En la encrucijada de la recuperación
El autor analiza las grandes cifras de las cuentas públicas para 2022 y propone mejorar la política presupuestaria con una evaluación veraz que permita eliminar gastos ineficientes.
No desvelaré el nombre del ministro de Economía que, tras una intensa jornada de trabajo en el proceso de elaboración de unos presupuestos, me dijo: “La diferencia entre ser conservador o progresista en este país son apenas 6.000 millones de euros de gasto público. Lo demás es mera impostura política”. Para que se tome conciencia del orden de magnitud, el nivel de gasto público este año en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE 2022) asciende a 459.000 millones de euros. Los presupuestos deberían ofrecer músculo y credibilidad en un momento en que existen riesgos y amenazas que pueden situar a España en una posición de vulnerabilidad derivada de la escalada de precios, de la interrupción de algunas cadenas internacionales de suministro, el inminente tapering que endurecerá las condiciones de financiación de la deuda pública española, o los riesgos del suministro de gas en un entorno de suma dependencia energética. Y el riesgo es mayor si cabe por cuanto España, al cierre del segundo trimestre de 2021, se encontraba a un nivel del 92,8% del PIB anterior a la pandemia, mientras otros países como Alemania o Francia se situaban en el 96,8% del PIB. Por otro lado, la revisión de las previsiones de crecimiento de la economía española para este año elaboradas por el INE y las proyecciones de crecimiento elaboradas por institutos públicos y privados de investigación económica para 2022 pueden poner en cuestión algunas de las magnitudes macroeconómicas sobre las que se sustenta el presupuesto.
España tiende a sostener una política presupuestaria basada en la cronificación del gasto público y en la falta de evaluación de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Una evaluación veraz con una metodología adecuada podría generar márgenes de actuación, eliminando gastos ineficientes. Pero, incluso, el Banco de España ha venido a cuestionar la indexación al IPC de algunos gastos estructurales, como las retribuciones de los empleados públicos o la evolución misma de las pensiones. Es más, tanto por la operatoria de los estabilizadores automáticos como por los programas de gasto social (vivienda, prestaciones sociales, desempleo) el gasto ha batido récord histórico, que inevitablemente ha llevado asociado un incremento del saldo vivo de deuda pública y del déficit estructural. Este se eleva peligrosamente por encima del 5%, por mucho que se estime una subida de la recaudación fiscal próxima a los 4.000 millones de euros, mientras que la deuda pública se sitúa en máximos históricos: 1.417 billones de euros, lo que equivale al 125,3% del PIB. Por último, los PGE 2022 incorporan 27.633 millones de euros de fondos europeos de recuperación, que se añaden a los recibidos durante 2021. Más allá del importe presupuestado, es fundamental garantizar la ejecutabilidad de toda la financiación comunitaria, toda vez que el rango de ejecución será determinante para muscular nuestra economía y no restar mayor competitividad. En suma, una suerte de presupuesto complementario cuya realización será crucial para definir el futuro próximo de nuestro país. ●