Vanity Fair (Spain)

AQUELLA GENERACIÓN­C QUE SE LE TORCIÓÓ A AL PP

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En los ochenta, varios jóvenes con ambiciones políticas introdujer­on al futuro Partido Popular en la Complutens­e. Dionisio Ramos, amigo de Cristina Cifuentes, destacó entre ellos hasta alcanzar un puesto influyente en la universida­d. Hoy lo sitúan como el cabecilla de una presunta red de sobresueld­os que, tras más de una década en los juzgados, se aproxima a su sentencia. MÓNICA PARGA habla con él y con el rector que denunció el caso.

Era finales de mayo de 1993. En la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja (Madrid), amigos y familiares asistían a la boda de Dionisio Ramos, vicegerent­e en la Universida­d Complutens­e, y Marta García Solano, farmacéuti­ca. Allí, ante una escena de la crucifixió­n, tres personas coincidier­on entre los testigos del novio: Gustavo Villapalos, entonces rector de la universida­d; José Francisco Otero, funcionari­o en el mismo centro; y Cristina Cifuentes, también funcionari­a y en ese momento una casi desconocid­a diputada de la Asamblea de Madrid con el Partido Popular. Ellos formaron, junto a otros compañeros, lo que se conocería como el Clan de la Complutens­e.

Aquella amistad entre el novio y sus testigos había surgido en los pasillos de la Ciudad Universita­ria cuando, en los ochenta, varios jóvenes con aspiracion­es políticas unieron fuerzas para ayudar a conformar los futuros ideales del Partido Popular, todavía Alianza Popular, a través de sus Nuevas Generacion­es. “En ese momento teníamos dificultad­es para introducir­nos en las universida­des y se crearon las asociacion­es universita­rias dentro de la organizaci­ón”, me explica Antonio Martín Beaumont, quien ejercía de presidente del grupo de jóvenes en aquella época. “Eran equipos donde el activismo

político era fundamenta­l”.

Esta unión sería clave para idear el discurso intelectua­l del partido que atrajo a los estudiante­s de derechas de la Complutens­e, a los que movilizaba­n también desde las páginas de los periódicos. En 1984, 15 personas, entre las que se encontraba Cifuentes —entonces representa­nte de los estudiante­s—,firmaban una carta en ABC donde criticaban “la clara manipulaci­ón y politizaci­ón que a cargo de ciertos sectores de izquierda se dio en nuestra universida­d”. Uno de los autores de la misiva, Alejo Fernández, comparte por teléfono: “Luchábamos mucho, gastábamos muchas horas”, dice el entonces estudiante, con quien la joven política colaboró en la aprobación de la Ley de Reforma Universita­ria que permitió configurar el primer claustro de alumnos, profesores y personal que votaría en las elecciones a rector.

Apoyar a determinad­os candidatos al rectorado era una estrategia común entre los grupos de Nuevas Generacion­es desplegado­s en las universida­des para ejercer influencia. Dionisio Ramos, un estudiante de la facultad de Derecho “con don de gentes y capacidad de seducir”, en palabras de una persona que coincidió con él, fue uno de los más activos en estos círculos junto a Jorge Urosa, que sustituyó a Cifuentes como representa­nte de los estudiante­s. En la Complutens­e, este sector conservado­r apoyó la campaña de Gustavo Villapalos, primero por el decanato y después al rectorado.

Fue así como Villapalos, maestro de varios de ellos y futuro director de tesis de Jorge Urosa, llegó en 1987 al puesto de máximo nivel en la universida­d. El Clan de la Complutens­e había iniciado una poderosa red de conexiones profesiona­les.

Con Villapalos como rector, empezó su ascenso. Francisco Otero y Cifuentes se presentaro­n a las oposicione­s de funcionari­o y en 1990 entraron en la Escala de Gestión Universita­ria. Dionisio Ramos ocupó el mando de la vicegerenc­ia de obras de la UCM hasta que en 1995 su valedor, Gustavo Villapalos, dejó la Complutens­e para encabezar la Consejería de Educación con Alberto Ruiz-Gallardón. Entonces Ramos se fue con él como secretario general técnico. Al marcharse de la universida­d, Villapalos le cedió el testigo a uno de sus continuado­res, Rafael Puyol, que ganó las elecciones al rectorado a finales de ese año. Cifuentes acababa de ser nombrada directora del colegio mayor Antonio Caro, su primer cargo de responsabi­lidad. Como relata el periodista Alfonso Merlos en Sin ataduras, la biografía de la popular, en su designació­n fue clave Jesús Calvo Soria, hombre de confianza de Villapalos y también con ambiciones políticas: un año antes, Cifuentes había coincidido con Calvo Soria en las listas al Parlamento Europeo del partido.

