El Observador Fin de Semana - Cromo

Cómo borrarse

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Diez veces por día, el hombre consultaba su nombre en Google. No era egolatría. Era una obsesión. Buscaba, leía y releía y el resultado era siempre el mismo: encontrars­e y leer sobre sí mismo lo perturbaba. El daño psicológic­o era evidente; lo mismo sucedía con el daño que había sufrido su reputación online. Tal vez también había padecido daños económicos. ¿Qué podía hacer? Consultó sobre “el derecho al olvido”, un derecho que no recoge de forma específica la legislació­n uruguaya pero que puede pelearse si se quiere borrar un dato publicado en internet.

El remedio no es barato ni fácil ni rápido. Sin Rastro, una firma chilena especializ­ada en derecho al olvido, dio sus tarifas a Cromo: desde US$ 50 a US$ 7.000 por link, según el contenido que se quiere eliminar. El retiro de una página de un medio de comunicaci­ón no tiene el mismo costo que borrar un nombre de un directorio online, de redes sociales o incluso borrar un viejo fotolog. “Muchos tuvieron uno y ahora les perjudica cuando buscan trabajo”, dijo su representa­nte, Florencia Ibáñez.

Algunos clientes de Sin Rastro han solicitado la eliminació­n de entre 30 a 40 enlaces de sitios de noticias u otras páginas “bien posicionad­as” y pagaron hasta US$ 30 mil. Se trató de famosos, políticos, empresario­s y entidades bancarias de Chile.

El plazo para cumplir con el trabajo se extiende entre 5 y 30 días, dependiend­o de la complejida­d. Pero Sin Rastro tuvo que enfrentars­e a algunos casos que se prolongaro­n hasta por ocho meses.

El abogado uruguayo especializ­ado en derecho de la informació­n y datos personales Pablo Schiavi apuntó que lo que se conoce como cleaning digital, es decir, la limpieza de la reputación online, puede llevar “un año o dos” y nunca será suficiente. Basta pensar en la viralizaci­ón de los videos íntimos del periodista deportivo Rodrigo Romano. “Por más que baje los retuits, nunca voy a poder ir al video que está en los celulares. Uruguay tiene la tasa más alta de celulares de América Latina. ¿Y si te digo que está en más de 300 mil o en 1 millón?”, dijo el experto a modo de ejemplo.

Exposición permanente

¿Pero solo los famosos o políti- cos pueden apelar al derecho al olvido? No. Cualquier persona puede hacerlo. El derecho al olvido apunta al derecho del titular del dato a que su informació­n personal no permanezca “de manera indefinida y permanente” en las redes sociales e internet. “La informació­n está viva las 24 horas al día, los 365 días del año. Antes la informació­n era reservada para determinad­as personas y hoy todo el mundo puede acceder y está todo libre”, analizó Schiavi.

Ibáñez agregó: “Es el derecho de solicitar borrar, bloquear o suprimir informació­n personal de internet que, de alguna manera, afecta el libre desarrollo de alguno de los derechos fundamenta­les de una persona, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerar­se como informació­n obsoleta, de modo que ya no estaría cumpliendo con su propósito inicial por el cual fue recabada y publicada”.

En este sentido, los abogados de Sin Rastro buscan y actúan ante delitos cometidos en internet (como injurias, calumnias o revelación de secretos), ataques contra el honor de las personas físicas o jurídicas y contra los derechos de marca.

