Cambios al CPP limitan acción de los fiscales y los defensores
Los procesamientos cayeron 39% en cinco meses con la aplicación del nuevo Código
Algunos casos trágicos muestran que hay una delincuencia exacerbada, callejera, sin códigos y que no le teme al sistema. En muchas ocasiones esos delincuentes quedan impunes por desinteligencias y problemas de interpretación sobre el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) realizadas por los operadores del sistema, y por la sobrecarga laboral de los fiscales. Ahora el Ejecutivo se propone introducir modificaciones al CPP para terminar con ese fenómeno.
Los problemas mencionados se traducen en una menor cantidad de procesamientos desde la aplicación del nuevo sistema que comenzó a regir el 1° de noviembre del año pasado.
Una respuesta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a un pedido de informes realizado por el diputado colorado Ope Pasquet —a la que accedió El País— muestra que desde noviembre de 2016 a marzo de este año, los procesados (con y sin prisión) cayeron 39%.
El informe, que ingresó a la Cámara de Diputados el miércoles 2, expresa que, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 se registraron 5.264 procesados (3.328 con prisión y 1.936 sin prisión).
Mientras que desde noviembre de 2017 —cuando comenzó a aplicarse el nuevo CPP— a marzo de este año hubo 3.215 procesados (1.942 con prisión y 1.273 sin prisión).
De todos modos, si se mira mes a mes el número de procesados viene aumentando paulatinamente. En noviembre de 2017 los procesados fueron 400, en diciembre 552, en enero 585, en febrero 620 y en marzo 724.
MIEDO. La nurse Selva L. lloró toda la noche del viernes y la madrugada de ayer en la sala de espera del CTI de la Médica Uruguaya. Perdió a un hijo en un accidente de tránsito y el otro, de 23 años, está grave tras recibir una bala en el tórax por la espalda pese a que entregó su bicicleta y championes. El agresor está prófugo.
El “Kiki” mató a su expareja. Por problemas procesales, se mantuvo prófugo y tres meses después ultimó a la cajera del Súper Vero, Florencia C., y disparó a quemarropa al guardia de seguridad. En el comercio no se enfrentaron al rapiñero.
El policía Luis M., de 44 años, fue asesinado en la puerta de un supermercado del Cordón. La Fiscalía pidió audiencia para extender el plazo legal de detención del sospechoso, pero por un problema informático el juez no dispuso la instancia. El homicida recuperó la libertad y días más tarde fue recapturado. Esos son algunos de los casos que interpelan la aplicación del nuevo CPP.
MODIFICACIONES. Por ello, para superar los problemas que surgieron en la aplicación del nuevo Código, el gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento con “ajustes” al sistema. Se dota de un fuerte respaldo legal a la Policía a la hora de realizar detenciones e investigaciones, se modifican los requisitos para disponer la prisión preventiva y se excluye la libertad anticipada cuando hay acuerdo entre fiscal y defensa. A su vez se establece que los reincidentes de delitos no tendrán derecho de esperar el juicio en libertad.
El origen de los cambios al nuevo CPP surgió en una sesión de la comisión de Constitución del Senado donde participaron jerarcas de la SCJ, Fiscalía de Corte y Ministerio del Interior. La convocatoria fue promovida por el senador del Partido Independiente Pablo Mieres tras un cruce de acusaciones entre los operadores del sistema penal.
En la comisión, jerarcas gubernamentales y del sistema judicial coincidieron en que la figura más polémica era el acuerdo entre fiscal y defensa sobre la pena a un acusado en el marco de un juicio abreviado. Por ejemplo, ambas partes acordaban que el indagado enfrentaría una pena de cuatro años por una rapiña. Sin embargo, al poco tiempo el defensor solicitaba la libertad anticipada.
“En el nuevo proyecto de ley del gobierno se le incorporan dos límites al acuerdo entre fiscal y defensa: uno, que no se puede acordar una pena que esté por debajo de la mínima establecida para el delito imputado. Y el otro, que la pena acordada se debe cumplir con totalidad”, dijo Mieres.
El ex fiscal penal Gustavo Zubía dijo a El País que no le molesta que los cambios procesales vuelvan, de alguna forma, al viejo decreto de detención en averiguaciones —hoy derogado— bajo un marco más constitucional.
“Pero me llama poderosamente la atención que se esté dando estas facilidades ahora a la Policía cuando se hizo gárgaras antes de aplicar el nuevo Código de que iba a haber las mayores garantías cuando la Policía detuviera” a personas, agregó Zubía.
Para Pasquet, la baja en la cantidad de procesamientos está relacionada a la explosión de denuncias y la sobrecarga laboral de los fiscales. “Eso marca con claridad que el nuevo proceso todavía no funciona con la eficacia que debería, aunque se va notando una mejora mes a mes”, subrayó.
Según dijo, se deberían reservar recursos en la Rendición de Cuentas para la contratación de más fiscales.
El nuevo Código fue pensado para un universo de 18.000 hechos policiales mensuales y la realidad lo superó (23.000 casos en el mismo período), según dijo Díaz en el Senado.
“No nos duelen prendas en el sentido de si, en algún momento, cometimos algún error a la hora de prever los recursos humanos, en decirlo”, agregó el fiscal de Corte.
Ese error de cálculo es una de las causas por las cuales los fiscales tengan en sus bandejas de entrada entre 800 y 1.000 casos para investigar.