PODER EN ALTA MAR
Es el mundo, es la naturaleza, es la política. Andrés Domingo, director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), pinta así el escenario: “Hay una competencia geopolítica en el agua, se viene la década de los océanos”. Una predicción que anuncia que a partir de 2020 la economía será azul, es decir que se profundizará la explotación de los suelos productivos de los océanos, pero en un contexto de uso sostenible de los ecosistemas.
La extracción de recursos energéticos, farmacéuticos, transporte, pesca, telecomunicaciones, turismo, se disputará en la última barrera que queda por cruzar: alta mar. Por eso Domingo dice que “la investigación marina está teniendo implicancias geopolíticas profundas”.
Así quiere justificar las exigencias que establece el nuevo decreto que reglamenta la ley de pesca para acceder a un permiso de pesca científica, una redacción que, asegura, no es distinta del decreto anterior de 2006. Quiere decir que la condición para poder investigar de darle la información recabada a la Dinara y no divulgarla sin su autorización —que hasta ahora no se había aplicado—, tiene detrás un argumento estratégico para el desarrollo del país.
“Hoy se estima que los recursos a obtener pueden ser enormes, el tema es quién va a llegar ahí”. ¿Y quién va a llegar ahí? “Nosotros no; dos o tres potencias son las que tienen la tecnología para explorar a 10.000 metros de profundidad”, aclara Domingo. Sin embargo, la investigación oceánica se está discutiendo a nivel mundial y ya comenzó la ronda de negociaciones en Naciones Unidas (ONU).
Uruguay araña este futuro desde 2016, cuando la ONU aprobó una ampliación de 350 millas de su terreno oceánico. De esta forma se extendió la zona económica exclusiva, por ejemplo, para la búsqueda de hidrocarburos.
Aunque el 40% de nuestro territorio es líquido, Domingo coloca paños fríos a la ambición: “Nuestra situación territorial es crítica”. Y es que hay otro vínculo diplomático que influyó en la reglamentación de la investigación. El área que nos compete en el Río Uruguay, el Río de la Plata y su frente marítimo están compartidas con Argentina. “Todo lo que se produzca o ejecute en ese territorio tiene una afectación del 100% para el desarrollo del país y tiene incidencia en las relaciones internacionales. No se trata de querer tener el control de la información, sino que es política y geopolíticamente necesario tener precaución en saber cómo manejarla, que no significa ocultar ni mentir”, dice.
Tras publicarse el decreto, el 4 de mayo pasado, el capítulo siete que reglamenta los permisos de pesca para investigación generó el inmediato rechazo de la comunidad científica, de la Universidad de la República (Udelar) y de distintas comisiones y agencias de investigación que interpretan que la normativa es exacerbada, poco precisa en cuanto a qué tipo de investigaciones requieren el permiso, no da garantías de plazos ni de criterios de evaluación, y que al atar el otorgamiento del permiso al compromiso de no publicar los resultados sin el aval de la Dinara se incurre en censura. Esto, además, tendría un efecto nocivo para el desarrollo de la investigación y podría perjudicar la formación de recursos humanos.
Los investigadores sospechan que la discusión que está implícita en este conflicto es el verdadero rol que tiene la ciencia en la toma de decisiones políticas.
EN DOS BANDOS. Primero, unos 30 investigadores y docentes impugnaron el decreto. Pero fue la Dinama la que logró que el muestreo del agua quedara por fuera de esta norma. Tras una negociación entre los ministerios de Defensa, Vivienda, Relaciones Exteriores y Ganadería, que excluyó a los científicos de la discusión y culminó con unas modificaciones que ellos hallaron superficiales, en setiembre fue la Udelar la que presentó un recurso de impugnación.
Según publicó el portal Sudestada, el departamento jurídico de la Udelar argumentó que este artículo es inconstitucional, ya que la Dinara está vulnerando la especialización y autonomía de la Universidad como ente, “que no puede ser restringida por un decreto”, dice la prorrectora de Investigación, Cecilia Fernández. La Universidad tiene entre sus fines impulsar y promover la investigación. “Eso está establecido en la Ley Orgánica y un decreto no puede tener más fuerza que una ley”, agrega.
Detrás del “ultra control” que se quiere imponer a este sector, los investigadores creen que hay una voluntad de callarlos. “Yo siento desde hace un tiempo que la investigación científica puede llegar a molestar en los planes desarrollistas”, opina Diego Lercari, de la Unidad de Desarrollo de las Ciencias del Mar que funciona en la Facultad de Ciencias.
Dos viernes atrás, en Rocha, un grupo de investigadores se reunió para armar un listado de sugerencias que la prorrectora Fernández deberá presentarle cuanto antes al director de la Dinara, para acordar una forma de trabajo mientras el recurso de impugnación sigue su curso. En el fondo, se quiere evitar llegar a un juicio administrativo y volver a negociar. La pregunta es para Andrés Domingo: —¿Está dispuesto a discutir nuevas modificaciones?
—Estoy en todos los aspectos abierto al diálogo, pero quiero recibir fundamentos de los temas a impugnar para visualizarlos y discutirlos.
Buscar por primera vez un argumento para metodologías que siempre funcionaron de una manera no es una tarea fácil. Menos aún, cuando la certeza que sobrevuela es que la investigación está siendo vista más como un problema que como