LA CRISIS QUE INSTALÓ LA DISCORDIA

Anda Ricardo De Izaguirre por el campo, como de costumbre, conversando con los tamberos. Como presidente del Instituto Nacional de la Leche, está acostumbrado a que le trasladen reclamos a él, pero en estos días lo que se encuentra es desazón y enojo, y no con él, sino dentro de las cooperativas.

“Está muy tensa la situación. El sector sindical no observa la dificultad de los productores. La gente está desmoralizada”, explica De Izaguirre. Él también está angustiado. La crisis que se desató en Pili es la cara visible de una industria deprimida y los entretelones de su historia son sintomáticos de varios problemas.

Entre ellos, está el divorcio entre los productores remitentes y los operarios de la industria. Los primeros, unos 2.500, cobran lo mismo por cada litro de leche que remiten desde hace cuatro años. Los segundos, unos 3.500, han logrado aumentos salariales de 34% en los últimos cuatro años y, de aprobarse el convenio salarial planteado, habrán subido un 50% en enero de 2019. Los primeros son los dueños de las cooperativas; los segundos son los empleados. Los primeros se sienten ahogados y empiezan a apuntar a los dirigentes de las empresas para que busquen la forma de mejorar sus ingresos; los segundos presionan en los Consejos de Salarios para seguir aumentando sus haberes, amenazan con parar sus actividades y no ceden.

“Hoy por hoy, el relacionamiento es el talón de Aquiles del sector. Nueva Zelanda pasó por eso. Hay que superarlo de cualquier manera. Las empresas internacionales están al acecho de Uruguay y nosotros peleándonos por cosas elementales”, plantea De Izaguirre, que si bien habla en un tono conciliador, no puede evitar ponerse en el lugar de los tamberos.

“Estamos al límite, no se puede tirar más de la piola. Nuestra situación no da para más”, escribieron hace algunos días en un comunicado 10 asociaciones de productores (cantidades en US$) de leche. “Por supuesto que las gremiales lecheras encontraremos la forma de colaborar con los productores que remiten a Pili (...). Sabemos el momento crítico de estos productores y somos conscientes de la cruda realidad que enfrentamos a diario, que no entiende de conflictos y problemas sindicales”.

Esas palabras, expresadas en medio de la búsqueda de salidas para la empresa sanducera, es un tiro por elevación al sindicato, agrupado en la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL). Sin decirlo, les dijeron: nosotros sí sabemos lo que es pasar mal.

Pero la FTIL no adopta el discurso de “ellos contra nosotros”. Al menos no contra “todos ellos”. “Hay una leyenda urbana de que los trabajadores estamos enfrentados a los productores. Hemos demostrado que no es así. Nosotros hemos sufrido coyunturas desfavorables a la par de los pequeños y medianos productores”, dice Heber Figuerola, delegado del gremio. Para él, estos últimos son, junto a los operarios, los más vulnerables del sector. “Habría que dejar ese enfrentamiento que algunos intentan instalar”, sugiere.

En Pili, las tensiones dejan paso a la búsqueda colectiva de una salida desesperada. Los 70 productores llevan seis meses sin cobrar. Se les deben US$ 1.200.000 y, sin embargo, no han dejado de remitir leche a la planta. También los obreros tienen atraso en sus haberes, unos US$ 350.000, y también siguen yendo a trabajar (ver nota en la página siguiente). A los proveedores se les deben US$ 10.000. A los bancos, US$ 50 millones. El salvataje que pergeñó el gobierno y terminó de aprobar el Parlamento el jueves en tiempo récord es por US$ 1,5 millones. Alcanzará para distribuir entre los trabajadores, y nada más. En tanto, la empresa se presentó voluntariamente a concurso de acreedores. Carga con un pasivo que ronda los US$ 60 millones.

GUERRA EN CONAPROLE. Esta semana, las gremiales rurales más representativas se retiraron de los Consejos de Salarios. Aunque no es el principal, uno de los motivos del portazo es el conflicto que tiene la directiva de Conaprole con sus empleados. A su vez, una parte de ese conflicto tiene que ver con la crisis de Pili y con un intento de auxiliar a la empresa que, al final, se le volvió en contra.

Álvaro Ambrois, presidente de Conaprole, la cooperativa láctea hegemónica y la principal exportadora del país, dice sentirse feliz de que los trabajadores tengan “salarios privilegiados”. Asegura que el sueldo del operario mayoritario son $ 57.000 nominales. Trabajan seis horas y media, en su mayoría seis días a la semana. Cobran dos aguinaldos. “Yo feliz de que sea así. Pero a pesar de esto, viven enojados con la cooperativa”, dice Ambrois.

Al igual que De Izaguirre, el presidente de Conaprole concentra su preocupación en los productores. Y aporta lo que considera son “números terribles” para transmitirla. De los 2.000 tamberos que remiten leche a la cooperativa, que en su mayoría son familias, la mitad cobraron, en promedio, $ 31.000 en julio. De allí deberán deducir salarios si tienen empleados, y mantener el establecimiento. Hay 400 que directamente no cobraron porque deben más de lo que se les pagó. Hace dos años que unos 300 tamberos no cobran nada. Se endeudan. Cambian de rubro.

En Conaprole, que tiene el precio más alto del mercado por litro de leche —unos $ 10,4— no han bajado las matrículas de producción porque han entrado nuevas. Sin embargo, a nivel nacional en estos últimos años han desertado del sector unos 100 tamberos, estima Ambrois.

Conaprole es líder en el mercado interno, pero su apuesta principal es a la exportación, donde vuelca el 75% de su producción. Por lo tanto, depende de los vaivenes internacionales, de las sequías ajenas y de los acuerdos arancelarios que haga Uruguay, que según él son pocos.

GGG