Obstáculos legales al decreto presidencial
La decisión de Donald Trump de dejar de separar familias de inmigrantes indocumentados mientras están detenidas afronta un duro obstáculo legal, el denominado acuerdo “Flores”, que impide que los niños permanezcan encarcelados por largos períodos de tiempo.
Bajo este acuerdo judicial, que data de 1997, las autoridades no pueden retener a menores de edad inmigrantes por más de 20 días.
El pacto, por tanto, genera un dilema para la aplicación de la orden ejecutiva firmada el miércoles por Trump en la que acaba con la separación de familias.
“El presidente no puede ignorar el acuerdo”, dijo Bill Hing, profesor de derecho de la Universidad de San Francisco y director de la Clínica de Defensa de Inmigración y Deportación de la escuela.
Es por ello que, ante la barrera legal, el Departamento de Justicia interpuso ayer jueves en una corte federal en Los Ángeles, California, un pedido para que se modifique este acuerdo de una manera que permita retener a los niños más allá del límite establecido.
“Este Tribunal tiene la autoridad y responsabilidad para resolver estas crecientes preocupaciones de inmediato, permitiendo la detención familiar”, se lee en el texto presentado en la corte de California.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nueva York, señaló ayer que seria “horrible” regresar a la época anterior del “acuerdo Flores”, en la que los menores pasaban meses y meses detenidos por las autoridades migratorias.
Advirtió que el Gobierno de Trump expone el problema como un asunto de dos únicas vías (“separo los niños de sus padres o los mantengo detenido junto a ellos”), cuando la realidad “no es algo de solo dos soluciones”. La Constitución permite que las autoridades liberen a las familias bajo supervisión, ello sin ir en contra de la ley y el acuerdo, explica Galernt.
“El 99% de las familias liberadas bajo supervisión responden a sus citas con las autoridades”, amplió en la rueda de prensa Madhuri Grewal, consejera de ACLU.
En su petición, el Gobierno enfatiza en la crisis migratoria que atraviesa el país y para ello detalla números de detenciones de familias inmigrantes en la frontera.
Según cifras oficiales, en los primeros ocho meses del año fiscal de 2018, es decir desde octubre de 2017 y hasta mayo de este año, un total de 59.113 familias han sido arrestadas y las proyecciones apuntan a más de 88.000 al finalizar el año, es decir 75.000 familias más respecto al período fiscal de 2012, cuando se arrestaron 11.116 familias. (EFE)