¿ESTAMOS ANTE EL CRIMEN PERFECTO?
La policía apostó todo a una carta. Pero seis meses después del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM, el sospechoso está en libertad. Si los indicios resultan insuficientes para condenar al yerno, ¿será demasiado tarde para averiguar quién dis
El 10 de febrero pasado, un hombre con americana oscura, sin corbata, entró en el Palacio de Justicia de Alicante a paso ligero y con un maletín de cuero blando colgando recto de un brazo, como si fuera un ancla. El edificio de Benalúa, construido en el siglo XIX como un reformatorio de adultos, sirvió de cárcel durante la Guerra Civil y allí murió preso el poeta Miguel Hernández en 1942. Desde los años ochenta acoge los juzgados de instrucción de la ciudad, pero conserva la estructura de panóptico, con todas las galerías confluyendo sobre una nave central de varias alturas (lo que en origen facilitaba la vigilancia). Sobre las 8:30 de la mañana, el hombre del maletín se movía de una punta a otra, se giraba de forma repentina, pasaba por debajo de la nave central o preguntaba a algún funcionario, hasta que embocó uno de los pasillos y desapareció. Era abogado, con despacho en Murcia, y había asumido la defensa del yerno del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), detenido como presunto asesino de su suegra. María del Carmen Martínez, de 72 años, había aparecido con dos tiros en la cabeza en el lavadero de un concesionario de su propiedad dos meses antes.
A las 12:15, Miguel López, el yerno, de 49 años, precedido por su abogado, subió esposado los 19 escalones que separan los calabozos y el juzgado de guardia, vestido con un hasky y un pantalón azul oscuros. Un tipo abierto, de buena cuna, de un pueblo de Valencia, casado con la hija pequeña de uno de los matrimonios más ricos y menos ostentosos de Alicante, que declaraba ante el juez por primera vez. La familia es dueña de un poderoso grupo empresarial y el crimen había destapado una pelea por su control. Solo Samar Internacional, del sector químico, factura unos 200 millones de euros anuales.
Vicente Sala, el expresidente de la extinta CAM, que murió en 2011, había repartido la herencia entre sus cuatro hijos a partes iguales. A su mujer le legó la “acción de oro”, una participación que pesaba más que el reparto accionarial, y que la viuda ejercía en favor del hijo. El primogénito heredó así el poder, como también dejó dicho el padre que debía ocurrir. Pero sus tres hermanas no lo aceptaron del todo. Y los Sala Martínez se partieron en dos: la madre, su hermana y el hijo, por un lado; y las tres hijas, farmacéuticas de carrera, por el otro. El negocio de compraventa de vehículos donde fue asesinada la viuda lo dirigía el yerno. Así que cuando, después de tres horas declarando, Miguel López salió del juzgado con ojeras y camino de la cárcel, un agente encargado de su traslado ya lo había bautizado: “Hoy tenemos al matasuegras”, decía un wasap ese día.
El abogado de Murcia, José Antonio García Sánchez, de 49 años, salió del despacho y comunicó la decisión del juez a las dos hermanas de López que esperaban fuera. Cuando terminó, me acerqué y le pregunté qué pruebas había contra su cliente:
—No voy a hacer declaraciones. Voy a recurrir directamente. Aquí no hay nada —me dijo, metiendo en el maletín el sumario con los 500 folios escritos por la policía.
Era viernes por la tarde, como el día del crimen. El 9 de diciembre de 2016, cuando el jefe del Grupo de Homicidios de Alicante llegó al concesionario, encontró a la víctima tumbada en el suelo del lavadero, con dos orificios de bala en la cabeza. El encargado había visto a doña Carmen de pie, aún con vida, apoyada en su coche —según la policía, estaba sentada dentro cuando le dispararon— y había avisado al jefe de taller. A su vez, este llamó al jefe de ambos, Miguel López, que estaba en casa de su cuñada y regresó a Novocar. Según la autopsia, la muerte se había producido “en torno a las 19:00 horas”.
