TODOS A LAS AUTOPISTAS
Muchos transportistas piensan que Gobierno y Comunidades Autónomas tienen pensado atracarles a través de los peajes obligatorios. En su opinión las bonificaciones en las autopistas nos son suficientes, por lo que exigen que sean gratuitas por cuestiones s
Fomento y las Comunidades Autónomas ponen en marcha en plan conjunto para sacar camiones de las carreteras nacionales y llevarlos a las autopistas de peaje.
En colaboración con la Generalitat de Cataluña hace unos cuatro años que los primeros peajes obligatorios comenzaron de forma experimental en la N-II a su paso por Girona, una iniciativa que el ministerio de Fomento, de acuerdo con el Comité Nacional del Transporte (CNTC), quiso extender, aunque de forma “voluntaria”, a otras carreteras de España durante el verano de 2015.
En aquella ocasión el “experimento” fue breve y duró entre los meses de julio y noviembre y de los tramos inicialmente previstos al final su implantación se redujo a tan solo seis de ellos: Villalba-Villacastín, Dos Hermanas-Jerez Norte, Lleida-Montblanc, Rubena-Armiñón, León-Campomanes y Puxeiros-Porriño-Frontera con Portugal.
En total fueron 326 los kilómetros afectados por el trasvase de camiones a las autopistas, siempre de forma “voluntaria” y con un presupuesto oficial de 1,3 millones de euros para subvencionar los peajes. Al término de este tiempo el CNTC valoró la experiencia como positiva, contabilizando en un 22% los camiones que se habían trasladado a las autopistas, decidiéndose con Fomento la puesta en marcha de un programa consensuado de “peajes voluntarios” para los siguientes ejercicios.
En 2016 las elecciones y la posterior provisionalidad del gobierno impidió que la política de “peajes” siguiera adelante, pero una vez consolidado el PP al frente del país tras las elecciones de diciembre de 2016 desde el ministerio de Fomento se retornó a la estrategia iniciada en 2015, pero esta vez con el apoyo de las Comunidades Autónomas y con la oposición de los transportistas. Por qué?
Camiones a la autopista
Fundamentalmente porque del carácter “voluntario” inicial pactado con el CNTC en 2015, la cuestión fue virando hacia la obligatoriedad defendida por Fomento y las Comunidades Autónomas, principalmente en todo lo relacionado con la necesidad de reducir la alta siniestralidad en la N-340, problema que exigía como solución el trasvase obligatorio de camiones a la AP-7.
Para hacerlo posible los Presupuestos Generales del Estado de 2017 contemplaban 32 millones de euros destinados a bonificar los peajes, cifra que en su gran mayoría se habrá quedado sin gastar al término del pasado ejercicio.
Al calor de esta demanda otros territorios, como es el caso de La Rioja o Castilla-León, también comenzaron a negociar con Fomento la firma de distintos convenios destinados a sacar camiones de las carreteras más congestionadas para trasladarlos a las autopistas que corren paralelas a las mismas. Las razones son siempre las mismas: seguridad vial, congestión del tráfico y sostenibilidad medioambiental.
Fomento calcula que con este tipo de actuaciones al menos nueve millones de camiones podrían salir de las carreteras nacionales que soportan altos volúmenes de vehículos de estas características, una cuestión que critican las organizaciones profesionales que apoyan la medida siempre que los peajes sean gratuitos o al menos voluntarios.
A pesar de la oposición de los transportistas ya existe un calendario de “peajes obligatorios” que acaba de comenzar a comienzos de diciembre en 150 kilómetros de las carreteras N-232 y N-124 entre Zambrana (La Rioja) y Tudela (Navarra), donde los camiones ya están obligados a circular por la AP-68.
Hechos consumados
El grave accidente de tráfico sucedido en la N-1 -en la zona de Pancorboel pasado verano, ha motivado que Fomento y la Junta de CastillaLeón se hayan dado prisa por cerrar un acuerdo que permita que desde principios de año los cientos de camiones que a diario circulan por el tramo no desdoblado entre Miranda de Ebro y Burgos pasen a la AP-1.
Tan solo este tramo soporta el paso de unos 3.100 camiones/día, frente a los aproximadamente 2.000 vehículos pesados que utilizan la autopista, aunque en este caso los transportistas defienden la gratuidad del tramo de autopista afectado, al menos hasta diciembre de 2018 fecha en la que teóricamente concluye la concesión de la AP-1.
Otro “peaje obligatorio” en cartera para 2018 afecta al tramo de 35 kilómetros de la N-120 entre León y Astorga, una medida que afectará a unos 700 camiones/día. Aquí la idea es bonificar en un 75% los peajes de la AP-71, una actuación que en Castilla-León se unirá posiblemente a la “saca” de camiones de la N-6 a su paso por San Rafael y el Alto del León.
Para enero de 2019 está previsto que entren en vigor los desvíos obligatorios con “tarifa plana” para camiones en la N-340, que afectarán a los 85 kilómetros entre Peñíscola y Hospitalet del Infante y a los 33 kilómetros entre Altafulla y Villafranca del Penedés, tramos donde el tráfico pesado pasará a la AP-7.
En Cataluña estos “peajes” tendrán un carácter provisional, porque es-
tarán vigentes hasta el término de algunas de las concesiones más importantes. En 2019 finalizará la concesión de la AP-7 entre Tarragona y Valencia y en 2021 concluirán las concesiones entre La Jonquera y Tarragona en la AP-7, la AP-2, la C-32 en el Maresme y la C-33, en total 477 kilómetros que pasarán a depender, si nada lo impide, de la Generalitat.
Y a ello se suma, finalmente, el interés que acaba de mostrar la Xunta de Galicia por sacar los camiones de la N-550 y llevarlos a la AP-9. Y es que los “peajes obligatorios” acaban de comenzar.
Frente camionero
Como era de esperar el transporte por carretera ha hecho piña frente a los peajes obligatorios, comenzando por los comenzados en la AP-68. Los transportistas defienden los peajes gratuitos y en caso de tener que pagar que la medida tenga un carácter voluntario como sucedió en 2015.
El Comité Nacional argumenta que en su momento ya negoció con la ministra Ana Pastor un pacto de “no agresión” para los peajes, acuerdo que Iñigo de la Serna ha dejado en papel mojado con sus recientes actuaciones, de ahí que anuncie movilizaciones futuras.
Algunas organizaciones profesionales de Castilla-León han puesto sobre la mesa una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE/2010/111) del 22 de abril de 2010, que en su momento condenó la prórroga más allá de enero de 2018 de los peajes en las autopistas AP-6, AP-51 Villacastín-Ávila y AP-61 San Rafael-Segovia.
Estas asociaciones exigen al Gobierno que cumpla una sentencia que en su opinión significa la gratuidad de estas infraestructuras para todo tipo de vehículos, derogando para ello el Real Decreto 525/2012 de 9 de marzo que prorrogaba ilegalmente dichas concesiones.