilar a las personas y sus movimientos; por ejemplo, bloqueando páginas web, periódicos y redes sociales durante una manifestación. Las de spyware, por su parte, están diseñadas para infectar teléfonos, tabletas y ordenadores sin que nadie se entere. Las dos se anuncian como instrumentos para salvar el mundo del terrorismo, los ciberataques, el narcotráfico, la trata y la pornografía infantil. Las primeras son como bombas que bloquean el acceso de los ciudadanos a la información. Las segundas son como balas, ideadas para acabar con las fuentes de esa información y así terminar con el periodismo, la oposición y la disidencia. Y están muy vinculadas al secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Son negocios legales.
POR EJEMPLO, SANDVINE, CON SEDE EN ONTARIO Y SAN FRANCISCO, VENDE “PRODUCTOS DE CONTROL DE POLÍTICAS DE RED” que en 2021 han sido usados en Bielorrusia para censurar contenidos y mensajes durante las elecciones y cientos de webs de noticias independientes en Egipto, incluidas las plataformas de periodismo ciudadano, como Al Manassa. También para censurar redes sociales, webs de noticias y todos los contenidos vinculados al colectivo LGTBIQ en Jordania.
Y han ayudado a Delta
Telekom, la operadora principal de Azerbaiyán, a bloquear YouTube, Facebook e Instagram para que no se vieran los vídeos de los enfrentamientos en la frontera con Armenia, donde ha habido muchas víctimas. Algo parecido ha sucedido en Argelia, Afganistán, Eritrea,
Kuwait, Pakistán, Catar,
Rusia, Sudán, Tailandia,
Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.
LOS TRES GRUPOS MÁS CONOCIDOS DEL MERCADO DEL ‘SPYWARE’ SON HACKING TEAM, EN ITALIA; FinFisher, en Alemania; y el NSO Group, en Israel. Pero hay muchos más. En un reciente informe hecho público por Amnistía Internacional, se señala a tres compañías europeas que venden sistemas de vigilancia de la población que el Gobierno chino ha empleado en su limpieza étnica de la población uigur: la francesa Idemia, la sueca Axis Communications y la neerlandesa Noldus Information Technology. Una firma española, Mollitiam, ha sido denunciada por algunas organizaciones por vender software a regímenes autoritarios para espiar a periodistas, activistas y abogados en lugares como Colombia, Brasil y Perú.
LA JUSTICIA EUROPEA DEFINE ESTAS TECNOLOGÍAS COMO DE DOBLE USO, PORQUE HASTA AHORA ERAN DESARROLLADAS por o para los servicios de inteligencia y defensa de los estados. Sin embargo, también se venden como producto y servicio. La justicia considera que los Gobiernos deben reflexionar sobre sus posibles usos contra los derechos humanos antes de otorgar las licencias que permiten dicha comercialización, y establecer claramente sus criterios. Pero mientras la burocracia europea sigue pensando en la mejor manera de implementar esa conducta, los distintos regímenes van haciendo sus limpiezas étnicas y destruyendo a la oposición.
CON TODO, UN CONSORCIO DE ORGANIZACIONES PRODERECHOS HUMANOS ha encontrado un agujero por el que entrar. El pasado junio procesaron en Francia a varios ejecutivos de la empresa Nexa que había vendido a los regímenes de Gadafi, en Libia, y de Al Sisi, en Egipto, un software para identificar manifestantes, activistas y disidentes, y leer sus mensajes en Facebook y Whatsapp. Pero no por el hecho de venderlo, sino por colaborar con la tortura, porque muchos de esos activistas fueron encarcelados y asesinados, y los estados están obligados a impedir tales actos.