Así se libra la batalla por la nueva PAC
Con cerca del 50% del total de fondos recibidos, la PAC es con diferencia la mayor fuente de ingresos para España procedentes de la Unión Europea. Por esa razón las negociaciones para el presupuesto del periodo 2021-2027 suponen ahora mismo uno de los desafíos más importantes que se están llevando a cabo en las instituciones de la Unión Europea. España defiende con vehemencia la permanencia de unos presupuestos que desde Bruselas pretenden recortar hasta un 5%.
Estos días se debate en el Consejo de la Unión Europea el futuro de la nueva PAC, la política comunitaria por excelencia en materia agrícola y ganadera. En sus 60 años de historia, la PAC se ha marcado siempre como objetivo asegurar la producción de alimentos sanos a precios razonables en la sociedad europea, procurando que los agricultores y los ganaderos tengan suficiente rentabilidad para garantizar la supervivencia de la actividad, a través del sistema de ayudas directas e indirectas. Mantener la vocación de los jóvenes agricultores es, precisamente, uno de los retos incipientes a los que la PAC ha debido de atender en los últimos periodos, puesto que los efectos de la globalización han causado un gran éxodo hacia la urbe al que, en la medida de lo posible, trata de ponerse freno a través de los fondos de ayuda al desarrollo rural, uno de los pilares esenciales de esta política. Atender a este y otros retos incipientes, como la política ambiental y la seguridad alimentaria, es responsabilidad de los que, desde ya hace 3 años, negocian en la sede de la soberanía europea el texto que definirá la normativa para el periodo 2021-2027.
La posición de España
España fijó su posición común frente a la PAC los primeros meses de 2017, después de que la Comisión Europea lanzara una consulta pública sobre la nueva reforma. Tras convocar una reunión con todos los agentes del sector, la propuesta española se basó en una serie de puntos cuya defensa ha sido la misión principal de la acción diplomática del Gobierno de España en las instituciones europeas. Reducir la burocracia, mantener la financiación y los programas específicos, ayudar a jóvenes y mujeres, promocionar las organizaciones de productores e interprofesionales, aumentar la transparencia a lo largo de la cadena de valor y establecer sinergias con las políticas comunitarias sobre economía circular y bioeconomía. Estas son las demandas principales de la postura española, que parte de una premisa fundamental con respecto a la PAC: se han conseguido logros desde el punto de vista
de la sostenibilidad que hay que consolidar, pero hay que mejorar en el objetivo de lograr una renta equitativa con el resto de los sectores. Se destaca la importante brecha ya no solo económica, sino también formativa, presente en el entorno rural. En ese sentido, España apoya el pago redistributivo en forma de un porcentaje adicional de la ayuda básica a la renta, por un lado, y por el otro lado, el establecimiento de núcleos rurales con adecuados servicios y suficiente oferta para fijar a la población.
LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA PREVÉ REDUCIR UN 3,5% LAS AYUDAS AL PRIMER PILAR Y UN 14,5% LAS DEL SEGUNDO PILAR
Una PAC más climática pero con menos presupuesto
La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Comisión Europea, de junio de 2018, conserva los elementos esenciales de la PAC actual y, al mismo tiempo, introduce un cambio profundo en la manera en la que deben diseñarse sus instrumentos, pues pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas a una política orientada a la consecución de resultados concretos vinculados a una agricultura segura, inteligente y sostenible que fortalezca el tejido socio-económico de las zonas rurales. Ahora bien, ¿se cumplen los objetivos fijados por España? En parte. Hay horizontes compartidos, como el de hacer frente al desafío del cambio climático. También ha habido avances importantes respecto a la necesidad de reducir la burocracia, gracias, entre otras cosas, al papel de las nuevas tecnologías. No tan compartida es, sin embargo, la intención de disminuir hasta un 5% la financiación de las ayudas, y en ese sentido España ha tenido y tiene cosas que objetar en el proceso de negociación. Frente a la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 3,5% las ayudas del primer pilar y en un 14,5% las del segundo pilar, España considera necesario mantener dichos niveles. Al mismo tiempo, España está manteniendo un liderazgo importante en incorporar la política de género entre los objetivos de la PAC, así como en los programas de actuación. Con el apoyo del Parlamento Europeo, se pretende lograr que se incluya el papel de la mujer en las zonas rurales, su capacidad de presencia y emprendimiento. Para España, que sufre una despoblación progresiva en muchas zonas, también es fundamental que la nueva legislación contribuya a mantener la actividad en el campo mediante el relevo generacional. De ahí la propuesta española de dedicar, al menos, el 2% del presupuesto de los pagos directos a intervenciones que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores. Otro objetivo es aumentar la tasa de financiación para la instalación de jóvenes agricultores que inviertan en proyectos agrícolas y de innovación con objetivos medioambientales.
