¿Ciencia o política?
El politólogo Durán Barba ha dicho que cuando la sociedad discute sobre la seguridad, el gobierno respira aliviado. Para el “gurú” al que se atribuye la victoria de Macri en Argentina (dudoso) lo que mueve la aguja del voto es la economía, y el delito hace chispas pero no cambia el voto a la hora de definir.
El presidente Vázquez, que no parece ser un gran seguidor de Barba, decidió que la cosa no da para más, y dominó la agenda de la semana apuntando al tema. Primero con una mediática reunión en el balneario San Luis. Y luego con el anuncio de una comisión para buscar soluciones de fondo al tema. La medida de Vázquez se puede ver de dos formas.
Por la positiva, es una forma de asumir el mando y la responsabilidad política en un tema que preocupa a la sociedad, y que le estaba haciendo roncha al gobierno. En cierta forma, da respuesta a los reclamos del jefe de Policía Mario Layera, y se hace cargo de la responsabilidad de dar resultado y cumplimiento a una de sus promesas centrales de campaña.
Por la negativa, la creación de comisiones es la tradicional forma que encuentra la política uruguaya de hacer algo, cuando no se quiere hacer nada. Muchos años atrás, en tiempos formativos de este periodista, en la intendencia de Montevideo había un piso entero dedicado al funcionamiento de este tipo de comisiones. El tío Ceibal (recuerdo doblemente justificado a un año de su muerte) tenía la práctica de semanalmente dedicar un par de horas a visitar ese lugar, ya que había gente con mucha información y muy, muy aburrida. Por lo que era un vergel para encontrar noticias.
La cuestión de fondo es ¿se puede esperar soluciones a la crisis de seguridad de un ambiente así? ¿Va a cambiar el enfoque policial por lo que pueda aportar un representante de Primaria? ¿De la Agesic? Esto en un gobierno donde el Presidente fija como prioridad un tratado con Chile, y los sectores que, por ejemplo manejan el Mides como chacra propia, le dicen que no y no pasa nada.
Pero el tema no solo fue caballo de batalla de Vázquez. El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga también se tiró al agua, y reflotó una serie de ideas para reformar la Constitución. Los planteos son cuatro: que en caso de delitos graves haya una especie de cadena perpetua revisable a los 30 años; que el condenado no pueda salir libre sin cumplir efectivamente la pena; habilitar los allanamientos nocturnos, y que el ejército pueda apoyar a la policía en seguridad.
La propuesta de Larrañaga también tiene dos lecturas.
La política, donde busca afirmar su candidatura apuntando a un tema sensible en la población, y con el cual siempre se ha diferenciado del gobierno y de sus rivales en la interna. Está la tentación de creer que si una campaña similar con el tema de la imputabilidad no sirvió demasiado a Bordaberry en la última elección, por qué le funcionaría a Larrañaga. Pero en política no hay dos casos iguales.
Después está la lectura concreta de las propuestas. Acá entramos en valoraciones más personales, pero la condena perpetua parece un anacronismo decimonónico, que más allá de dejar contento a algún exasperado, poco va a hacer por convencer a un rapiñero pastabásico de morigerar su agresividad. Los allanamientos nocturnos son otra obsesión incomprensible, que solo afecta derechos constitucionales de gente honesta, y no cambia la ecuación para un delincuente. ¿Alguien cree que en tiempos de El Guardián y cámaras en cada esquina la policía no desarticula “bocas” de droga por no poder allanar de noche?
El tema militar es más complejo. Pero la gente que entiende del asunto te dice que el militar está para otra cosa. Y parece difícil de ver esa convivencia entre una fuerza policial que cuenta con todos los elementos materiales pero no logra resultados, y una tropa entrenada para la guerra, desmoralizada, y poco proclive a las delicadezas civiles. ¿Funcionará esa mezcla? ¿O será agregar nafta al fuego?
Justo en esa misma semana, The Economist publicaba un estudio sobre el envejecimiento de la población carcelaria en EE.UU., algo que al parecer es producto de las largas penas que allí se estilan, y de la drástica caída del delito en ese país. Entre 1993 y 2013 la tasa de delitos cayó de 52 crímenes cada 1.000 habitantes a 23. Y eso que en el medio tuvieron la peor recesión en casi un siglo, por no hablar de complejidades como la abundancia de armas y la migración masiva de los países más remotos y conflictivos. Si allí se pudo bajar el delito más de la mitad en 20 años, ¿por qué en Uruguay en diez años con todo a favor (economía, recursos, jerarcas policiales de lujo, según dicen) todo va peor?
Volviendo a Vázquez, este dijo algo interesante en su presentación. Llamó a usar una “metodología científica”, lo cual implica probar algo, evaluarlo, y si no marcha, cambiar el enfoque. Viendo los resultados actuales, si aplica solo la parte de evaluación con el Mides, el BPS, el ministerio del Interior, o Primaria, pueden rodar más cabezas que en la Revolución Francesa.
“Gobierno y oposición dedicaron la semana a discutir sobre seguridad pública. Las ‘soluciones’ planteadas dejan gusto agridulce”.