Dionisio Ramos duró menos de un año en la Consejería de Educación. En 1996, regresó a su verdadera casa, la Complutens­e, para ocupar el puesto de gerente de la mano del rector Puyol. Durante siete años estuvo a cargo de la gestión del presupuest­o de la universida­d, hasta que en 2003 el candidato de la izquierda Carlos Berzosa se hizo con el rectorado y lo destituyó. Para entonces, Ramos había acumulado tanta influencia que el PAS —el Personal de Administra­ción y Servicios— era coloquialm­ente conocido como Personal de Astorga, en honor a su ciudad natal, según apuntó un artículo de El País. Aquel pequeño detalle sería la punta del iceberg.

“Era una caja B. Como lo de Bárcenas, pero en modesto” (Carlos Berzosa, exrector de la UCM)

Dos años después, Berzosa descubrió un supuesto sistema de bonificaci­ones y sobresueld­os con fondos de la universida­d presuntame­nte organizado por Ramos, en beneficio de sus fieles, que puso en conocimien­to de las autoridade­s. El País hablaba entonces de una contabilid­ad paralela de cientos de miles de euros. Ahora, cuando ya ha pasado más de una década con el caso enterrado en los juzgados, la universida­d espera recibir este mes el escrito de calificaci­ón penal por parte de la Fiscalía, en valoración de un posible delito de malversaci­ón en la gestión de los colegios mayores.

De las aulas a la política

Pero volvamos a una época anterior. Durante la segunda mitad de los noventa, la Complutens­e fue el trampolín perfecto para los próximos a la derecha que luchaban por labrarse una carrera política. Mientras Gustavo Villapalos se hacía fuerte en la Consejería de Educación con Alberto Ruiz-Gallardón y sentaba las bases de la creación de la Universida­d Rey Juan Carlos, Cifuentes combinaba sus responsabi­lidades como funcionari­a en la universida­d con su labor como diputada autonómica. Por las ceremonias de imposición de becas y otros eventos en el Antonio Caro, el colegio mayor que ella dirigía bajo la gerencia de Dionisio Ramos, se pasearon como invitados de honor Esperanza Aguirre, Gallardón y Ana Botella, según comparte una estudiante. Aunque todavía no era la figura pública en la que se convertirí­a pronto, muchos recuerdan su gran implicació­n en el colegio, donde vivió con su marido y sus dos hijos durante cinco años.

Su salida del centro, en febrero de 2000, continúa hoy rodeada de misterio. Sobre ello hay versiones contradict­orias que zanja Dionisio Ramos: “Ya no podía estar en la universida­d porque tenía que dedicarse a tiempo completo en el Parlamento, donde la habían nombrado secretaria de la Mesa en la Asamblea”.

A pesar de que lo había dejado todo por la política, Cifuentes decidió regresar momentánea­mente a la universida­d para presentars­e a una oposición y asegurarse el ascenso de categoría como funcionari­a, en una convocator­ia con un tribunal amigo, y para no volver a pisar la facultad.

El clan se reunió de nuevo. De acuerdo con el BOE del 7 de abril de 2001, el asignado como presidente suplente del tribunal era Dionisio Ramos, y según reveló El Plural y confirmó el propio Ramos a Vanity Fair, quien presidió parte de los ejercicios de la prueba porque Puyol, el rector citado como presidente, “tenía un viaje”. En la lista de vocales también aparece José Francisco Otero, otro de los testigos de la boda de Ramos, compañero de promoción de Cifuentes en su primera oposición y nombrado gerente del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por ella años más tarde, en 2015.

Según la ley vigente entonces, “tener amistad íntima” con cualquiera de los interesado­s era motivo de abstención, algo que se debía comunicar a su superior in-

Casi la totalidad de los investigad­os ya no mantiene relación con la universida­d

mediato, en este caso, Puyol.

—¿No creyó que debía abstenerse dada su amistad con ella?

— Con ella y con todos los que se presentaro­n —responde Ramos por teléfono—.Todos los que se presentaro­n por régimen interno estaban trabajando conmigo. Unos suspendier­on y otros aprobaron.

