Ley para habilitar renegociación de los acuerdos tributarios
Serán 15 en el marco de un instrumento que impulsa la OCDE
IIEL Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento para dar aprobación legal a la “Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios”. Se trata de un instrumento que forma parte del proyecto BEPS —sigla en inglés utilizada para definir las prácticas contra la evasión y erosión fiscal empresarial— al que Uruguay adhirió en 2016 y que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El acuerdo multilateral fija las reglas para avanzar en la modificación de la red de tratados bilaterales para evitar la doble imposición (que son más de 3.000 alrededor del mundo), imponiendo disposiciones obligatorias y otras que quedan a voluntad de los países involucradas.
“La importancia del instrumento radica en que surge como respuesta a la constatación de estrategias de planificación, que buscan explotar lagunas o desajustes normativos con el ánimo de trasladar beneficios artificialmente, para eliminar o minimizar el pago de impuestos”, sostiene el proyecto de ley.
También detalla que en el caso de Uruguay serían 15 los convenios tributarios a adecuar: Bélgica, Chile, Corea, España, Finlandia, Hungría, India, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, México, Portugal, Reino Unido, Rumania y Singapur. Si bien el gobierno reportó un total de 20 acuerdos de este tipo, hay cinco que aún “no fueron notificados por la contraparte” (Alemania, Suiza, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam). Fabián Birnbaum, profesor de la cátedra de Impuestos de la Universidad ORT, explicó a El País el funcionamiento previsto dentro del proyecto BEPS: “Si existe un convenio fiscal entre los dos países y si se encuentra aprobado el instrumento multilateral para dicho convenio (lo que ocurrirá en Uruguay cuando el Parlamento lo apruebe), van a regir las cláusulas obligatorias; y las cláusulas que son opcionales van a regir en caso de que ambos países las hayan aceptado, de lo contrario no”.
El denominado “estándar mínimo obligatorio” dentro del instrumento incluye una cláusula de objeto del convenio (se modifica incluyendo “sin generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante evasión o elusión fiscales”), una cláusula antiabuso (llamada PPT que impide el acceso a los beneficios del convenio cuando se realicen negocios que tengan como objetivo trasladar utilidades a favor de los intereses empresariales) y un procedimiento de acuerdo mutuo (que regula los mecanismos para la resolución de controversias).