El precio de la justicia y la injusticia

► España es el país de las 386.500 normas legales, todas ellas aprobadas entre 1979 y 2020. Solo el año pasado se publicaron 12.250 nuevas, el 78,7% autonómicas

DouglassDouglass Cecil North (1920-2015, premio Nobel de Economía 1993), está considerado como uno de los padres de la llamada «economía institucional» y del «análisis económico del derecho». Sus discípulos y biógrafos sostienen que el economista se tomó siempre «muy en serio la buena comida y el vino».

La fama y el prestigio económico le llegó por su teoría o sus investigaciones que concluían el mal o buen funcionamiento de las denominadas «instituciones de ejecución» –como el sistema judicial– es la principal explicación de que, a el largo plazo, unas economías se desarrollen y otras se queden atrás.

Las tesis de North son uno de los puntos de partida de Juan S. Mora– Sanguinetti en su libro

«La factura de la injusticia: sistema judicial, economía y prosperidad en España». La obra, recién aparecida y todavía caliente, llega avalada por un prólogo del exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce,

y por una introducción de la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

Mora-Sanguinetti, licenciado en Derecho, Economía y doctor por la Universidad Carlos III, es también Senior Economist en el Banco de España-Eurosistema. El autor, en su obra, concluye que «a pesar del ruido característico de todos los debates relacionados con la justicia en España, los datos fríos y objetivos nos dicen que nuestro sistema judicial funciona razonablemente bien. De hecho funciona como la media de los países del entorno». Eso significa que la justicia española tarda entre 272 y 282 días en resolver un procedimiento, tiempos muy similares a los de Francia (274 días), Bélgica (233), Irlanda (277), Luxemburgo (262) o Alemania (200) y muy inferiores a los de países como Italia (564 días), Portugal (425), Italia (564) o Inglaterra (350).

Mora-Sanguinetti, que intenta ver el vaso medio lleno, detecta una serie de problemas y destaca el que España es un país de «alta litigiosidad», el tercero del mundo en pleitos per cápita, solo por detrás de Rusia y la República Checa, según un estudio encabezado por Giuliana Palumbo, del Banco de Italia, y publicado por la OCDE. Esa enorme litigiosidad arrastra a los juzgados a una gran carga de trabajo que somete a todo el sistema judicial a un «estrés» permanente para los recursos que tiene. La litigiosidad, de hecho, es cada vez mayor y en 2019, antes de la pandemia, el sistema judicial solo tenía capacidad para resolver uno de cada 1,8 casos pendientes (en procesos contenciosos civiles, es decir, entre empresas y ciudadanos), mientras que en 2020 había subido a uno de cada dos, y el parón pandémico volverá a incrementar esa relación. Mora-Sanguinetti ha calculado que la mejora de un solo punto en la congestión judicial «tiene implicaciones prácticas cercanas al ciudadano». «Por ejemplo –escribe– podría aportar en Madrid 3.400 viviendas alquiladas más o 3.100 en Barcelona – sin necesidad de regular el mercado–, lo que mejoraría la vida de muchos jóvenes y demandantes de empleo».

La investigación de Mora-Sanguinetti aporta –compila en algunos casos– datos sorprendentes. Una de las explicaciones de la alta litigiosidad hay que buscarla en la cantidad y complejidad de las normas. España es ahora «el país de las 386.850 normas legales», que son las aprobadas por los gobiernos central, autonómicos y municipales entre 1979 y 2020. Solo el año pasado se publicaron 12.250 normas legales nuevas, de ellas, un 78,7% gemeradas por las Comunidades Autónomas.

No existe, por ahora, un cálculo del coste económico de los problemas y cuellos de botella de la justicia española. Sin embargo, sí hay datos parciales que pueden ofrecer una idea general. Las 35 empresas del Ibex están obligadas a reflejar en sus cuentas las cantidades destinadas a provisiones por posibles litigios cada año. La cifra ascendía en 2016 a 12.000 millones de euros, una cantidad que es equivalente al gasto mensual en pensiones o al 1% del PIB. MoraSanguinetti no se atreve a ir más allá, pero los números, desde Pitágoras, y como el algodón del anuncio televisivo de la infancia de Pedro Sánchez –quizá sea incluso todavía más joven–, no mienten. La capitalización –valor bursátil– de las empresas del Ibex ronda el 8% del PIB. Una extrapolación, aunque fuera muy prudente, arrojaría que el coste económico de la justicia y de la injusticia en España es desorbitado, –¡hasta el 20% o más del PIB!– algo muy importante porque como ya explicó el Nobel North, al final, lo que diferencia a las naciones que progresan más que las que lo hacen menos también depende en gran parte de su sistema judicial. Es, por supuesto, el precio de la justicia y de la injusticia.

Solo las 35 empresas del Ibex tienen que provisionar alrededor de 12.000 millones al año –el gasto en pensiones de un mes– para cubrirse ante futuros pleitos»

PLATÓN