Estupefactos
El gobierno asiste con estupefacción a la tercera evidencia de que su exjerarca, Leonado de León, utilizó el patrimonio público de ALUR de manera indebida, comprometiendo seriamente su “responsabilidad ética”. En reiteración real, el gobierno de Vázquez, Astori, Cosse y Martha Jara, ha renunciado a cumplir con parte de sus cometidos esenciales, como es defender el patrimonio público de sus depredadores, y cumplir y hacer cumplir la ley nacional.
Si el gobierno uruguayo se hubiera enterado el lunes pasado, cuando El País difundió el contenido del informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, sobre el “caso De León”, correspondería abrir un tiempo de espera, aunque de no mucha, mientras el Poder Ejecutivo prepara su fulminante y ejemplarizante decisión, que no podría ser otra que la de enviar el caso a la Justicia para que sea esta la que dictamine si, además de una conducta reñida con la ética de los frentistas, estamos ante un crimen.
Pero resulta que el gobierno de Vázquez ya había tenido dos expresiones de similar contenido y nada hizo. Una de la Junta de Transparencia y Ética Pública, cuyo presidente ha reiterado a quien quiera oírlo que lo de De León bien puede ser considerado como corrupción. Y la del fiscal Luis Pacheco.
A menos que alguien en el entorno de Tabaré Vázquez y Javier Miranda, inspirado en el espíritu noble e ingenuo de Caperucita Roja o Winnie Pooh, haya considerado atendible la versión del propio acusado, según la cual, la decisión del fiscal de archivar el caso lo exime de responsabilidad.
Lo que de verdad dijo Pacheco es que los hechos “demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta”, y que “no cabe sino concluir en que el entonces Director y Presidente de ALUR hizo un uso discrecional de la tarjeta, y puede decirse —en consonancia con las conclusiones de la Jutep— que ha incurrido en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública”. Si aceptamos con la Real Academia de la Lengua Española que la probidad es sinónimo de honradez, su contrario es “corrupción”; incluso “deslealtad”.
De modo que el gobierno, mucho más que el Frente Amplio, es responsable de asumir la defensa del patrimonio público y denunciar ante la Justicia a Leonardo de León, además de pedirle que devuelva el dinero, y no seguir blindándolo como lo ha hecho hasta ahora.
Reconozcamos que la realidad indica lo contrario. En el Frente Amplio, el debate se centra una vez más, en pedirle al implicado “una señal política”, como si eso fuera suficiente como para minimizar el impacto electoral de la corrupción. El asunto se agrava porque los implicados, no solo no dan señal positiva alguna, sino que se muestran agresivos, vindicativos y desafiantes.
Probablemente, algunos jerarcas públicos hayan terminado por confundir partido y Estado, acaso como consecuencia de ejercer sus cargos con un poder prácticamente absoluto, pero alguien debería reaccionar antes de que sea tarde y sacar al gobierno de su estupefacción.
Ninguna señal indica que esto vaya a ocurrir, pero tratándose del partido de Seregni, Licandro y Chifflet, no deberíamos perder las esperanzas.
El gobierno, más que el Frente, es responsable de asumir la defensa del patrimonio público.