En el Palacio de Justicia, el juez había levantado el secreto de sumario una hora y media antes de que declarara el acusado. Apenas 48 horas después, el yerno de la viuda de la CAM tenía ya su lugar en la memoria colectiva. Huecograbado. El caso “nos recuerda al de los marqueses de Urquijo”, decía una crónica nacional citando “a un alto cargo”. El domingo, el periódico provincial trazaba varios paralelismos entre López y el otro matasuegras de lujo, Rafael Escobedo, condenado por el crimen de los Urquijo. Los dos más importantes eran que desde el principio se hubiera señalado “con el dedo acusador al yerno” y la “afición al tiro olímpico” de ambos. La detención de López, como la de Escobedo, mostraba además que “no hay crimen perfecto”.
Treinta y ocho días después, Miguel López quedó en libertad bajo fianza. Los indicios se mantienen, según el juez. Las fuentes jurídicas consultadas no recuerdan un caso comparable. “Cuando a alguien se le imputa un homicidio y el juez cree que ha sido él, normalmente no se le pone en la calle”, cuenta por teléfono el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio, desde la Universidad de Alicante (UA). Los raros sospechosos de asesinato que he encontrado en libertad antes del juicio en las hemerotecas salieron por motivos bien concretos: un acusado de apuñalar a su mujer es exculpado por el ADN hallado en el cuchillo; un error procesal obliga a poner en libertad a otro; una disputa entre tribunales abre las puertas a un tercero. “Las pruebas contra el yerno no son determinantes. Si lo fueran, estaría en prisión”, señala Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho en la misma UA. “Lo cual no quiere decir sí fue o no fue, sino si hay o no hay pruebas”, añade.
La arbolada finca de los Sala Martínez está en la carretera de Valencia, en una zona llana y despejada al norte de Alicante cercana a la Albufereta. Junto a la casona de aire colonial, que ocupaban el matrimonio y una hermana de ella, están los cuatro chalés con piscina de los hijos y un anexo que hoy es el domicilio social de las empresas. A pesar de la parcelación de la finca, las bodas de los hijos y el nacimiento de los nietos, todos compartían mesa hasta hace poco. “Yo comí un día que estaba en Alicante y Vicente [Sala, el padre] me invitó a su casa: me pusieron un plato y comí con los hijos, los yernos y los nietos”, me cuenta por teléfono el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien conoció de cerca al entonces presidente de la CAM. “Eran muy religiosos, tanto él como ella; muy católicos”, añade. Los orígenes del emporio empresarial de María del Carmen Martínez y Vicente Sala se remontan al padre de ella, quien les cedió una boyante empresa de plásticos. “Bueno, la empresaria soy yo”, bromeaba el día que su marido recibió la
“Tenemos al matasuegras”, decía un wasap de un agente encargado del traslado del preso
Medalla de Oro y Brillantes de la Cámara de Comercio de Alicante en 2008. Ella era “alta”, “directa” y con mando en plaza. “Eso la hacía atractiva”, recuerda el dueño de un delicatessen del que fue clienta durante décadas. Otros la evocan “mandona” y “con un carácter muy jodido”.
En septiembre de 2016, una volcánica junta de accionistas reventó la aparente unidad familiar. La confrontación deterioró también la relación con una parte de sus nietos. “Más falsa que tus putos bolsos”, escribió uno de los hijos de Miguel y Instagram. Fuensanta en “E hijadeputa”, añadió uno de los de Tania, otra de las hijas de María del Carmen. La publicación obtuvo 84 “Me gusta”.
Vicente Sala Martínez, el primogénito, de 52 años, vive en el chalé pegado a la casona y dirige el grupo empresarial. “Heredero universal”, según el testamento de su madre de hace un año, que solo legó a sus hijas el tercio al que obligaba la ley. Vicente es el único hijo que acusa a su cuñado. Su abogado, siguiendo al fiscal, recurrió su puesta en libertad. Pero el juez la ha mantenido y Miguel ha vuelto a su casa, en la misma finca. Las tres hijas, incluida su mujer, Fuensanta, confían en él y defienden su inocencia. Antonia, de 70 años, la tía soltera que siempre ha vivido con la familia, declaró que al principio “no quería sospechar”, pero que tras su detención ya no tenía “ninguna duda de que ha sido él”.
