Cort suspende de empleo y sueldo al policía local de las infraviviendas
Decreta su inhabilitación durante por una falta muy grave El funcionario alquilaba hasta 73 cuartos a inmigrantes sin papeles
El Ajuntament de Palma confirmó ayer la sanción por incompatibilidad al policía local investigado por alquilar infraviviendas, que ha sido suspendido de sueldo y empleo durante dos años y cuatro meses. La Conselleria d’Habitatge ya le impuso en su momento una multa de dos millones de euros.
El pasado 25 de julio, el área de Seguretat Ciutadana i Civisme incoó un expediente disciplinario contra este funcionario de la Policía Local por la presunta comisión de una falta tipificada como muy grave. El 18 de marzo el instructor del caso resolvió que había cometido una falta disciplinaria de carácter muy grave por la infracción del artículo 68, apartado 1, que sanciona «el incumplimiento de las normas de incompatibilidad», por lo que se propuso una suspensión de dos años y cuatro meses de funciones y de remuneración al agente.
Alegaciones
El afectado presentó alegaciones que fueron rechazadas, elevándose la propuesta de sanción a la Junta de Govern de ayer, por lo que se ha confirmado la citada sanción.
El policía infractor fue detenido el pasado 24 de noviembre por la Policía Nacional, a raíz de la denuncia del servicio de Inspección de la Conselleria d’Habitatge, en una actuación conjunta con la Policía Local. El funcionario llevaba el control de 73 infraviviendas en la zona de Gomila, la calle Manuel Azaña, Foners, Lluís Sitjar y sa Indioteria.
En la mayoría de casos se trataba de plantas bajas o sótanos de escasos 15 metros cuadrados como máximo, sin luz ni ventilación. El agente detenido cobraba a los inquilinos, muchos de ellos inmigrantes irregulares, entre 300 y 750 euros al mes.
En febrero la Conselleria d’Habitatge impuso una sanción de dos millones de euros por infracciones «muy graves» al policía local detenido por alquilar 68 infraviviendas que gestionaba a través de una sociedad limitada.
Se trata de la mayor multa registrada por la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura hasta la fecha y es más alta que la suma de todas las sanciones impuestas en los últimos cinco años.