Entrevista
Hablamos con Nuria González, experta en vientres de alquiler.
Nuria González acaba de publicar una obra sobre los vientres de alquiler. Es abogada especialista en Derechos Humanos y, desde esa óptica, que incluye a la madre gestante y al niño, analiza este fenómeno que está desplazando a otras vías para acceder a la paternidad.
Nuria González habla con contundencia y seguridad de lo que expone. Es contraria a los vientres de alquiler y lo argumenta desde distintos ámbitos. Se estima que en España hay ya unos 1.500 niños que han nacido a través de esta práctica, que no ha dejado de aumentar en los últimos años.
En su libro sostiene que el fenómeno de los vientres de alquiler “cosifica a la mujer” y convierte al niño en un “objeto de consumo”. ¿Por qué cree que es así?
Estamos frente a una industria millonaria que tiene los mismos elementos que cualquier industria de otro producto, y esto es lo terrible, porque estamos hablando de vidas humanas, tanto de la madre gestante como del bebé. En esta industria, por un lado tenemos unos intermediarios, las agencias de vientres de alquiler, que son los que se están llevando los beneficios de todo. Estos intermediarios ponen en contacto a los que necesitan el producto (los padres contratantes de vientres de alquiler), con los que tienen la necesidad de vender el producto por su situación económica (las madres gestantes), y finalmente tenemos el producto final (el bebé), que es lo que se entrega tras firmar un contrato, cumplir unas condiciones y pagar el precio acordado. Estaríamos ante contratos mercantiles, pero sin tener en cuenta que estos no pueden versar sobre vidas humanas. Además, en las condiciones de ese contrato, una de las partes, la madre gestante, no tiene garantizados sus derechos, pues no hay oportunidad de arrepentirse, a no ser que se enfrente a condiciones leoninas, con multas de millones de euros o incluso la cárcel. No hay para ella un libre consentimiento, porque hay una necesidad previa, y aunque solo fuese por esos aspectos formales, el contrato ya sería nulo.
¿Ser padre es un derecho?
Ser padre no es un derecho. Aquí hay un derecho, que es el de todos los niños a tener una familia que los cuide, los proteja y los quiera. Ese es el derecho que existe en temas de familia y es el derecho que protege el Código Penal. Por ejemplo, en situaciones de adopción, no se impone el derecho de los adultos a adoptar sino el derecho de los niños a tener una familia. Entiendo que el deseo de ser padre y madre es de los más fervientes que hay, pero porque te lo puedas pagar, eso no te da derecho a acceder al cuerpo de otra mujer y a un bebé sin pasar ningún control.
¿Cuál es su opinión sobre la gestación subrogada altruista?
La ley de Portugal, que es de las últimas que se hizo, ha sido ‘tumbada’ por el Tribunal Constitucional porque contemplaba la gestación
En España, unos 1.500 niños han sido concebidos mediante la gestación subrogada
altruista, pero había unas compensaciones por molestias. El Tribunal Constitucional ha entendido que no hay manera de garantizar que con este sistema de compensaciones el sistema se convierta en un mercadeo, y lo ha echado para atrás. Si hay dinero de por medio, y siempre lo hay, porque no hay madres desconocidas que quieran parir para desconocidos, esto se convierte en un mercado.
En el caso de gestaciones altruistas entre familiares tampoco estoy de acuerdo, porque tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero eso no te faculta para hacerlo con una tercera persona y darle tu hijo a quien quieras. El niño tiene personalidad y tiene derechos que hay que proteger. El niño no puede ser mercantilizado ni regalado ni donado. No se puede regalar a una persona, aunque sea entre familiares. El niño tiene derecho a tener su identidad y a saber de dónde viene.
¿Cómo se concreta el derecho del niño a tener su propia identidad?
En el sistema público tenemos la certeza de que los archivos se guardan y los niños al crecer van a poder saber quién era su madre y su padre. Pero cuando hablamos de unas clínicas privadas, no hay ninguna seguridad de que en un futuro desaparezcan y, con ellas, todos los papeles. ¿Cómo sabrían de dónde vienen estos niños? Esto es muy grave porque el derecho a la propia identidad es un derecho humano fundamental recogido en el Convenio de los Derechos del Niño, y de este derecho el último responsable es el Estado. Los que se cometen contra el derecho a la identidad son delitos que no prescriben. Si se demostrara que ha habido una sistematización del delito, por la inscripción continuada de niños, podría convertirse en un delito de “lesa humanidad”. No descarto que en 15 o 20 años alguno de estos niños pueda querellarse contra la clínica y, en última instancia, contra el Estado español por no haber defendido su derecho fundamental a la identidad al inscribirlo sin garantizarlo.
¿Cómo se desarrollan emocionalmente los niños que han nacido por esta vía?
Todos los estudios hablan de que cuando, al nacer, separas a un niño de su madre sufre como un síndrome de abandono y que eso, conforme se hacen mayores, puede ocasionar problemas. Los niños que son traumáticamente separados de su familia tienen más posibilidades de desarrollar problemas psicológicos importantes.
¿Y qué sucede con las madres gestantes?
Sabemos que todas las madres de vientre de alquiler reciben desde el primer momento tratamiento psicológico de “desconexión” con el feto. Pero también sabemos que, una vez que dan a luz, las abandonan, ya no tienen más asistencia. En Ucrania ya hay una asociación de madres que se han quedado “tocadas” al dar al niño y que no han recibido ni un minuto más de asistencia psicológica porque lo que importa es que el niño nazca y sea entregado.
¿Cuál es el perfil de las mujeres que aceptan la gestación subrogada?
La base común de todas es la necesidad económica. Por ejemplo, en Rusia o Ucrania lo hacen por satisfacer las necesidades básicas. Pero en otros países como Estados Unidos, que son primer mundo, las mujeres acceden por tener un seguro médico, por pagar una operación que el seguro médico no cubre, por pagar carreras universitarias... En países como India o México, donde la mujer está en situación de vulnerabilidad y desigualdad social, la mayoría de las gestantes no lo hace por necesidades propias sino porque la familia las obliga a ello y, además, se queda al final con el dinero.
¿Hace falta en España una regulación?
En España no hay ningún limbo jurídico. En España hay regulación sobre ello: los vientres de alquiler están prohibidos. Lo que hace falta es que se cumpla la ley y que se cumpla la sentencia de febrero de 2014 del Tribunal Supremo que dijo que estos contratos iban contra el orden público, contra la legislación y contra los derechos humanos de mujeres y niños y por tanto eran nulos. Además, instaban en la misma sentencia a la Fiscalía a velar por los derechos de estos menores, cosa que no se ha hecho. El Estado no puede mirar para otro lado.
¿Qué dicen los tribunales europeos?
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también está siendo muy claro. Solo hay una sentencia en que los niños llevaban seis años con la familia y el Tribunal entendió que en ese caso era peor para ellos separarlos de la familia, pero ha habido otras sentencias en que niños traídos de vientres de alquiler han sido retirados de esas familias y dados a otras familias del sistema nacional de adopción. Eso pasa y los padres que acceden a este servicio lo saben. El Ministerio de Exteriores avisa de que este trámite no es legal en España; entonces, aunque los niños se puedan inscribir, deben saber que pueden tener problemas.
¿Hacia dónde va la gestación subrogada?
Hay muchos intereses económicos para ‘blanquear’esta práctica. Mientras que en Suecia hay dos clínicas de reproducción asistida, en España hay más de 460. Si a eso le sumamos que en España hay Seguridad Social y buen nivel de salud, si esto se regularizara, y teniendo en cuenta el nivel socioeconómico actual, dejaríamos de ser un país que aportara compradores al mercado para ser un país que aportara gestantes. Hay unos intereses económicos millonarios donde no importa lo que se mercantilice.
El Ministerio de Exteriores advierte de que la inscripción de estos niños no es legal en España