¿Serán más competitivas las ‘start up’ españolas?

El Congreso aprobó el pasado jueves una norma que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, con algunas adicionales, como la eliminación del límite de ocasiones en que un emprendedor puede acogerse a sus beneficios.

Cuatro años después del inicio de la consulta pública, la ley de start up superó al fin el pasado jueves su último trámite parlamentario. La norma fue aprobada definitivamente con un amplio consenso en el Congreso, sin votos en contra y con sólo 25 abstenciones, respaldando la mayor parte de las enmiendas –principalmente de carácter técnico– incorporadas en el paso de la norma por el Senado. Su entrada en vigor se producirá el próximo 1 de enero de 2023, según confirmó la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

La última novedad de mayor calado es la eliminación del límite de start up fundadas por un mismo emprendedor que pueden acogerse a los beneficios ofrecidos por la ley. El sector venía reclamando con insistencia que se suprimiese esta limitación, que en la versión inicial de la norma fijaba un máximo de tres proyectos distintos, poniendo en riesgo la influyente figura del emprendedor en serie. Por lo tanto, los fundadores de múltiples start up podrán acogerse a las ventajas de la ley de forma ilimitada.

Valoración

El ecosistema español hace un balance positivo de la aprobación de la norma, que a lo largo de su elaboración ha contado con la participación de las principales asociaciones del sector. “Es una ley de consenso en la que todos los partidos políticos han visto la utilidad de las start up para transformar tecnológicamente y hacer más competitivo el tejido industrial español”, opina María Benjumea, CEO de Spain Startup, entidad organizadora de South Summit.

Para Benjumea, “la ley es un gran paso, un cambio de la noche al día”. Aunque resalta su carácter transversal, a diferencia de la regulación en otros países europeos, advierte de que no es un marco cerrado y sugiere que “hay que seguir trabajando para ampliar el periodo en el que se considera a una compañía como start up,

que debería ser superior a los cinco años”.

Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups,

se muestra optimista y afirma que la nueva ley “permitirá a nuestras start up ser aún más competitivas a la hora de atraer talento e inversión internacional”.

En la misma línea, “será una ayuda para seguir creciendo, captar talento internacional y atraer cada vez a más inversores extranjeros”, apunta Carlos Blanco, fundador de Encomenda Smart Capital y Nuclio Digital School, que cree que el principal objetivo debería ser consolidar la posición de Barcelona y Madrid como hubs inmediatamente detrás de Londres, París y Berlín. No obstante, Blanco subraya que la ley podía haber sido más ambiciosa en algunos puntos: “Las medidas mejoran mucho la situación previa y nos coloca en una posición media en Europa, pero quizá era una oportunidad para ir más allá en los importes y situarnos por encima”.

“Es positivo que el emprendimiento se ponga en la agenda y supone una primera piedra en el camino, pero la norma se ha quedado corta. Si bien nos acerca a los referentes europeos, no llega a ponernos a su altura”, coincide David Miranda, socio de Osborne Clarke. En su opinión, la modificación más relevante es la que afecta a la tributación del carried interest o comisión de éxito que cobran los gestores de fondos de capital riesgo al completar una desinversión, algo que “sí nos homologa a los países de nuestro entorno”.

Unido a las mejoras en las deducciones para inversores y en la fiscalidad de las stock options, Miranda señala que los beneficios que contempla la ley ponen el foco más en los inversores y los empleados que en las propias start up, aunque de modo indirecto también redunden sobre ellas. Es así porque la principal medida centrada en las empresas es la reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades, que tendrá “un impacto mínimo” porque las start up no tienen beneficios en sus primeros años.

Además, Cristina Villasante, socia

enmiendas

de Ecija, pone en valor el visado especial destinado a los nómadas digitales. Como punto débil, opina que es necesario mejorar el propio concepto de start up: “La definición se queda corta y excluye a muchas empresas de más de cinco años que llevan funcionando adecuadamente en el mercado, enmarcadas dentro del concepto de start up”. Todas aquellas compañías que queden fuera no tendrán acceso a ninguno de los beneficios de la nueva ley.

Por su parte, Enrique Penichet, socio fundador de Draper B1, recalca uno de los puntos orientados a reducir los trámites burocráticos: la no obligatoriedad de obtener el NIE pa

ra los inversores no residentes, siendo suficiente con el NIF tanto para ellos como para sus representantes. Aunque reconoce que la nueva norma es “un gran punto de partida”, Penichet advierte de que “en comparación con otras legislaciones similares, como es el caso de la de Reino Unido, se queda un poco corta. No estamos a la vanguardia, sino que más bien nos coloca en el pelotón”.

“Nos encontramos en un entorno geográfico muy competitivo, que hace que muchos países rivalicen para acoger al talento emprendedor. A pesar de que la fiscalidad no es el único factor de peso cuando se trata de atraer y retener talento, sí es un elemento fundamental”, remarca Ignasi Costas, socio responsable del área de innovación y emprendimiento de DWF-RCD. Por ello, aboga por continuar mejorando el régimen de impatriados –que ya se mejora en la ley, pero podría ampliar aún más su duración–, poner en marcha deducciones fiscales para las grandes empresas que inviertan en start up, eliminar el límite temporal en el diferimiento de la tributación de las stock options y apostar por una revisión del Impuesto de Patrimonio. Costas también cree que conviene recibir esta ley “como primer paso, y no como destino final. Estamos ante un punto de partida sobre el que empezar a construir, pero sería bueno no ser conformistas y mantener la ambición para que el legislador siga aprobando mejoras al respecto”.

Posición en Europa

España es el cuarto país con más start up de Europa, según el informe elaborado este año por PwC sobre el impacto de South Summit, con un ecosistema que se ubica sólo por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. Asimismo, Barcelona y Madrid se han consolidado desde 2020 entre los 20 hubs europeos cuyas empresas captan más financiación. Contar con dos ciudades distintas en este ránking es un logro que sólo iguala Alemania, con Berlín y Múnich.

Gracias a la nueva ley, “nos situamos entre los países más atractivos para la inversión y el talento en la nueva economía digital, que es una de las palancas más importantes de crecimiento económico, innovación y empleo de calidad”, afirmó el pasado jueves Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

A la hora de comparar la madurez de distintos ecosistemas, suele atenderse al volumen de capital invertido respecto al tamaño de su población. La media europea oscila en torno a los 140 dólares per cápita, según los últimos datos de la firma de capital riesgo londinense Atomico. Estonia lidera este ránking con más de 1.000 dólares por habitante, duplicando a otros países nórdicos como Islandia y Suecia. Mientras que Reino Unido y Francia se sitúan por encima de la media europea, España queda aún muy lejos, con 66 dólares per cápita.

Pese a los avances conseguidos y los buenos datos globales en los últimos años, nuestro país tiene aún mucho camino por recorrer para incrementar su peso específico en Europa y aproximarse al podio que ocupan Reino Unido, Francia y Alemania.