Piden prisión para CEO de Techint
▃▃LOS fiscales argentinos Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión de un juez que procesó, pero sin prisión preventiva, al presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, por presunta asociación ilícita y pago de sobornos a exfuncionarios kirchneristas.
La apelación busca que el procesamiento de Rocca conlleve prisión preventiva, algo que quedará ahora a estudio de la Cámara Federal, que también tendrá que decidir si confirma los procesamientos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros exfuncionarios de su Gobierno y empresarios acusados por los delitos de asociación ilícita, cohecho y dádivas.
Los fiscales también piden el arresto del exjefe de Gabinete de Ministros del kirchnerismo Juan Manuel Abal Medina, su secretario Hugo Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.
Los fiscales argumentan que el juez Claudio Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca, Larraburu, Abal Medina, Padoan y Aranda sin fundamento alguno.
Consideran injusto que al resto de los imputados se los haya procesado con prisión preventiva y no a esta segunda tanda de imputados.
Se trata de la llamada causa de los cuadernos de las coimas K, destapada a comienzos de agosto pasado después de que el diario La Nación diera a conocer la existencia de las anotaciones en las que un exchofer del Ministerio de Planificación Federal del kirchnerismo escribió durante más de una década cómo empresarios entregaban bolsas con millones de dólares a altos cargos de entonces para conseguir contratos de obras públicas.
La situación de Rocca, a quien Bonadio procesó por asociación ilícita y cohecho activo, es una de las más relevantes en la apelación de los fiscales.
El cohecho activo es referido a los pagos que confesaron haber hecho Luis Betnaza y Héctor Zavaleta, directivos de Techint, a los exfuncionarios kirchneristas por la situación de Sidor en Venezuela. Rocca había declarado ante Bonadio que desconocía esa gestión.
Pero para los fiscales existió un “acuerdo venal, corrupto, entre privados y funcionarios públicos, en pos de obtener, de un lado como del otro, beneficios de carácter patrimonial”.