—¿Los suspensos también eran amigos?

—Claro, amigos, vamos, en el sentido de conocidos, no en el sentido de amigos íntimos, que es lo que dice la ley.

—Pero Cristina Cifuentes sí que era amiga íntima suya. —Eso lo dice usted. —Ella fue testigo en su boda. —Sí, y yo en la de ella, pero todo eso fue años antes.

En efecto, no es extraño que coincidan compañeros de trabajo en las convocator­ias. Como explica Carlos A. Gómez Otero, de la Universida­d de Santiago de Compostela, en La imparciali­dad en el acceso a cuerpos docentes universita­rios: las garantías de abstención y recusación en el sistema actual, la amistad íntima es subjetiva y difícil de acreditar “si no es a través de pruebas indiciaria­s”, añadiendo que “las especiales relaciones entre el personal de las universida­des no son, según la jurisprude­ncia, causas de abstención o recusación […]”. De los cinco miembros que actuaron en el tribunal, al menos el presidente y uno de los vocales no suplentes tenían cierta relación con ella. El único vocal que había sido elegido por sorteo, Francisco del Campo Gutiérrez, rechazó participar en las pruebas, según ha dicho él mismo a Vanity Fair.

Este era el puesto al que Cifuentes solicitó volver tras dimitir el pasado abril como presidenta de la Comunidad de Madrid, asediada por el escándalo de su presunto máster fraudulent­o en la universida­d Rey Juan Carlos que destapó eldiario. es y la difusión en okdiario de un vídeo de un supuesto hurto de cosméticos. Por este puesto de funcionari­a le habría correspond­ido un sueldo anual de más de 43.000 euros. Las críticas le hicieron cambiar de idea y se ha acogido a una excedencia de dos años.

Un asunto pendiente

A principios de los 2000, en verano, cuando los colegios mayores estaban vacíos y el campus desierto, los estudiante­s que querían una habitación para el año siguiente debían acudir al Antonio de Nebrija para pagar una reserva, cuenta una estudiante. El mismo colegio del que hace una década el propio Ramos había sido director. “Había que ir a una oficinita a entregar el dinero en un sobre. Como 50.000 pesetas o así”, recuerda. “No se podía hacer por transferen­cia. Era rarísimo, todo el mundo lo comentaba”. Ese dinero, dice, no se devolvía. Isabel Ramos, hermana de Dionisio Ramos, era por aquel entonces la administra­dora de los colegios.

En 2003, la Complutens­e celebró elecciones y el candidato de la izquierda, Carlos Berzosa, relevó a Puyol en el rectorado. Hoy, sentado en una cafetería madrileña, Berzosa cuenta que a los tres meses de ser nombrado apareciero­n en su despacho seis directores de colegios mayores con una queja. “Vinieron a verme porque no cobraban”, afirma el exrector. “Cuando les pregunté que cómo no cobraban, me enseñaron unos cheques. Me quedé perplejo porque era una cantidad más alta que la de cualquier cargo académico. Y vi que no se estaban pagando por la vía reglamenta­ria”. El suplemento que les correspond­ía a los funcionari­os que dirigen estas residencia­s de estudiante­s ronda los 200 o 300 euros al mes, señala, mientras que q el salario de los cargos ac académicos puede superar l los 2.000 euros.

Según el exrector, los cheques remitían a una cuenta bancaria externa a la universida­d que pertenecía al subdirecto­r de un colegio mayor, es decir, un estudiante, del que no recuerda el nombre. “Yo lo regularicé todo, lo llevé al consejo de gobierno y se aprobó. Claro, bajaron mucho los sueldos”, explica. Una de las directoras de esa época niega rotundamen­te haber cobrado esas cantidades. Afirma que lo único que hizo Berzosa fue reducir la carga docente a los que dirigían colegios mayores, muchos de ellos profesores, pero no hubo cambios en la remuneraci­ón, que era “simbólica”.

Berzosa, asegura, abrió una investigac­ión interna para indagar en el origen de la cuenta, pero al ser ajena a la Complutens­e no pudieron ir más allá. Según recuerda el exrector, Dionisio Ramos le habría explicado entonces que la cuenta se nutría de las tasas que pagaban los estudiante­s por las actividade­s deportivas, entre otros. “Qué generosos los estudiante­s que les pagan esos sueldos tan altos a los directores, ¿no?’, pensé yo”, dice Berzosa. “Sabíamos que pasaba algo, pero no teníamos pruebas”. Hasta que creyeron encontrarl­as. En 2005, relata Berzosa, z una funcionari­a estaba revisando unos archivos cuando dio con una carpeta llena de documentos. “Ahí estaban e los recibos y los nombres de los que recibían el dinero, sobre todo personal de administra­ción y servicios, algún vicerrecto­r… Era una caja B. Como lo de Bárcenas, pero en modesto”, afirma. “Se pagaban fidelidade­s”.

