POBRES NÚMEROS DATOS DEL INE EN DISCUSIÓN
Uruguay alcanzó el mínimo histórico de pobreza en 2017: el 7,9% de las personas no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El dato fue celebrado por el presidente Tabaré Vázquez, quien enseguida lo atribuyó a las medidas implementadas por los tres gobiernos del Frente Amplio: “Ahí está el resultado de las políticas públicas llevadas adelante para atender a la población más necesitada”, dijo. Al igual que todos los años, el informe fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y no recibió el mínimo cuestionamiento, hasta que tres delegados de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos fueron en mayo a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y activaron las alarmas. ¿La calidad de los números presentados podría estar en riesgo?
Los trabajadores denunciaron carencias que afectan su rendimiento. Por ejemplo, afirmaron que no cuentan con un espantador de perros que les permita evitar las mordeduras frecuentes. Pero una reivindicación llamó un poco más la atención de los legisladores y tendió un manto de duda sobre los datos obtenidos a partir de la Encuesta Continua de Hogares, de la que se desprende el índice de pobreza. Los funcionarios informaron que la sección que monitoreaba la calidad de ese estudio no funciona hace más de un año, por lo que sus integrantes fueron reubicados en otras áreas: “Eso nos preocupa porque está vinculado con la calidad de los índices que emite el instituto”, dijo uno de ellos.
La división había sido creada en 2008 y fue cerrada en 2016. Su principal tarea era volver a entrevistar al 10% de la muestra de hogares seleccionada, con la intención de chequear los datos obtenidos en primera instancia por los encuestadores. Ante la consulta de El País, un grupo de técnicos del INE contestó, por escrito, que la sección fue clausurada a raíz de los avances tecnológicos, que hicieron que “algunos procedimientos (que utilizaban) quedaran obsoletos”. A su vez, entendieron que “no era apropiado visitar nuevamente los hogares” ya que generaba “molestia y agotamiento” en los entrevistados. Si bien aseguraron que la calidad de los datos presentados en 2017 no estuvo en peligro, informaron que un nuevo departamento de calidad empezará a funcionar a principios del próximo año.
La Encuesta Continua de Hogares se realiza desde hace 50 años y calcula, entre otros índices, los de pobreza e indigencia. El método se basa en elaborar una Canasta Básica Total, que contiene ciertos bienes y servicios (alimentos, vivienda, salud y educación) que se entienden elementales para garantizar un mínimo de bienestar. La línea de pobreza es el umbral que determina el ingreso necesario para adquirir esa canasta, que se actualiza mes a mes por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Según cifras de abril de 2018, las personas que perciben más de $ 13.019 en Montevideo, más de $ 8.524 en el interior urbano y más de $ 5.701 en el interior rural están por encima de esa línea. El 7,9% de los uruguayos que no logran alcanzarla son considerados pobres.
Por otra parte, el instituto elabora también una Canasta Básica Alimentaria, que incluye los productos que cumplen los requerimientos nutricionales para satisfacer las necesidades calóricas de una persona. Según cifras de abril de 2018, aquellos que perciben menos de $ 3.264 en Montevideo, menos de $ 3.009 en el interior urbano y menos de $ 2.720 en el interior rural están bajo la línea de la indigencia. El 0,1% de la población se encuentra en esta situación.
Los datos presentados en abril son certeros, según los técnicos del INE, ya que la precisión de la Encuesta Continua de Hogares se sigue evaluando. Una forma de suplir la división calidad fue incorporar dispositivos electrónicos que permiten chequear y cruzar la información en tiempo real. Esta tecnología se usa en casi todo el país, salvo en zonas de extrema inseguridad a las que llevan los cuestionarios en papel. Los nuevos aparatos se pusieron en práctica en 2015, tienen el tamaño de un celular y cuentan con “reglas de crítica”. Esta herramienta habilita a los técnicos a controlar los datos mientras hacen la encuesta, ya que encuentra las inconsistencias que puedan responder los entrevistados: por ejemplo, notifica cuando a un niño de escuela se le atribuyen 18 años de educación.
Antes de que el Estado adquiriera los dispositivos, los encuestadores debían prestar todavía más atención a las respuestas. Si notaban errores en los relatos, estaban obligados a repetir la parte afectada del cuestionario, algo que insumía no solo el tiempo, sino también la paciencia del encuestado. A veces no lograban darse cuenta en el momento y tenían que volver otro día para rehacer las preguntas. Los datos se escribían en papel y recién se cargaban al sistema cuando llegaban a la oficina del instituto, por lo que había riesgo de perderlos en el camino. El uso de la tecnología les ahorró tiempo, dinero y errores en las encuestas.
Hoy los datos publicados sortean siete controles distintos. El primero tiene lugar en la sección relevamiento, que elige los barrios a encuestar y elabora las preguntas. Esa información se carga a los dispositivos móviles, que luego llevan los trabajadores de campo a los hogares seleccionados. Los datos recabados vuelven a relevamiento, que los revisa antes de entregárselos a la división crítica, que chequea una vez más la coherencia de la información y elabora un listado de encuestas en las que se declararon ingresos por fuera de lo esperable para las condiciones observadas. Esos hogares vuelven a ser entrevistados con el objetivo de controlar las respuestas originales. Un equipo técnico recibe la base de datos elaborada a partir de todos los cuestionarios y genera los índices, que deben ser aprobados por la dirección del instituto. Finalmente, el departamento de normalización y difusión arma el comunicado en el que se publican los hallazgos.
Entonces, ¿por qué el INE quiere una nueva división calidad si ya hace tantos controles? Los técnicos informaron que esa sección de la Encuesta Continua de Hogares “se está repensando” para ajustarla a la realidad actual, por lo que planean incorporarle más tecnología para chequear los datos. Los nuevos controles que esperan poner en práctica serán distintos a los que se utilizaban y no volverán a entrevistar el 10% de los hogares seleccionados, como se hacía antes. Los funcionarios no precisaron en su respuesta qué métodos de monitoreo utilizarán una vez que reestructuren esa área.
La directora del Instituto, Laura Nalbarte, dijo semanas atrás en el Parlamento que reabrir la sección de calidad “es importante”. La jerarca afirmó que la reestructura de la división está en manos de la dirección de la Encuesta Continua de Hogares: “La idea es que en unos meses me hagan una propuesta cerrada de trabajo y mi objetivo es que para principios del año que viene ya esté funcionado con los nuevos estándares. Hay que tener en cuenta que así como estamos repensando esto, las oficinas de estadística nos tenemos que estar repensando continuamente con este uso de la tecnología”, agregó.
El INE incorporó en 2015 una tecnología que, afirman, les ahorró tiempo, dinero y errores en las encuestas.
LA OTRA CAMPANA. En el sindicato del INE consideran que las condiciones laborales “deberían estar en el centro de la discusión” vinculada a la calidad de los datos. Consultados por El País, los dirigentes