Chicha con limonada
Las reacciones de miembros de la coalición gobernante ante el triunfo, en la primera vuelta, de Jair Bolsonaro, confirman que carecemos de políticas de Estado coherentes en materia de relaciones exteriores y en lo referente a la tutela de los Derechos Humanos.
Antes de la primera vuelta presidencial, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que esperaba que no ganase Bolsonaro. Después de la votación, la vicepresidente de la República opinó que había “una tendencia conservadora en la región, pero esto es casi un retorno a lo dictatorial”. La ministro de Turismo tuiteó: “Viene lo peor disfrazado de antisistema”. Una afirmación discutible porque Bolsonaro es un veterano político brasileño en su séptimo mandato en la Cámara de Diputados de su país. No estamos ante un candidato anti-sistema sino ante un producto del sistema.
Con sensatez el presidente Vázquez exigió a sus huestes que no se entrometieran en los asuntos internos del Brasil.
Poco caso le hicieron. Unos días después la ministro de Educación y Cultura opinó que “capaz que hay un Bolsonaro un poco más tapado, porque nosotros no somos tan retrógrados para que se expresen de esa manera”, Con lo que consiguió insultar a quien posiblemente (aunque las cosas aún pueden cambiar) será el nuevo presidente del Brasil y lanzar una nube de sospechas sobre toda la oposición. No está nada mal para una secretaria de Estado a cargo, nada menos, que de la cultura de nuestro país.
Pero el premio se lo lleva el ministro de Relaciones Exteriores quien reflexionó: “Nos critican porque hablamos de Brasil y también nos critican porque no hablamos de Venezuela”. Estas palabras podrían ser vistas como un intento de poner al mismo nivel a la dictadura de Maduro con el triunfo de Bolsonaro en Brasil.
Eso sería un error porque son situaciones esencialmente distintas.
En Venezuela existe una dictadura, una cleptocracia inepta, que ha destruido la economía de uno de los países más ricos del continente y causado una emigración masiva de personas de todas las clases sociales que se esparce por el resto de América Latina. El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados no se aplica al caso de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. Además, Venezuela es parte de una red de convenciones regionales o mundiales sobre Derechos Humanos que la obligan ante la comunidad internacional y respecto de cada una de sus contrapartes, a cumplir con determinados principios y normas. Recientemente siete países de nuestra región presentaron el caso venezolano ante la Corte Penal Internacional. Sería bueno que nuestro país se adhiriese a esa presentación.
En Brasil existe una democracia. Lo que sucede son elecciones abiertas y democráticas a las que se ha presentado un amplio abanico de partidos políticos que, en total libertad, han competido por el voto popular. El líder del PT, Lula da Silva, está preso por corrupto luego de un prologando juicio, donde gozó de todas las garantías procesales, y en virtud de una ley aprobada por su propio partido. Es revelador que Dilma Rousseff, gran defensora de Lula, haya quedado cuarta entre los candidatos al Senado por el estado de Minas Geraes (recibió el 15,3 % de los votos) donde ganó el partido de Bolsonaro.
No hay que confundir chicha con limonada.
La coalición del gobierno se ampara en el principio de no intervención cuando le conviene.