Más mecanismos y ayudas para el aceite de oliva
Y, ¿qué ocurre en lo que respecta al aceite de oliva? ¿Cuales son las demandas específicas para este sector? Algunas ya estaban contempladas en la propuesta inicial de la CE y otras han ido surgiendo a partir de las necesidades acuciantes de los últimos años, siendo uno de los sectores por los que más preocupación ha mostrado la delegación española en Europa. España defiende, para el aceite de oliva, un dispositivo que permita la retirada de manera obligatoria del aceite de oliva por parte de todo el sector, para poder autorregularse en situaciones de crisis, al igual que ocurre con el vino. No solo eso, sino que urge también actualizar los precios de referencia necesarios para activar los mecanismos de ayuda comunitarios, puesto que estos no se han actualizado desde hace 25 años, y ya hace tiempo que se sitúan por debajo de los costes de producción. Por otro lado, también se recoge una vieja demanda del sector, y es la existencia de un programa de ayuda específico para garantizar la viabilidad del olivar tradicional.
Recta final para el acuerdo definitivo
¿Logrará España imponer sus demandas? ¿Será la PAC 2021-2027 una PAC justa para el sector agrícola y el entorno rural? Todavía no lo sabemos. La batalla real empieza ahora, cuando todos los países han expuesto sus demandas y entramos en recta final de las negociaciones. En la cuestión de las ayudas es difícil hacer una previsión. No solo España, otros países como Francia se han quejado de los recortes de Bruselas. Claro está, que no todo es de cuánto dinero dispones sino también cómo lo utilizas. Entre los retos del nuevo gobierno debe estar elaborar un Plan Estratégico nacional valiente, que priorice las pequeñas y medianas explotaciones familiares y que responda con coherencia a las prioridades puestas sobre la mesa. En cualquier caso, las negociaciones parecen avanzar hacia algún puerto. El Consejo de la Unión Europea, cuya presidencia rota cada seis meses, es uno de los órganos donde se están llevando a cabo. Finlandia presidía el Consejo cuando se lanzó la última propuesta, la cual si bien mantenía el descenso presupuestario en materia de ayudas directas, contemplaba un notable aumento de 10.000 millones en los Fondos para del Desarrollo Rural, respecto a la propuesta inicial de la Comisión. Es un avance y un punto de partida para seguir negociando, aunque ahora tocará lidiar con la nueva presidencia, que ha pasado a manos de Croacia. Hay, no obstante, otro asunto más a corto plazo que preocupa entre los agricultores, y es el presupuesto previsto en los reglamentos de transición, que se implementan a partir de octubre de 2020. Copa-Cogeca ha emitido diversos comunicados muy duros con la propuesta de la Comisión Europea. Según sus cálculos, habría un descenso en los pagos directos de hasta el 11%, mientras los Estados miembros se preparan para desarrollar adecuadamente los nuevos planes estratégicos, que entrarían en vigor el 1 de enero de 2021. A esta polémica, el MAPA respondió que los presupuestos anunciados por la Comisión Europea no son los definitivos, en tanto en cuanto no han terminado todavía las negociaciones para el Marco Financiero Plurianual (2021-2027), es decir, los Presupuestos Europeos. El devenir de esas negociaciones marcará, en parte, el futuro de la PAC 2021-2027, cuyo acuerdo definitivo se prevé para febrero-marzo de este mismo año. Entonces sabremos si la nueva legislación satisface las necesidades de todos los sectores, incluido el del aceite de oliva, que, sin lugar a dudas, ha puesto todas sus cartas sobre la mesa. De Bruselas depende recoger o no las demandas y convertirlas en una realidad.
EL ACUERDO DEFINITIVO PREVÉ ALCANZARSE ENTRE FEBRERO Y MARZO DE ESTE MISMO AÑO