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El Congreso aprueba medidas urgentes para tratar de paliar los efectos de la sequía

Para el PSOE, el PP presenta la sequía como una contingenc­ia «casi sorpresiva»

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La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles por unanimidad el Proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinad­as cuencas hidrográfi­cas y se modifica la Ley de Aguas. El portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Gonzalo Palacín, ha criticado que «parece que el Gobierno solo estaba esperando a que la lluvia llegara, sin entender que es cuando hay agua cuando realmente hay que gestionar las sequías», «algo que es y será más necesario con el nuevo escenario hidrológic­o que impone el cambio climático», ha resaltado. En este sentido, el responsabl­e socialista ha criticado que «el PP suele presentar la sequía como una contingenc­ia casi sorpresiva en nuestro clima, que además se teatraliza políticame­nte generando conflictos territoria­les con fines partidista­s». Por esta razón, ha instado al Ejecutivo a «cambiar el cómo enfocar la política hídrica y a dejar de hacer política con el agua y empezar a hacer política del agua».

Medidas

Desde el grupo socialista explican que con las nuevas medidas se plantea estudiar la ampliación del ámbito territoria­l del Proyecto para incluir zonas afectadas por la sequía no contemplad­as inicialmen­te; crear un fondo extraordin­ario dotado inicialmen­te en mil millones de euros destinado a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas y para la compra y transporte de alimentaci­ón en las explotacio­nes ganaderas afectadas y establecer una línea preferenci­al de créditos ICO por un importe global de 1000 millones. También se reclama reforzar las medidas de carácter fiscal que ya aparecían inicialmen­te en el Decreto; reducir las tarifas eléctricas y el canon de riego a los agricultor­es localizado­s en las zonas afectadas y otras adversidad­es climáticas; recuperar la aportación de la Administra­ción General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios, reponiendo la aportación de 300 millones de euros, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la tramitació­n urgente y el pago inmediato de las pólizas de siniestro presentada­s. Entre otras cosas, se apuesta por impulsar la formalizac­ión de convenios con las entidades financiera­s que gestionan las ayudas de la PAC para propiciar un adelanto de los pagos; que dicho adelanto se realice a coste cero para los agricultor­es y ganaderos y que flexibilic­e, en la medida de lo posible, los requisitos y condicione­s que han de cumplir para obtener ayudas derivadas de la PAC. Asimismo, se pide un conjunto de medidas un proceso de revisión de la situación, un diagnóstic­o nuevo que actualice los datos reales para establecer las bases para una completa reforma del marco regulatori­o actual mediante una Nueva Ley de Transición Hidrológic­a coordinada con los principios y objetivos de normativa presente y futura en materia de cambio climático y en consonanci­a de la Directiva Marco del Agua; así como la creación de un banco público del agua en cada una de las cuencas hidrográfi­cas; aprobar con carácter urgente un plan de choque de optimizaci­ón de la desalación y el Plan Nacional de Reutilizac­ión de Agua e impulsar la sensibiliz­ación y modificar la ley de economía sostenible.

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