Dos meses antes del crimen, la viuda había acudido a Antonio Moreno Cánoves, un abogado amigo de la familia, de toda la familia, para que le ayudara a resolver el conflicto empresarial. De paso, le comentó que alguien había removido sus documentos. Fui a ver a Cánoves en abril y me recibió en su despacho, de madera noble y forrado de libros, en el sexto piso de un céntrico edificio de Alicante. La primera vez, me contó que el día del funeral la policía había ido a verlo a su casa: “Tendrá que declarar, nos han dicho que usted recomendó a María del Carmen que tomara medidas de seguridad”, le dijeron. Y que él declaró. Pero que los investigadores no tuvieron en cuenta lo que implicaba su recomendación: que la amenaza venía de fuera. En eso, la viuda estaba de acuerdo: “No es nadie de mi familia”.
Novocar está en un polígono esquinado de la ciudad, enfrente del tanatorio de La Siempreviva. La calle de en medio termina en un descampado. Sus instalaciones se reparten en tres espacios: la zona de exposición de los vehículos, el parking (que visto desde la calle tiene un lavadero al fondo) y, al lado, el taller. No había cámaras. El día de autos doña Carmen llegó a recoger su Porsche Cayenne, que estaba en el lavadero, sobre las 18:25. Según la policía, López habría disparado a su suegra nada más sentarse en el Porsche, aparcado a oscuras; permaneció “seis o siete minutos” más en las instalaciones; en el parking habló con el jefe de taller, Israel, y se cruzó con un cliente que estaba sacando un coche recién comprado. Luego, subió a su despacho, recogió y se fue a casa. A las 18:49 aparcó junto a su chalé y fue a paso “rápido o de carrera”, según el juez, al de su cuñada, donde estaba su mujer. Seis minutos después, recibió la llamada de Israel diciéndole que habían encontrado a su suegra; López fue andando a su casa, entró en el garaje, salió tres minutos después, se subió a su coche, que estaba fuera, y regresó a Novocar. Los ocho trabajadores, además de Miguel, y los tres clientes presentes declararon que no habían oído los disparos ni visto nada raro.
Mientras que la investigación estuvo bajo secreto, el relato policial se fue imponiendo, primero mediante filtraciones y luego en tromba, sin que nadie lo sometiera a contradicción. El 14 de marzo de
“Han dañado a las empresas y logrado que acusen a un yerno”, dice un amigo de la víctima
2017, sin embargo, el jefe del Grupo de Homicidios, de unos 40 años, y máximo responsable de la investigación policial, tuvo que declarar como testigo a petición del abogado de López, una comparecencia que fue grabada y a la que ha tenido acceso Vanity Fair. Una pregunta sostiene, como una viga de carga, toda la declaración: ¿Cómo llega la policía a la conclusión de que el crimen beneficia a Miguel López?
La cuestión de mayor importancia” que apunta al acusado, según la policía, es que tras recibir la llamada de Israel, entró en el garaje de su casa, en lugar de subirse directamente al coche y regresar a Novocar. ¿Para qué entró al garaje? ¿Por qué no se refirió a esos tres minutos al contar lo que había hecho esa tarde? La policía ve en ello una “ocultación deliberada”. “Miguel aprovechó para deshacerse del arma o para lavarse las manos y la ropa”, sostiene el informe policial. Otra cosa muy importante, dice el jefe de Homicidios en su primera respuesta ante el juez: fue Miguel quien metió el coche en el lavadero. Además, era un “tirador experto” y tenía un claro móvil económico: decantar el conflicto por el control de las empresas del lado de su mujer y sus dos cuñadas, y en contra de su cuñado, Vicente.
