El transporte en mitad del túnel
El eco de la crisis en Cataluña no deja escuchar otras carencias y otros problemas y de eso el transporte por carretera tiene para regalar. Hemos dicho en otras ocasiones y en este mismo lugar que el sector se encamina hacia una transformación profunda y múltiple, comenzando por unos peajes obligatorios que se van a generalizar en los próximos meses.
En el medio plazo será la aplicación de la euroviñeta la que impacte de lleno sobre todos los usuarios de las carreteras, los transportistas entre ellos, sin que exista ninguna posibilidad de remedio al pago de tasas por uso de infraestructuras. Guipúzcoa va a ser el laboratorio de ensayo y no quedará otra que adaptarse con inteligencia a las circunstancias y en eso el Gas Natural, más barato que el diésel, debe contribuir a mantener equilibrados los costes. En este sentido aconsejo echar un vistazo a la prueba realizada con el nuevo Stralis NP400.
Pero antes de alcanzar ese horizonte sin fecha fija una parte del transporte de mercancías por carretera se tendrá que enfrentar, si Cristóbal Montoro no lo remedia, al final de los módulos, una fórmula fiscal que desde octubre de 2015 tiene señalada fecha de demolición. A partir del próximo 1 de enero la facturación máxima entre empresas será de 75.000 euros anuales, una cifra insuficiente para que muchos autónomos puedan mantenerse en la Estimación Objetiva.
La solución será pasarse a la Estimación Directa o reconvertirse en sociedades mercantiles, una cuestión esta última que podría ayudar a aminorar los incrementos que van a producirse en el IRPF. Pero el final del sistema de módulos tiene su “mihura” en el IVA, porque a partir de enero los autónomos estarán obligados a devengar el IVA real derivado de su facturación y no un IVA hipotético que hasta ahora jugaba a su favor.
Es esa polémica diferencia entre un IVA y otro la que puede convertirse en el origen de su ruina, porque la diferencia puede superar en algunos casos los 16.000 euros. Según los expertos los transportistas autónomos se verán obligados a incrementar sus precios en al menos un 10% y eso pondrá en riesgo su “factor de competitividad” frente a las flotas.
Y entre todo esto los transportistas tendrán que sufrir mes tras mes un problema tan enconado y difícil de combatir como es la morosidad, un cáncer contable que en septiembre se disparó por encima de los 90 días y que contribuye a socavar la viabilidad económica de los más débiles.
La morosidad ataca a autónomos y pymes de todas las nacionalidade, ya sean españoles o catalanes, y llegados a este punto hay que comentar que una eventual independencia perjudicaría económicamente a España y a Cataluña, al menos en lo referente a transporte por carretera.
Las 19.500 empresas catalanas contabilizadas en el último Observatorio del Transporte se quedarían fuera de la Unión Europea y por lo tanto sus operaciones pasarían a regirse, teóricamente, por los acuerdos bilaterales que la UE o los países de la UE firmaran con Cataluña, por no hablar de que los productos catalanes tendrían que cargar con
Todos los que pasen de 75.000 euros/año deberán abandonar los módulos en 2018.
la Tarifa Exterior Común (TEC) que los encarecería una media del 5-6%, aunque los expertos en cuestiones aduaneras calculan un sobrecoste de hasta el 20%.
Pero si de transporte de mercancías hablamos habría que hablar de los siete millones de metros cuadrados que hay instalados en Cataluña para actividades logísticas y que son origen y destino para millones de toneladas de “mercancías españolas”. Al menos un 66% del PIB de Cataluña depende del comercio con la Unión Europea y de ese porcentaje la mitad tiene que ver con las “exportaciones” e “importaciones” a España.
Una frontera no comunitaria en el corazón de la península ibérica sería un auténtico desastre para las empresas y los ciudadanos de un lado y de otro.