EL PESO DE LA LEY

Uno de los principales pasos dados en la lucha contra el tráfico ilegal de medicamentos en internet ha venido propiciado por los cambios legislativos. Por ejemplo, España modificó y endureció en 2015 su normativa –vía reforma del código penal y adaptando el convenio europeo Medicrime– para facilitar que actividades de este tipo pudieran ser enjuiciadas como delitos contra la salud pública, o sea, con posibles penas de prisión asociadas. Anteriormente, estas operaciones derivaban en su mayoría de casos en sanciones administrativas; era una de las principales quejas de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad. Ello facilitaba –aunque sigue existiendo este modus operandi– que nada más cerrarse una web ilegal, inmediatamente se abriese otra desde cualquier parte del mundo.

Por ello, las autoridades insisten en complementar esta presión judicial y policial con la concienciación social sobre los riesgos de adquirir fármacos fuera de los canales oficiales. “Los medicamentos no autorizados y falsificados son peligrosos por varias razones. Pueden contener la cantidad incorrecta de ingrediente activo –muy poco, demasiado o ninguno–, presentar fechas de caducidad modificadas o estar mal almacenados, con lo que se ve alterada su temperatura adecuada de conservación”, recuerda la Interpol.