¿Pero metió realmente Miguel el coche en el lavadero? No hay duda de que él le dio las llaves del Porsche a su suegra cuando llegó a recogerlo, según contó él mismo. ¿Pero quién había metido el coche allí? El encargado declaró que después de lavarlo, lo había dejado en el parking, al aire libre. Pero cuando llegó doña Carmen, el coche estaba en el lavadero, una zona cubierta, más al fondo y oscura. El informe policial afirma, en negrita y en mayúsculas, que Miguel fue la persona que colocó el Porsche en el lavadero. Los agentes se apoyaban, sobre todo, en la declaración policial de Israel. Pero, delante del juez, Israel aclaró lo que él había visto: “Yo no le di las llaves a Miguel en la mano y tampoco lo he visto cogerlas del cajón”. En su turno de preguntas, el abogado pone la afirmación policial entre comillas: le pregunta si es posible que cualquier empleado hubiera cogido las llaves y cambiado el coche de sitio. El agente reconoce que sí, efectivamente.
Acto seguido, García Sánchez aborda la “parada” de tres minutos de López en el garaje de su chalé. Le pregunta si le parece lógico que Miguel espere hasta entonces para desprenderse del arma y lavarse. El
agente responde que todo puede ser, pero que ellos, los policías, creen que si lo hizo, lo hizo en ese momento. ¿Y lavabos en el garaje, comprobaron si había lavabos? El agente cree que no hay, aunque tampoco está seguro. ¿Y si había alguien en casa? “Sí, su hijo estaba seguro”, dice el agente. García Sánchez quiere saber entonces por qué no le preguntaron si había visto entrar a su padre. El agente explica que ellos le preguntaron qué hizo y con quién estuvo, no si había visto o no a su padre. “Ya, ustedes preguntan, y si no se responde una cosa, dicen que se oculta”, da a entender el abogado. El agente admite que no sabe si lo ocultó o, simplemente, no contó que lo había visto. Por último, ¿sabía la policía si Miguel se había cambiado de ropa cuando llegó a Novocar? El agente repite verbo: “Creemos” que iba vestido igual.
AMiguel López tampoco le preguntaron para qué entró en su garaje. Los análisis de restos de disparo sobre sus manos y su ropa dieron negativo. El arma es una pistola fabricada hace un siglo. Pero no ha aparecido. Quizá por eso, con la investigación bajo secreto, se filtró un elemento cuya relevancia solo pareció concretarse con la detención de López. Los casquillos indicaban que las balas habían sido manipuladas para poder usarlas con una pistola de calibre más pequeño. Tras la detención, se publicó la segunda parte del argumento. Miguel López es un “tirador experto” que practica además la “única modalidad” de tiro olímpico que permite “hacer modificaciones” sobre las armas, según la policía.
García Sánchez, sin embargo, había leído otra cosa. La contraria, de hecho. Y así se lo hace saber al agente: el certificado que hay en el sumario dice que esa modalidad no permite modificaciones. Pues, “sinceramente”, asume el agente, si pone que no, ha sido un error de lectura. Porque él estaba “convencido” de que sí. El abogado se sorprende de que los agentes ni siquiera se interesaran por el nivel de pericia de López como tirador. El agente reconoce que no consultaron sus resultados. Pero dicen que es un “tirador experto”, subraya el letrado. El agente alega que lo de “experto” lo decían porque lleva años con licencia.
Tras casi una hora de declaración, el abogado toca la viga de carga. ¿De dónde sale el informe que explica la situación de las empresas?
El agente responde que “lo aportaron ellos tres”. Los tres son: el abogado del hijo, Luis Corno; el asesor fiscal del hijo, José Luis Albarracín; y un economista, José Martín de la Leona, quien defendió los intereses del hijo, Vicente Sala Martínez, en la junta de septiembre. Los tres han declinado aparecer en este reportaje. García Sánchez pregunta si es a raíz de ese informe cuando la policía deduce que el asesinato a quienes podía beneficiar es a las hijas y a los yernos. “Efectivamente”, responde el responsable de la investigación. El abogado pregunta si pidió esa información también a los asesores de las hermanas. El agente admite que no, no la pidió.