Por ejemplo, Schiavi ha tenido casos de cirujanos que reclamaban la eliminació­n de noticias que los vinculaban a la muerte de pacientes sin recoger luego que la Justicia determinó Redes sociales

El primer paso es borrar la cuenta elegida. Aunque la opción de desactivar o eliminar la cuenta se encuentra, a menudo, escondida, todas las plataforma­s la ofrecen dentro del menú de configurac­ión. Identidad

Existen herramient­as que funcionan como agregadore­s de datos personales online, por ejemplo, Peekyou o Buddyfetch, Yoname o Zoominfo. Hay que buscarse y eliminarse de estos sitios. Listas de correo

El internauta puede cancelar suscripcio­nes a boletines, promocione­s o anuncios de empresas en las que se haya suscrito. Adiós al mail

El último paso para borrar la identidad digital es eliminar la cuenta de correo electrónic­o. su inocencia. “La noticia sigue como si el cirujano hubiese sido culpable”, apuntó Schiavi. En Colombia, el Régimen General de Protección de Datos exige que los medios de comunicaci­ón actualicen la noticia. En Uruguay, en cambio, no hay ninguna obligación puesto que el derecho al olvido no está contemplad­o de forma específica en la legislació­n.

Otro caso posible tiene que ver con una persona condenada por determinad­o delito pero que cumplió la pena y tiene derecho a que su nombre no permanezca asociado de por vida a esa informació­n publicada en la red. O una persona que no quiere seguir asociada a una empresa o una persona que no quiere que determinad­as fotos o videos sigan pululando por internet.

En Uruguay, si bien el derecho al olvido carece de una regulación propia y específica, podría considerar­se comprendid­o en el régimen general de protección de datos personales consagrado en la ley 18.331 de 2008. La norma establece el derecho de toda persona para solicitar la rectificac­ión, actualizac­ión, inclusión o supresión de datos personales que le correspond­a incluidos en una base de datos, al constatars­e error o falsedad o exclusión en la informació­n de la que es titular. Respecto al derecho al olvido, no necesariam­ente las solicitude­s refieren a informacio­nes erróneas, falsas o parciales.

“Antes, vos tenías un problema con alguien y terminaba en un juzgado. ¿Cuánta gente se enteraba de eso? Ahora vos tenés una justicia paralela en las redes sociales”, dijo el abogado.

Colisión de derechos

Sin Rastro, amparada con la legislació­n chilena, tiene cada vez más trabajo; Schiavi, sin le- gislación específica en Uruguay, también. Algunos casos son, en su opinión, “claros”, pero otros quedan en una “eterna discusión” por la colisión que supone entre dos derechos: “¿Qué prima: el derecho a la informació­n o el derecho de la persona a no permanecer las 24 horas, los 365 días con su nombre en las redes?” La clave que falta para despejar la interrogan­te es contar con una norma particular. Y añadió: “Tendría que estar en la agenda del próximo gobierno aggiornar toda la legislació­n de datos”.

Para Ibáñez hay que tener en cuenta si se trata de informació­n de interés público o no obsoleta; en ese caso, no se podrá solicitar el retiro de los links que involucra a una persona. “Habrá perdido esa parcela privada que le da el derecho”, precisó. Pero aquí debe ingresar un concepto espinoso: ¿qué se entiende por figura pública? “No cuenta con el derecho a la informació­n que tienen, por ejemplo, los medios de comunicaci­ón sobre ella”, dijo la representa­nte de Sin Rastro. El término puede ser claro para políticos o celebridad­es, pero los expertos indicaron que no lo es para, por ejemplo, funcionari­os públicos (no políticos), empresario­s o profesiona­les y, con todo, Schiavi no está de acuerdo con que pierdan el derecho al olvido.

La mayoría de los casos en los que ha trabajado Schiavi no se judicializ­an, sino que son resueltos con acuerdos entre las partes. En Argentina, con legislació­n específica, el tema adquiere otro nivel. “Allí hay una industria de demandas contra Google”, apuntó. Respecto al gigante de las búsquedas, el abogado dijo que es “una batalla” que deja para una segunda instancia, luego de que se resuelve con el medio que subió en primer lugar la informació­n que el cliente quiere que sea eliminada de internet. “Google se nutre de informació­n. Si el medio baja la noticia, en tres o cuatro días, desaparece (del buscador)”, comentó. Pero nunca se sabrá si alguien siguió googleando el nombre o si alguien más sube nuevo contenido. l

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