Un atajo para los más débiles
Según informó La diaria, el 24 de abril el Poder Ejecutivo emitió un decreto que otorgará la residencia legal a personas extranjeras que permanezcan en el país en forma irregular y que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad. Cada caso deberá ser analizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que realizará una evaluación socioeconómica y emitirá un diagnóstico.
Federico Graña, director nacional de Promoción del Mides, dice que esta iniciativa tiene varios años y que no fue pensada especialmente para esta coyuntura, sino para atender casos de individuos que llevan años residiendo en el país. La Junta Nacional de Migración está estudiando los requisitos para certificar la permanencia y los criterios de vulnerabilidad que permitirán este amparo. En ese sentido, reconoce que el decreto podría resultar de ayuda para algunos inmigrantes recientes que no puedan conseguir de ninguna manera la documentación requerida para el trámite de residencia. Pero, antes deberán demostrar por escrito haber agotado las posibilidades de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente en todos los organismos pertinentes, información que el Mides deberá constatar.
Aunque aún no está definido el protocolo de acción, debido a que en el Chuy el Mides no cuenta con personal para realizar esta evaluación técnica, la organización civil Idas y vueltas se ofreció a realizar los informes sociales. “Apelo a que este decreto nos ayude a resolver los casos más graves”, dice Karla Mateluna.
El anuncio de este decreto hizo correr el rumor de que, al acceder a la residencia legal, los inmigrantes podrían votar en las próximas elecciones. José Arocena, presidente de la Corte Electoral, aclaró a Telenoche que, una vez obtenida la ciudadanía, deben esperar tres años más para tener la credencial, lo que los dejaría sin chance de votar en 2019.