“En 5 años el país eliminará el mercado ilícito de marihuana”
El 15% de los uruguayos entre 15 y 65 años consume, antes de la regulación era el 9%
El 20 de diciembre de 2013 el Estado uruguayo se vistió de científico. Aquel día nublado, ese en que se promulgó la ley de regulación del cannabis, comenzaba uno de los experimentos más taquilleros de la última década. ¿Uruguay se convertirá en la Holanda del sur? ¿Qué tal será el Estado como dealer? ¿Podrá un pequeño país enfrentar al poderoso narcotráfico?
Han pasado cinco años y recién ahora, con menos nubes, los técnicos y gobernantes se animan a evaluar el “experimento”. Eso sí: ni los más “militantes” arriesgan verdades absolutas. A lo sumo concluyen que la política pública “es positiva, pero…”.
Que la ley se ha desplegado en todos los usos, pero que los tiempos fueron muy laxos. Que van 41.500 uruguayos que acceden al cannabis por la vía legal, pero que los consumidores frecuentes son 55.000. Que ahora se consigue marihuana “de la buena”, pero que crece la demanda.
Según Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el modelo uruguayo “fue inteligente” en dos cosas: por un lado, buscó una alternativa al prohibicionismo y, por otro, reguló desde “una mirada de salud pública”.
En este sentido, una investigación del sociólogo Marcos Baudean, de la Universidad ORT Uruguay, concluye que la regulación parece estar cambiando el mercado de cannabis, pero que aún existe una inequidad en el acceso al producto legal (controlado desde lo sanitario).
Cada vez hay más prevalencia de consumo de marihuana. Se estima que algo más del 15% de los uruguayos de entre 15 y 65 años es consumidor, cuando previo a la regulación no llegaba al 9%. De todas formas, la investigación de Baudean muestra que el crecimiento de la demanda también se dio en países occidentales y que el porcentaje local es similar al de Canadá y Chile.
Al igual que previo a la aprobación de la ley, la marihuana es la tercera droga más popular. Pero mientras las dos primeras —el alcohol y el tabaco— tienen cierta estabilidad y hasta picos de baja, el cannabis sigue en aumento.
Puede que este crecimiento del consumo sea la explicación de que el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) haya recibido casi el doble de consultas de intoxicados por marihuana en 2015 respecto a 2012. Eso, advierten los técnicos, “es un asunto a seguir estudiando, aunque esas consultas no fueron críticas y no hayan variado las muertes”.
Uno de los cambios más notorios de la regulación es que el “cogollo” (la planta natural) desplazó al “prensado” (la marihuana adulterada). Este salto, que según Monitor Cannabis pasó de 39% a 83% del producto consumido, es descifrado por el gobierno como un “golpe al narcotráfico”.
En base a la cantidad de usuarios registrados, la Junta de Drogas estima que el Estado le arrebató US$ 10 millones al mercado ilícito.
El cálculo, sin embargo, descuida el aumento del consumo y que la Policía ha encontrado cogollos (naturales) también en las bocas de drogas.
Monitor Cannabis había estimado que el mercado de marihuana en Uruguay asciende a US$ 70 millones, siete veces más de lo que el Estado le quitó al narcotráfico. Aun así, Olivera es optimista e imagina que en otros cinco años “el país eliminará el mercado ilícito” de esta droga.
El director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Martín Rodríguez, dijo que el lento combate al narcotráfico viene acompañado de un cambio en la política internacional. “En Naciones Unidas se empieza a discutir la necesidad de quitar al cannabis de las listas de drogas más peligrosas (en Uruguay hay un proyecto de ley al respecto)”, Canadá y México siguen un camino legislativo similar al uruguayo y eso “puede revertir” la incompatibilidad actual entre el sistema financiero y el negocio de cannabis.
Cuando un banco de plaza cerró la cuenta de un operador uruguayo, en agosto de 2017, hizo tambalear la regulación. “Eso fue lo más visible, pero afectó también a empresas que estaban interesadas en invertir en la industria”.
Entre los “afectados” había empresarios vinculadas al uso medicinal del cannabis, el uso que cosecha más adhesión (90%). Aun así, se trata de la pata de la regulación que llegó en forma más tardía. Entre las dificultades, señala el especialista en políticas públicas Gustavo Robaina, solo se habilitó la modalidad farmacéutica y no la vegetal.
Hoy hay dos aceites y una pomada en base a cannabis, todos del mismo laboratorio uruguayo, pero al no incluirse en las farmacias de los prestadores de salud “el costo por tratamiento, en el mejor de los casos, supera los $ 4.000”.
La cifra
de marihuana es lo que se necesita producir en Uruguay para satisfacer la demanda anual. Se han producido dos.
SEGURIDAD. Durante el primer semestre de este año, Uruguay registró un récord de asesinatos. Pero la investigación liderada por Baudean revela que la violencia está más vinculada al consumo de cocaína y de pasta base que a la marihuana. Incluso más: pese a aumentar la violencia, cae la cantidad de delitos de estupefacientes (9,6% en 2013 a 8% en 2017).
La seguridad, pero vinculada al robo de plantas, es lo que más preocupa a los 110 clubes de membresía que hoy están registrados. “Nuestro club hace cultivos temporales: arranca a en setiembre y se cosecha en abril. Si perdemos ese cultivo, perdemos todo el año de suministro”, comentó Diego Pieri, uno de los referentes de un club de Montevideo. “Si se quiere bajar la violencia mediante la política de drogas”, dice el investigador Baudean, “parece necesario pensar en la legalización de otras drogas”. Pero la Junta Nacional de Drogas “no tiene” esa idea en la agenda. (Producción: D. Ferreira, N. González, J. P. De Marco, C. Beltrán).