El coche, solo para minorías
Hace no muchos días, el titular socialista de la cartera de Transportes, Óscar Puente, afirmaba sin pudor que la utilización de un automóvil para el desplazamiento de las personas no era un derecho reconocido. Sus palabras textuales fueron: «libertad para ir en coche a cualquier sitio, ese derecho no existe». Un paso más dentro del recorte de libertades que estamos sufriendo durante los últimos años y que afecta a todos, pero especialmente a las capas sociales menos favorecidas.
La libertad de desplazamiento va a quedar limitada a unas minorías con alto poder adquisitivo y el resto, mejor que se muevan utilizando medios de transporte colectivos. Los privilegios, para las minorías. Quien no pueda tener un coche electrificado, verá limitados sus desplazamientos. Vemos que es el caso de los coches eléctricos, cuyo nivel de precio es tan elevado que solo las familias económicamente desahogadas pueden permitírselo. No solo por el hecho de poder pagar un sobreprecio sino además porque la falta de infraestructura de recarga les hace inviable para quienes no puedan disponer de un garaje propio con un enchufe cerca. Y ese privilegio, según los estudios que se han hecho, solo está al alcance del 17% de los propietarios de automóviles en España.
Por todo ello, en la España de hoy ya estamos asistiendo a un claro caso de discriminación de los derechos de los ciudadanos en razón de su nivel económico. Según los datos del cierre del ejercicio pasado, el 29,4% de los vehículos en circulación, es decir, un total de 9.036.129 unidades, no tienen distintivo medioambiental de la DGT por su antigüedad. Y por ello, no pueden entrar en el centro de las ciudades de más de cincuenta mil habitantes. Una medida europea que el Gobierno Sánchez ha acogido con entusiasmo e impuesto a todos los alcaldes que no quieran enfrentarse a la norma. No importa que utilicen el coche para desplazarse hasta sus puestos de trabajo o que necesiten el vehículo para trabajar y ganarse la vida. Simplemente, la cuarta parte de los españoles no pueden entrar, y punto. La razón en que se basa esta prohibición es la de mejorar la calidad del aire que respiramos en las ciudades, cuando se sabe que este argumento es completamente falaz.
Estádemostradoquelacontaminación en las grandes ciudades la provocan las calderas de las calefacciones de las casas y que los gases emitidos por los coches son una mínima parte el problema. Y prueba de ello es que durante todo el verano, con circulación intensa, altas temperaturas y sin viento, en Madrid no se disparan las alarmas de contaminación. Y sí lo hacen en invierno, a partir de las últimas horas de la tarde, cuando los ciudadanos vuelven a sus casas, aparcan sus coches y encienden la calefacción.
El caso es prohibir y limitar los derechos de los ciudadanos. Los fines de esta política los sufriremos a medio plazo.