Ilegal, segregador y conflictivo: la OCB difunde argumentos contra el plan de Vera
La entidad envía varias razones jurídicas y pedagógicas a los centros educativos y confía en que rechacen la elección de lengua
La Obra Cultural Balear (OCB) envió ayer a los centros educativos públicos y concertados de Mallorca una batería de argumentos jurídicos y pedagógicos para que los tengan en cuenta a la hora de mantener o cambiar su modelo lingüístico. La entidad «confía en la profesionalidad» de los claustros y equipos directivos para que no se adhieran al plan de elección de lengua del conseller Antoni Vera, que «nadie, salvo la extrema derecha de Vox, había pedido; además, el PP no lo llevaba en su programa electoral», según afirmó el presidente de la OCB, el jurista Antoni Llabrés. El documento sintetiza las críticas que ya han hecho, como que es ilegal, segregador y conflictivo.
El plan piloto voluntario de elección de lengua, como le llama la Conselleria d’Educació, «ni siquiera lo es», según Miquel Sbert, filólogo y pedagogo que fue director general d’Ordenació i Innovació Educativa y jefe del Departament d’Inspecció Educativa. «Es incoherente porque a pesar de llamarse plan piloto, no tiene nada de piloto porque no viene precedido de ningún diagnóstico, ni recursos claros ni un sistema de seguimiento para que sea posible introducir medidas correctas si no funciona, todo esto está en el aire, según el borrado que parece que se aprobará estos días», comentó. «En Balears tenemos un modelo lingüístico que está estudiado por numerosos juristas, lingüistas y avalado por tribunales. Es un bilingüismo integral o de conjunción lingüística», señaló, y defendió que la única manera de garantizar el aprendizaje es con el modelo vigente porque los datos evidencian que los alumnos tienen mayor capacidad comunicativa oral en castellano que en catalán.
El pedagogo considera que el plan es eufemístico porque a la segregación la llama desdoblamiento de grupos. La OCB argumenta que es arbitrario a la hora de seleccionar qué centros podrán o no adherirse y que solo creará conflictos en los colegios e institutos. Creen que los 60 millones presupuestados para el próximo curso se repartirán entre ciertos centros, básicamente concertados, en los que ya se incumple la enseñanza mínima de un 50 % de horas en catalán.