El cartel costará muchos millones
Un tribunal alemán ha sido el primero en reconocer que el cartel de fabricantes produjo sobrecostes en los camiones que se compraron entre 1997 y 2011 y que sus efectos incluso pudieron extenderse más allá de los límites inicialmente fijados por la Comisión Europea y reconocidos expresamente por los “cartelistas”.
En España aún no existen sentencias al respecto por parte de ningún Juzgado de lo Mercantil, que son y serán los entes judiciales encargados de tramitar las reclamaciones de los transportistas, pero se espera que se produzcan antes de que termine este año sirviendo de referencia para la tromba de procesos judiciales que han de venir.
La sentencia del tribunal alemán no impone cuantías para las indemnizaciones y en nuestro país tampoco nadie se aventura a ponerle números al “cuento de la lechera”, pero lo seguro es que las cantidades que se barajan podrían llegar a sumar muchos millones de euros, a los que -por el principio de Plena Reintegraciónpodrían añadirse los intereses de demora.
Parece aceptado por todos los bufetes implicados en el caso que en España los sobrecostes soportados por los transportistas pudieron alcanzar un porcentaje del 12%, quizá del 12,5% siguiendo con el caso alemán, y desde que la sanción a Scania (881 millones) se hiciera definitiva el pasado mes de septiembre podría abrirse un nuevo frente.
Cuando la Comisión Europea acusó y multó a DAF, Daimler, Iveco, MAN, Renault Trucks y Volvo Trucks por conformar un cartel de fabricantes para intervenir en el precio de los camiones y retrasar la aplicación de las normas Euro, en España no estaba en vigor la Directiva de Daños, por lo cual en ese momento los transportistas afectados -según el Código Civil de 1902- tan sólo tuvieron un año de plazo para presentar sus reclamaciones.
Pero la sanción a Scania altera el rumbo de las cosas y los “tempos” de la importante partida judicial que aún se está jugando en la trastienda. ¿Por qué?
La multa al fabricante sueco se produjo después de que la legislación española hubiera “asumido” la Directiva de Daños que otorga a los afectados un plazo de cinco años para pleitear, así que los afectados de Scania tendrán hasta 2022 para reclamar indemnizaciones. ¿Y los demás?
Pues podría ser que también, aunque eso dependerá y mucho de cómo interpreten las leyes los jueces titulares de los Juzgados de lo Mercantil. Los defensores de que los plazos se pueden estirar hasta 2022 buscan amparo legal en el concepto de “Solidaridad Plena” recogido en la Directiva Europea y que significa que todos los “cartelistas” son solidarios en las responsabilidades derivadas de su presencia en el cartel.
De esa probada participación puede entenderse que todos los transportistas afectados, independientemente de cual sea la marca del camión que compraron entre 1997 y 2011, están en su derecho de dirigir a Scania sus reclamaciones de acuerdo con el principio de Solidaridad Plena. Y es aquí donde lo que opinen los jueces va a ser cuestión fundamental.
Compartiendo un símil futbolístico en este asunto el partido no ha hecho más que comenzar y que todavía queda mucho tiempo de juego y seguramente muchas prórrogas. Un detalle que conviene tener en cuenta.
En Alemania, por ejemplo, hasta las fuerzas armadas están entre los miles de “reclamantes” y nada más y nada menos que por un volumen aproximado de 10.000 vehículos. ¿Se figuran que en nuestro país pasara algo similar?
La última sanción a Scania podría provocar que haya reclamaciones hasta 2022.