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La primera en imaginar otro futuro para el trabajo sexual es Karina Núñez. Me pregunta si quiero saber su edad pública o la real. Le pido la primera. Cincuenta y cuatro, dice; y luego la otra, la de verdad: 44, pronuncia bajando la voz. “Mis clientes me conocen de 54”. Núñez se acostumbró a agregarse 10 años desde que empezó a prostituirse a los 12, en Young, cuando cobró cinco pesos por sexo y los gastó en un yogur. “En la calle la Policía nos preguntaba si éramos mayores y yo siempre mentía así no me encerraban toda la noche”.
Una de esas madrugadas no importó la edad. Cuatro veces la esposaron y cuatro veces llamaron a la ginecóloga para que la examinara. La médica se hartó. Le mostró fotos de cómo quedaba el cuerpo impregnado de enfermedades venéreas. Núñez se asustó.
Se asustó más cuando vio morir a una compañera de sida. Y después otra. Y después otra. En los pasillos del hospital Maciel conoció a meretrices que trabajaban en whiskerías y estaban agremiadas para pelear por sus derechos. “Mujeres que eran lindas, eran elegantes”. Ellas la sacaron de la calle y la llevaron a estos locales. Ahí empezó a recolectar historias de compañeras, a exigir, a cuidar su salud.
Núñez se cuenta así: hija y nieta de prostitutas; parió a siete hijos, a uno lo dio en adopción; dos abortos espontáneos, un lote de ilegales. Y además, por muchos años, el ejemplo de una “víctima buena”.
—Hasta que me di cuenta de que nada de lo que hiciera iba a cambiar cómo iban a verme. Ahí dejé de ser víctima para convertirme en una mujer empoderada.
En su profesión la definen tres palabras que son su bandera: trabajadora sexual liberta. Es decir: autónoma, “lo opuesto a explotada”. Es una luchadora solitaria contra la continuidad hereditaria de la prostitución. Realizó 27 denuncias por trata. Una de ellas le valió una golpiza que la dejó 11 días internada. Entrevistó a más de 300 colegas. Hizo un censo entre meretrices. Escribió un libro. Solo tres whiskerías le abren la puerta; el resto la echa a la calle para que no “alborote” al staff.
Son pocos los que se interesan por esta población. “Estamos en un momento en que nadie las mira, no se generan políticas para corregir la irregularidad, ni la violencia, ni para fortalecer sus derechos”, opina Andrea Tuana, trabajadora social y directora de la ONG El Paso. Esos pocos que sí observan creen que Núñez es la única capaz de organizar a los más de 12.000 trabajadores sexuales que están dispersos desde que su gremio más fuerte, la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (Amepu), se disolvió en 2015.
Ahora estos trabajadores quieren la palabra. Una ley de 2002 reconoce al meretricio como un trabajo, pero no procuró una regulación de sus condiciones laborales.