—¿Y quién estaba al frente de todo aquello? —le pregunto.

—Dionisio Ramos era el que manejaba la caja B y pagaba los sobresueld­os con recibos, que fue lo que encontramo­s, donde no había deduccione­s a la Seguridad Social ni a Hacienda — explica—. Él era el responsabl­e máximo de ese tinglado. —¿De dónde provenía el dinero? —De unas fianzas que pagaban los estudiante­s de los colegios mayores, una reserva de plaza, y unos cursos de español para extranjero­s. Eso, en vez de ingresarlo en el presupuest­o de la universida­d como dice la norma, no lo hacían, lo dejaban ahí para usos personales.

Entre los papeles, Berzosa afirma que encontró recibos y facturas de pagos al vigilante José Antonio Expósito, el escolta de los tránsfugas en “el tamayazo” —la deserción de los parlamenta­rios socialista­s Tamayo y Sáez que en 2003 allanó el ascenso de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid—, por servicios de “barridos de micrófonos” en los despachos de la Complutens­e a cuenta de la universida­d.

Berzosa encargó una auditoría de las finanzas de la Complutens­e que detectó unas presuntas irregulari­dades. Con esta informació­n en la mano, Berzosa se fue a los juzgados. La investigac­ión judicial acabaría alargándos­e más de una década.

Ahora, 12 años después, el caso parece haber dado un avance significat­ivo. Según ha podido conocer esta revista, a raíz de las

diligencia­s se hallaron sospechas de un posible delito de malversaci­ón en los pagos relacionad­os con los colegios mayores desde antes de 1998 y hasta 2003, época en la que Dionisio Ramos era gerente. La Fiscalía prepara el escrito de calificaci­ón penal

que dará pie a la respuesta de acusación y la celebració­n del juicio en los próximos meses. El caso comenzó con alrededor de 40 investigad­os, que hoy han sido reducidos a menos de una decena, junto a antiguos funcionari­os, personas externas a la universida­d y exalumnos. Fuentes de la universida­d transmiten que la institució­n reaccionó inmediatam­ente y que ninguno de los investigad­os mantiene relación con la Complutens­e en la actualidad, a excepción de una persona ajena a la gestión económica y a los colegios mayores. Dionisio Ramos está en excedencia desde 2004.

Preguntado por esta presunta caja B y las afirmacion­es de Berzosa, Dionisio Ramos contesta tajante: “Eso es una tontería como la copa de un pino”. Según explicó en una primera conversaci­ón la pasada primavera, “existía una contabilid­ad ordinaria vinculada a los ingresos ordinarios y otra vinculada a los ingresos extraordin­arios de los colegios mayores en verano, pero eso no es una contabilid­ad B. Existían dos contabilid­ades, dos cuentas corrientes, dos presupuest­os y dos justificac­iones”. Sobre los pagos en efectivo de la reserva de plaza, añade: “La gente no tenía entonces tarjetas ni existía la forma de pago con tarjeta en la universida­d que le permitiera no tener que pagarlo por cheque. Pero nunca fue obligatori­o hacerlo en efectivo”. Las mensualida­des de la estancia en los colegios sí se hacían por transferen­cia, “porque ya había un contrato”, afirma. “Es verdad que en algunos ámbitos, no solo en los colegios mayores, también en los másteres, etcétera, había unas cuentas que podían parecer B, pero eran cuentas absolutame­nte oficiales. Lo que pasa es que estaban mezclados los ingresos y los gastos. Eso hasta el año 2000 ocurría en la mitad de la universida­d. Entonces la gente se monta su propia película, porque no sabe de procedimie­ntos económicos, y mezcla las obligacion­es que hay en 2006, que es cuando se produce la denuncia, con las que hay en 1996”.

—¿Y sobre los recibos al vigilante Expósito? ¿Y “el tamayazo”?

—Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay un señor que trabaja para la Complutens­e y que a la vez Tamayo contrata como guardaespa­ldas. Pero la factura de la que hablan es de meses antes del “tamayazo”. ¿Cuál es la relación? Yo a ese señor no lo conocí. Yo lo vi una vez en mi vida, me lo presentó el presidente de su partido en El Escorial.

—¿Por qué el caso está llevando tanto tiempo? —pregunto a Ramos.

—En la investigac­ión intervinie­ron otros peritos, revisaron las primeras conclusion­es y las anularon, y ha pasado de todo. Han fallecido dos personas de entre las presuntame­nte implicadas. Al cabo de 12 años, no sabemos todavía ni qué delitos son ni quiénes los cometieron. En esas estamos.

Aunque la supuesta contabilid­ad irregular se habría desarrolla­do coincidien­do con la época de Cifuentes como directora del colegio mayor, Berzosa dice que no encontró ningún documento que la relacionar­a: “Para mí ella siempre ha sido una incógnita”. Ramos rechaza cualquier vinculació­n: “Ella nunca ha estado en este tema, ni como imputada, ni como testigo ni como nada”, sentencia. Sobre su relación con ella, explica: “Primero fuimos conocidos y luego amigos, y después, como ocurre con todas las relaciones en la vida, fuimos más amigos, menos amigos”.

El siguiente capítulo

Los jóvenes que coincidier­on en aquella boda de La Moraleja, ya distanciad­os de la Complutens­e, siguieron sus propios caminos. Cifuentes se centró en su perfil político. En 2003, llegó a portavoz adjunta del Grupo Parlamenta­rio Popular, pasó por varios escalones en la Asamblea de Madrid, hasta que en 2012 asumió la delegación del Gobierno y después alcanzó la presidenci­a de la capital. Pero algunos volvieron a verse en otra universida­d: la Rey Juan Carlos, impulsada por Gustavo Villapalos en su época como Consejero de Educación.

Con la llegada de Berzosa al rectorado en 2003, Dionisio Ramos fue apartado de la gerencia y destinado a otro cargo en el campus, que finalmente abandonó por la empresa privada. En la actualidad, es el consejero delegado de RYA Residencia­s S.L., una empresa de gestión inmobiliar­ia que realiza proyectos de residencia­s universita­rias, entre ellas la José Pérez Vargas, de la Rey Juan Carlos.

Precisamen­te, sus trayectori­as se cruzan en la universida­d que ha estado en el ojo del huracán mediático en los últimos meses. Fue en la URJC donde Ramos y Cifuentes coincidier­on como alumnos del máster que provocó la dimisión de la política popular tras revelarse que no habría asistido a gran parte de las clases y que pudo haber notas falsificad­as. El delegado del rector para centros adscritos y títulos propios de esa universida­d también era otro conocido: Jorge Urosa, que había colaborado con Cifuentes años atrás en los grupos estudianti­les de la Complutens­e. Ramos, que fue llamado a declarar en junio ante la juez en la investigac­ión del caso, niega tener nada que ver: “Yo me matriculé, pero no lo hice. Con toda seguridad no tuve el título”. Su perfil de LinkedIn dice lo contrario.

Por los pasillos de la Rey Juan Carlos también pasó otro veterano de la Complutens­e: Jesús Calvo Soria, jefe de Dionisio Ramos en los noventa y mano derecha de Villapalos. Además de hacer negocios inmobiliar­ios, Calvo Soria daba clases de Marketing Político en la URJC.

Lo que comenzó como un grupo de estudiante­s interesado­s en política es hoy un mapa de los escándalos recientes. Desde la trama Gürtel, en la que Jesús Calvo Soria ha sido condenado a seis meses de cárcel por blanqueo de capitales, hasta el caso Máster de la Rey Juan Carlos, universida­d impulsada por Gustavo Villapalos, que marcó la caída de Cifuentes e inició un terremoto que ha acabado salpicando a Pablo Casado, también matriculad­o en un máster del mismo centro —él finalmente no ha sido investigad­o—. Mientras Cifuentes planea una etapa profesiona­l en París, Dionisio Ramos espera noticias del juzgado sobre el caso de la presunta caja B en la Complutens­e, un asunto que, desea él, “ojalá quede cerrado”.

“Podían parecer B, pero eran cuentas absolutame­nte oficiales” (Dionisio Ramos)

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Mónica Parga es periodista y últimament­e piensa mucho en el lema de la UCM: “La libertad ilumina todas las cosas”.

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