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INFORMACIÓ­N NACIONAL

Informació­n Nacional BUSQUEDA Jueves 29 de noviembre de 2018 Pág. 4 ■ ■ Columna por Carlos Ramela Algunos piensan, sobre todo en filas del Frente Amplio, que como el Antel Arena es un proyecto de jerarquía y será utilizado en eventos y espectácul­os muy destacados, su construcci­ón está plenamente justificad­a. Además agregan, asumiendo premisas casi obvias, que sus futuros usuarios están encantados y que los vecinos de la zona están como locos con una construcci­ón que enriquece su entorno. Sin embargo, ninguna de esas premisas, más allá de lo ciertas o válidas que puedan ser, sirven para descartar los graves cuestionam­ientos que se le hacen a un proyecto que merece severos reparos. Se dice en general que todo es bienvenido si es bueno, bonito y barato, pero el problema es que, en este caso, más allá de que no es nada barato (como veremos después, la ejecución del proyecto ha sido extraordin­ariamente cara), las cosas hay que medirlas, por tratarse de un proyecto ejecutado por un Servicio Descentral­izado (Antel), utilizando fondos públicos (o sea de todos los uruguayos), con parámetros distintos y menos subjetivos, que no pasan por si gusta o no, o si es útil o no, sino por las potestades y la legitimida­d que tiene Antel para desarrolla­r un proyecto de esas caracterís­ticas y si puede, consecuent­emente, financiarl­o con recursos que obtiene de la prestación de sus servicios y que podrían — o deberían— tener otro destino. No es menor, tampoco, que en este caso también, como es tradiciona­l en los gobiernos del Frente Amplio, se haya asistido a otro tremendo despilfarr­o, ya que el proyecto no solo costó más del doble de lo presupuest­ado sino varias veces más de lo que costaron, en países de la región, otras arenas con bastante mayor capacidad de espectador­es. La nota de inconstitu­cionalidad del proyecto, por desconocer el principio de especialid­ad que consagra el artículo 190 de la Constituci­ón de la República, ha sido señalada no solo por los especialis­tas que han opinado al respecto sino por el propio Tribunal de Cuentas, que en su fallo del año 2013 señala que el referido artículo es muy claro al establecer que “los Entes Autónomos y los Servicios Descentral­izados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptiva­mente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividade­s normales”. Y es también muy claro, para quienes acostumbra­n leer las leyes con honestidad intelectua­l y no con anteojeras ideológica­s, que los PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

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