Piden actualizar normas laborales
Consecuencias de los cambios normativos laborales de Argentina y Brasil
Uruguay tiene temas sin regular y leyes dispersas, sostiene un experto.
Tanto Brasil como Argentina se han ocupado en el último tiempo de modificar su normativa en materia laboral. El año pasado, el gobierno de Michel Temer en Brasil aprobó una legislación —con el fin de que su mercado fuera competitivo nuevamente tras la crisis económica— que transformó las reglas del empleo en ese país.
En tanto, este año en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri envió a estudio del Congreso de la Nación un paquete de proyectos de leyes que pretenden reformar las relaciones laborales a futuro.
PWC Uruguay organizó una mesa de discusión en la que se explicaron las principales características de las reformas laborales de la región y los eventuales impactos en el país.
Marcelo Brandariz, encargado del área Laboral y de la Seguridad Social de PWC Argentina, señaló los tres componentes básicos de los fundamentos de la reforma laboral de ese país.
El primero, relacionado con los costos laborales argentinos en comparación con el resto de la región; el segundo, relacionado con el alto componente de litigiosidad (controversia en las relaciones jurídicas que deben ser resueltas por un tribunal); y el tercer componente referido a la informalidad laboral (en Argentina 30% del mercado no está registrado).
“Básicamente estas tres cuestiones: costos, litigiosidad e informalismo, son los fundamentos principales de la reforma laboral de Argentina”, indicó Brandariz y agregó que uno de los problemas “más significativos” —desde el punto de vista de la financiación de la seguridad social— es el “alto nivel” de informalismo en el mercado laboral.
“Hay más de 12 millones de personas trabajando legalmente, pero se estima que un 30% del mercado es no registrado, es decir que trabaja de forma ilegal”, indicó.
Entre los principales cambios que la reforma laboral argentina pretende ejecutar, los profesionales de PWC destacaron la indemnización por despido, que propone excluir de la base salarial para el cálculo de la indemnización al aguinaldo, las bonificaciones, los premios y todo tipo de compensaciones que el empleador le daba al trabajador.
Además, se prevé la posibilidad de que las cámaras empresariales junto con los sindicatos puedan construir un fondo de cese laboral, que tiene como objetivo el reemplazo de las indemnizaciones por despido.
El dinero del fondo será aportado por cada empleador (es un porcentaje del salario del empleado) y podrá ser utilizado por el trabajador al momento de su desvinculación, siempre y cuando se compruebe que no fue despedido por justa causa. Si el despido estuvo justificado, lo ahorrado en el fondo volverá a manos del empleador.
Otros aspectos que la reforma pretende cambiar tienen que ver con la solidaridad laboral, la regularización del empleo no registrado y la creación de políticas de formación y capacitación laboral. “El objetivo es una reforma integral que disminuya la informalidad laboral, los costos, la litigiosidad y que nos brinde la posibilidad de tener una normativa con mayores libertades y un marco institucional más claro”, concluyó Brandariz.
Por otro lado, en lo que respecta a la reforma de Brasil, el gerente Senior de Trabajo y Previsional de PWC de este país, Guilherme Momesso, explicó que los cambios normativos fueron recibidos con mayor optimismo por las empresas y muy criticadas por los trabajadores.
Los principales cambios que aprobó el gobierno de Temer tienen que ver con: la reglamentación del teletrabajo, —conocido como home office—,la posibilidad de que las empresas puedan tercerizar servicios, la flexibilización en las condiciones de despido, nuevas condiciones para los litigios laborales, la autorización de la “jornada intermitente” que permite el pago de salarios en función de una jornada o una base horaria y no de forma mensual, la contribución sindical pasa a ser voluntaria y la posibilidad de fraccionar los días de vacaciones hasta en tres períodos.
IMPACTO EN URUGUAY. Según indicaron los expertos en relaciones laborales, el hecho de que tanto Brasil como Argentina hayan modificado sus normativas en lo referente al mundo del trabajo, tiene consecuencias para un país como Uruguay.
Ignacio López Viana, gerente del área de Servicios Legales de PWC Uruguay, dijo que el país está “expectante” a ver qué resultados obtienen las reformas de los países vecinos para luego evaluar qué medidas se podrían tomar.
Según López Viana, si no se toman medidas que actualicen la normativa vigente, el país dejará de estar aggiornado y podría perder competitividad frente a los países vecinos. Indicó además que el gobierno uruguayo se manifestó en contra de una reforma laboral y criticó la implementada en Brasil porque “hay un temor de que el cambio pueda amedrentar derechos y responsabilidades básicas” de los trabajadores.
“Uruguay tiene leyes dispersas y eso es una complejidad porque son antiguas, no están actualizadas a las necesidades de hoy. Además, para algunas cuestiones ni siquiera hay regulación”, dijo López Viana.
Asimismo, apuntó a que “hay que profundizar en mejorar los aspectos que favorezcan la competitividad” y que una reforma laboral es necesaria. “Deberíamos aprovechar el viento de cola de la región pero tampoco podemos copiar modelos porque las realidades de los países son todas diferentes”, concluyó.
”Hay que profundizar en mejorar aspectos que favorezcan a la competitividad”.