España desestima denuncia de abuso
La Justicia española decidió ayer archivar la causa de abuso y maltrato que pesaba sobre el padre de la niña cuyo caso de hizo conocido en Uruguay por la campaña “María no se va”, en tanto pidió investigar a la madre por el presunto delito de falso testimonio.
La magistrada encargada del caso indicó que las pruebas en contra del hombre no eran suficientes para acusarlo de cualquiera de los dos delitos y por eso decidió archivar la causa, informó TNU y confirmó El País.
Por otra parte, la justicia española también dejó sin efecto las medidas cautelares que prohibían que el padre se acercara y se comunicara con la niña, una medida que fue impuesta por la Justicia uruguaya.
Además solicitó que se inicien actuaciones para acusar a la madre —María— de la presunta comisión de un delito de acusación y denuncia falsa, que habría cometido en el momento en que acusó al hombre de abuso y maltrato. Consideró que había elementos para dar inicio a una investigación por un delito contra la integridad de la niña.
El fallo le dio la razón al padre que reclamó que la menor debía ser restituida después que su madre, una ciudadana uruguaya, la mantuviera en Uruguay contra la voluntad de su progenitor.
María y su hija debieron volver a mediados de este año tras pasar dos en el país. La madre había denunciado, tras su llegada a Uruguay en 2016, que la pequeña estaba con una actitud “rara”.
Según ella, realizó una consulta psicológica privada y allí se constató que la niña presentaba signos de abuso. Cuando el padre reclamó el regreso de su hija a España (él se había quedado allí), comenzó un juicio y la posterior campaña.
Tras el fallo la Intersocial Feminista y la Red Uruguay contra la Violencia Doméstica y Sexual criticaron la decisión y cuestionaron el procedimiento utilizado en la pericia sicológica que se le efectuó a la niña.
La entidades mencionadas sostienen que entre las posiciones antagónicas de las justicias de España y Uruguay “quedan una madre y una hija de seis años expuestas a nuevos maltratos y agresiones ya que se han levantado las medidas cautelares que el acusado debía cumplir”.
También revelan que la niña no ha podido ser escolarizada en España porque el padre “ha bloqueado judicialmente su inscripción”, y sostienen que “es alarmante la violación de derechos a los que se está sometiendo a la niña”.