Es decir, el supuesto móvil del crimen es una tesis de la acusación particular. De una de las partes en conflicto.
Cui prodest scelus, is fecit”, me dice Moreno Cánoves. (“Aquel a quien beneficia el crimen es quien lo ha cometido”). El drama de siempre. Pero el abogado que debía ayudar a solucionar el conflicto sostiene que los beneficiarios no son de la familia. “Es el crimen perfecto: han acabado con la vida de María del Carmen; han dañado a las empresas y a la familia; y encima han conseguido que sospechen de un yerno”, lamenta.
Cánoves contó a la policía que una tarde después de la junta, Mari Carmen, como él la llama, tocó a su puerta. “Antonio, han accedido a mis documentos”, relató él que le había dicho. Los documentos eran las capitulaciones patrimoniales, unos acuerdos que regulan el régimen económico de los matrimonios. Pero, sobre todo, me dice Cánoves: “Un instrumento legal cuyas consecuencias patrimoniales pueden ser de gran envergadura”. “Estoy segura de que no es de mi familia; nadie tiene conocimientos jurídicos como para mirar eso”, le dijo ella. ¿Y en tu casa quién entra?, le preguntó él. “Mira, la gente llama al timbre, preguntan por las empresas y abrimos”. “Mari Carmen, eso de las capitulaciones patrimoniales pone los pelos de punta, protégete, porque no es normal”, le aconsejó.
Pero el verdadero interés de Mari Carmen era otro. Quería que su amigo interviniera y propusiera un acuerdo aceptable para todos. Después de varias reuniones, Cánoves hizo una propuesta escrita. Diez notas, brevísimas, a las que ha tenido acceso Vanity Fair. Para Cánoves era tan importante “modular” las implicaciones de la “acción de oro” como que la familia se alejara de los asesores, consejeros “áulicos” y abogados que revoloteaban alrededor de un conflicto multimillonario que, según él, contribuían a pudrir. De las diez notas, cuatro alertan contra esos “intereses espurios de terceros”. La última señala una “norma básica” de funcionamiento: “Razonar sin pasión”. A Mari Carmen le pareció bien. A Vicente, que llegaba demasiado tarde.
El día del crimen, por la mañana, Cánoves tenía un juicio fuera de Alicante. En el viaje, iba rumiando una idea. Quería insistir. Enviar un mensaje a Mari Carmen y su familia. Así que mandó un wasap a su hijo, también abogado y amigo de los Sala Martínez, quien iba a tomar un café con una de las hijas y podía enseñárselo. El segundo día en su despacho, me dejó leerlo; desarrollaba el argumento de su propuesta: si no os alejáis de la “banda de córvidos” que os están parasitando, os espera un “crack familiar” del que difícilmente os podréis recuperar. Por la tarde, la viuda, la madre, la abuela, su amiga Mari Carmen, fue asesinada. Por la noche, los cuatro hijos se reunieron con el albacea.
Tras su mano a mano con el jefe policial, el abogado de Murcia, en su primer caso de homicidio, se apuntó un éxito raro y por el camino más corto. Solicitó, al juez que había enviado a prisión a su cliente, que lo excarcelara. López salió bajo fianza de 150.000 euros. Sus dos hermanas decidieron días después que su defensa la dirigiera un prestigioso despacho de Madrid. El abogado de Messi, Javier Sánchez Vera. García Sánchez dejó el caso. A su vez, Vicente Sala hijo ha contratado a Paco Ruiz Marco, el Cojo. Va en silla de ruedas y “tiene una fuerza de voluntad acojonante”, me cuentan; para muchos, es el mejor penalista de Alicante. Hace años, compartió despacho con Cánoves, con quien escribió un libro; y pleiteó contra los Sala Martínez. Ahora acusa al yerno en nombre del hijo. Su despacho está al lado de la Comisaría de la Policía Nacional. El veredicto lo votará un jurado popular. �