BRASIL PREVÉ MÁS MUERTES
GGG lo están solucionando. “Lo único que hacen es una represión contra el trabajador”, ya que entre los vehículos requisados hay motos y autos de vecinos que se desplazan sin chapa o con papeles que no están en regla, porque no pueden pagar el empadronamiento.
Rodríguez, como varios de los vecinos consultados, cree que el problema del narco se importó de Montevideo. “Se va a solucionar cuando limpien la casa por allá, porque acá todos sabemos quién mata y quién manda matar, pero nadie se mete”. No se meten, dice, porque no hay confianza en la Policía. “Hay muchos que son corruptos y no sabés para quién trabajan”. La condición para vivir en paz es no ver, no escuchar, no hablar.
Apenas se pone un pie dentro de la Seccional 5ta. se ve un diploma de la Jefatura de Rocha que destaca su labor en 2012. Son las cuatro de la tarde de un día de semana y el comisario no está. Tampoco estará presente a la mañana siguiente. Lo llaman y comunica que no sabe a qué hora llegará a su lugar de trabajo.
El oficial que transmite el mensaje pone una sonrisa irónica. “Viene sí, pero a la hora que él quiere”, lanza. Dicta el número de la comisaría y advierte que el teléfono a veces no funciona porque hay un problema con la batería. “Acá hay muchas carencias”, anuncia.
Son 60 los policías en el Chuy pero, según Ferreira, del sindicato, son muy pocos los que trabajan reprimiendo el delito. “Ese número reúne a los que integran la policía científica, comunitaria, el área de violencia doméstica, a los oficiales con licencia médica, los que están a punto de jubilarse y los que integran el PADO”. Por eso, cada turno tiene dos efectivos en la seccional y otros dos en tareas de patrullaje (el Grupo de Reserva Táctica). “Hace unos seis años, para fortalecer la seguridad en la capital y formar la Guardia Republicana,
La Fiscalía dice que trabaja bien con la Policía, pero los oficiales aseguran que no pueden cumplir sus órdenes.
el Ministerio del Interior dejó de cubrir las vacantes fuera de Montevideo. Acá se jubila un policía y no entra otro. Llevamos años reclamando que falta personal”, señala.
En la seccional dicen que se trabaja bien con la Fiscalía, pero que las órdenes están atrasadas porque son pocos para tanto trabajo. “A veces viene el comisario, mira los móviles y dice, ¿qué pasa que no los mueven? Y pasa que no hay funcionarios”, cuenta un policía. A uno de ellos le robaron el arma hace dos meses y aún no le dieron otra. El día que mataron a Pelé, entró solo y desarmado al turno. Por lo general no lo dejan salir; a veces se queda custodiando el armamento dentro de la comisaría. Consultado, Pereyra dijo que conoce el caso y se está haciendo el procedimiento administrativo que corresponde.
ATADOS POR LA LEY. Según comentan distintos policías, ellos saben quién mató a quién, pero no pueden detenerlos por falta de pruebas. Ferreira y otros oficiales confiesan que saben quién es y dónde está el que ordenó la muerte de Pelé. “El narco más pesado está actuando desde Velázquez. Se fue para allá cuando llegó la Guardia Republicana, pero sigue controlando todo lo que se mueve acá. Ese tipo vivía en mi barrio”, dice Ferreira, de la Asociación de Policías de Rocha.
Unos meses atrás, un brasileño baleó a un uruguayo frente a la seccional. “Cruzó la calle, y desde el lado brasileño nos hizo burlas. Eso pasa”, cuenta un oficial. El día en que se marchó para pedir la paz, Ferreira iba al frente. En nombre de sus representados reclamó más personal y una normativa que se adapte a la vida de la frontera. Pretende que se regule el accionar policial del otro lado de la “línea imaginaria” en la que termina Uruguay.
La persecución se detiene cuando empieza el otro país. Si un policía actúa un paso por fuera del cantero, es un civil armado ilegalmente. Según Ferreira, antes era habitual que los oficiales se cruzaran a los detenidos de cada lado por la noche, esposados. Ahora lo común es que lleguen brasileños baleados al Hospital del Chuy, mueran, los fiscales ordenen una autopsia pero no investiguen, “porque el delito ocurrió del otro lado”, argumentan desde la Fiscalía del Chuy.
Desde 2004 existe un acuerdo de coordi-