“HAY QUE PONERSE EN LOS ZAPATOS DE LA POLICÍA”

mismo ocurrió dos años atrás en Santa Vitória, cuando dos facciones entraron en guerra. “Se calmó porque murió un traficante y pudimos detener a los miembros de ambos grupos”, dice como si eso fuera posible de replicar en este escenario, ahora que murió uno de los líderes del Chuí.

Pero el inconveniente de la frontera reaparece: “Tenemos identificados a los narcotraficantes uruguayos. Creemos que están relacionados con las bandas de Minas y San Carlos. Están requeridos en Brasil, pero si yo cruzo y los detengo estaría cometiendo un secuestro”, explica encogiendo los hombros. ¿Por qué no los arresta la Policía en Uruguay? “Porque de ese lado no tienen un proceso iniciado, no tienen pruebas, el delito se cometió aquí”.

Buscándole una explicación a la ola de crímenes, autoridades de todo tipo señalaron la ausencia del Estado brasileño. Unos 17 de los 23 asesinatos ocurrieron en su territorio y ninguno había sido resuelto. Hasta ahora.

La oficina de la Policía Civil es tan discreta que su puerta de entrada pasa desapercibida entre los comercios de la cuadra. Allí trabajan los encargados de investigar los homicidios. Hay dos inspectores, de lunes a viernes, en horario de oficina. Uno de ellos acepta la entrevista. Lleva una década en el Chuí y dice que nunca había sido tan violento. Anuncia con entusiasmo que resolvieron seis de los ocho homicidios ocurridos en lo que va del año. “Es prácticamente imposible sacarles información a los testigos. Pero alguno siempre habla. Para resolver estos casos tuvimos que trabajar con informantes y a base de una presión constante”, revela.

La Policía Civil tiene en sus manos la orden de prisión preventiva para el que ordenó la muerte de Pelé y los dos sicarios que huyeron a Uruguay, pero hasta el momento no han podido localizarlos. Dice que la familia de Pelé está enemistada con una banda uruguaya, pero también con otra brasileña: tiene enemigos en cada lado de la frontera. “Esta es una calma momentánea porque todos están en guerra, algunos porque quieren quedarse con el territorio y otros por deudas y las deudas se cobran. Se están rearmando y esperando el momento indicado para volver. Va a haber más muertes”, advierte.

A 20 kilómetros de distancia, en Santa Vitória do Palmar un grupo de personas aguarda a que la Policía Federal retome sus actividades luego de un corte de dos horas que los funcionarios se toman para almorzar. Esta Policía investiga los delitos transnacionales. Uno de los delegados encargados grafica el panorama así: si antes incautaban 500 kilos de droga en la frontera, en el último año fueron dos toneladas. Dice que los delitos bajaron en el Chuí porque ellos llevan dos años investigando el tráfico. Y siguen haciéndolo para desentramar la ruta que tendría su origen en Paraguay. Desde allí traen marihuana, cocaína y crack, pasan la droga por Porto Alegre y el Chuy con destino a Montevideo, desde donde se distribuye para el resto del país. De regreso, como forma de pago, envían armas.

De vuelta en el Chuy, en la oficina de la Fiscalía no se interrumpe el trabajo para comer ni los fines de semana. La única fiscal titular —asesorada por tres fiscales adscriptos— se encarga de los casos del Chuy, La Coronilla, 18 de Julio, Barra del Chuy, La Esmeralda, Santa Teresa y San Luis. La sede, donde hay un solo efectivo policial, tiene apenas una sala de espera y un cuarto minúsculo para recibir a los denunciantes. No hay espacio ni privacidad para tomarle declaración a un testigo protegido. Por eso, en la Fiscalía dicen que la infraestructura les impide llevar adelante investigaciones ambiciosas.

De los tres asesinatos ocurridos en 2017 del lado uruguayo se resolvió solo uno, y de los tres de este año, cero. A falta de confesiones y de testigos, la investigación apuesta a un camino más lento en el que se buscan pruebas de ADN, el arma homicida, rastros en los celulares. Tan lenta es la pesquisa que en la Fiscalía revelan que hasta ahora no hay elementos para decir que los fallecidos murieron por ajustes de cuentas o peleas por el territorio. ¿Y cómo investiga la Policía si cinco de sus oficiales están amenazados? En la Fiscalía dicen que de eso no saben nada. Hasta ahora los oficiales del Chuy son su mano derecha.