Ley de vivienda contra pobres

¿Qué¿Qué persigue el nuevo proyecto de ley de Vivienda rechazado por los jueces?

1. Impedir los desahucios por morosidad de familias vulnerables y determinados okupas, extendiendo así las medidas excepcionales para amortiguar la COVID-19.

2. Limitar los beneficios de las empresas, impidiendo el aumento de los alquileres de sus viviendas en «zonas tensionadas», es decir, donde signifiquen más del 30% de la renta del inquilino, y cuando hubieran superado en un 5% el incremento del IPC.

3. Un hachazo fiscal al ahorrador particular que, o alquile su vivienda a mayores de 35 años, y/o no decida bajarle la renta al inquilino. La reducción por arrendamiento de su vivienda en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) caería del 60% al 50%. El remate es la reserva del 30% del nuevo terreno urbanizable para vivienda pública, y recargos del 120% en el IBI de viviendas desocupadas.

Así, ¿quién o qué empresa invertirá a partir de ahora en vivienda?, ¿quién alquilará a personas «desfavorecidas»? El Gobierno va camino de socializar la vivienda privada. Reduciendo rendimientos y seguridad jurídica, se retraerá la inversión en vivienda nueva y también la oferta de alquileres. Abriendo la puerta al control político de rentas, se vuelve a la pésima situación anterior a la famosa Ley Boyer y la liberalización de finales de los años noventa. Porque, al margen de las especulaciones puntuales, gracias a las reformas pasadas nuestro país cuenta con un importante parque de viviendas seminuevas. Subirán los alquileres.