Policías no tenían llaves de las esposas y casi no fue juzgado
Una persona detenida no puede declarar esposada, según las normas
El miércoles de tarde, una funcionaria del Juzgado Penal de 28° Turno de Montevideo atendió una llamada de la Prefectura desde Paysandú. Había sido detenido en la capital sanducera un hombre requerido por la sede penal de Montevideo acusado de ser autor de maniobras con cheques.
La funcionaria preguntó al marinero cuándo llegaba el detenido a Montevideo. Éste le respondió que no tenía idea, ya que debían coordinar el traslado del detenido hacia la capital. Al ver que existiría una eventual demora, la juez titular del Juzgado de 28° Turno, Fanny Canessa, fijó la audiencia para las 10 horas del día siguiente — jueves 16. Ello significaba que el detenido debía estar sin falta en la sede penal. Posteriormente, los funcionarios del juzgado comunicaron a la Fiscalía y a la defensa del acusado el horario de la audiencia.
El jueves, a la hora indicada los operadores judiciales estaban listos para el inicio de la audiencia. No obstante, el acusado no llegaba.
Luego de una larga espera, apareció el detenido en un móvil policial. Allí se supo que el traslado del requerido se hizo en dos partes: una estuvo a cargo de la Prefectura y de la otra se ocupó la Zona I de Montevideo (Centro, Ciudad Vieja y barrios periféricos).
Al ingresar el detenido al juzgado, un empleado judicial percibió que éste aún llevaba las esposas. Entonces le pidió a los custodias que lo liberaran porque éste no podía declarar esposado según señala la normativa vigente. Uno de los agentes le contestó: “No tenemos las llaves de las esposas”.
A otro funcionario del Juzgado le llamó la atención que hubieran esposado al requerido, ya que sobre él pesaba una acusación de incurrir en una maniobra con cheques. Es decir, no era peligroso.
Los custodias probaron múltiples llaves y ninguna servía. Se acercaba el fin del plazo constitucional de 24 horas de deten- ción y el requerido seguía esposado. Al filo de dicho plazo, dos policías llegaron con un manojo de llaves y, tras varias pruebas, pudieron quitarle las esposas al detenido.
El hecho se enmarca en una serie de episodios que generan críticas de jueces que se encargan de los casos iniciados con el anterior Código de Proceso Penal hacia la Policía.
Se quejan que la Policía demora en contestar oficios, citaciones, remisión de pericias de autos y armas y acreditaciones de depósitos de dinero incautado en el Banco República. Si alguna de estas actuaciones no se cumple, los procesos penales quedan paralizados.
Una fuente policial señaló que la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal por lo menos duplicó la carga sobre los servicios de la Policía y reconoció que hay pericias técnicas atrasadas, pero su volumen es escaso. “Todo se pone en el sistema. Lo que ocurre es que hay jueces que no lo miran”, expresó un jerarca policial a El País.
Con la aplicación del nuevo Código, los fiscales exigen pericias en forma urgente y ello obliga a la Policía Científica a concentrarse en las mismas, explicó la fuente. Agregó que la Policía Científica cuenta con tecnología de punta, pero su personal no es numeroso. Y advirtió que los operadores judiciales deberían saber que una pericia biológica lleva mucho tiempo de trabajo porque debe pasar por varios laboratorios.
EL GUARDIÁN. Algunos jueces consultados dijeron a El País que, antes del 31 de octubre de 2017, se pidieron a los magistrados múltiples intervenciones para averiguar por el sistema de escuchas telefónicas El Guardián la ubicación de costosos celulares robados. Hasta el momento, los jueces que libraron las órdenes desconocen qué ocurrió con la información sobre los celulares hurtados. Es decir, los titulares de las sedes no saben si éstos fueron encontrados o no por la Policía.
A mediados de 2013, el Ministerio del Interior adquirió, en una operación secreta, tecnología de punta —a un costo de US$ 2 millones— que aumentará sensiblemente su capacidad para vigilar llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales.