La prioridad del Frente en 2019 es la reforma militar
Nueva ley del gobierno termina con la doctrina de la seguridad nacional.
La bancada de legisladores del Frente Amplio pensaba aprobar el proyecto de ley antes del fin de 2018, pero no dio el tiempo. Además, se quiere hacer contacto con los partidos de la oposición para que tenga el más amplio respaldo en el Parlamento porque se trata de reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que data de 1974, plena época de la dictadura.
Ahora, esta iniciativa es la principal prioridad de la bancada oficialista para el corriente año, según confirmó el diputado del PVP Carlos Coitiño, experto en asuntos de defensa nacional.
Viene a ser considerada por el oficialismo como la continuación de la reforma del servicio militar de retiros y pensiones. Los partidos de la oposición han reclamado insistentemente que se discutan simultáneamente, pero en la bancada del Fa se insistió en el otro proyecto dejando éste para más adelante. Ahora parece haberle llegado el momento del tratamiento.
Ocho años después de haber sido aprobada con amplio consenso político la ley marco de la Defensa Nacional, el gobierno envió al Parlamento el siguiente paso para la reforma militar: el proyecto con la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas.
Una de las claves conceptuales —y que en el proyecto se establece a texto expreso— es el fin de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”. Asimismo se termina con la existencia de órganos como la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, de preponderante funcionamiento durante la última dictadura.
La iniciativa echa por tierra el concepto de obediencia debida en el caso de los derechos humanos, al señalar que ningún militar “debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales”.
Y añade que lo contrario “determinará la directa responsabilidad del militar, el que no podrá ampararse en el cumplimiento de órdenes superiores”. A la vez, señala que “impartir órdenes contrarias a lo dispuesto, será considerado falta muy grave”.
La iniciativa establece que dentro de las obligaciones del estado militar se encuentra el deber del secreto profesional, pero se advierte que “no podrá invocarse cuando la información solicitada se refiera a violación de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.
EQUIDAD. La idea del Poder Ejecutivo con este proyecto de ley es adecuar el funcionamiento militar a estos tiempos, y se prevé el trabajo complementario entre las tres fuerzas, como ya lo disponía la ley marco de la Defensa. Otras ideas que sobresalen en el proyecto son la “no discriminación”, la “equidad” y “el respeto a la dignidad de las personas”.
En cuanto a los oficiales, el proyecto de ley dispone una rebaja en las principales jerarquías. Por ejemplo, los generales del Ejército pasarán de ser 16, incluyendo al comandante en jefe, a 13. En la Armada aumentará un oficial general pasando de seis a siete. Ese nuevo cupo será por primera vez para un oficial superior de la Prefectura Nacional Naval. Y en la Fuerza Aérea quedarán los seis que actualmente revistan.
También habrá rebaja de cargos para los oficiales superiores, es decir coroneles y capitanes de navío. El Ejército sufrirá la mayor baja, pasando de 180 a 145, aproximadamente un abatimiento del 20%. La Armada quedará con 76 capitanes de navío y la Fuerza Aérea con 45 coroneles. En ambas fuerzas la baja es de un 10%.
Otra de las disposiciones prevé que al personal castrense en tiempos de paz se le reconocerá la posibilidad de tener otra ocupación ajena a la función militar.
Acerca de las medidas disciplinarias que se establecen en el proyecto se incluye como novedad respecto del sistema vigente, la posibilidad de la “baja militar” tanto para oficiales como para subalternos “como sanción ante la comisión de una falta muy grave, a través de un procedimiento administrativo de carácter garantista para el funcionario”.
Tampoco se permitirá desempeñar funciones bajo los efectos del consumo de sustancias sicotrópicas, estupefacientes, naturales o cualquier otra sustancia que altere las condiciones sicofísicas.
El proyecto de ley “impulsa la profesionalización del personal militar”, tal cual se explica en el mensaje. Para eso incluye el mecanismo de concurso para continuar en la carrera militar.
Los oficiales a partir de esta ley serán promovidos por concurso en todas las fuerzas, y no como ocurre hoy que ese criterio se aplica solamente en el Ejército. Las otras variables de ascenso de la oficialidad son la antigüedad en el grado y el sistema de selección.
La iniciativa indica que el sistema de ascenso en el personal subalterno también estará pautado por el mecanismo del concurso y “por transparencia y equidad”.
“La población no debe considerarse nunca una amenaza a la seguridad del Estado, y su protección es el fin superior de todas las acciones que se emprendan en esta política pública”, sostiene la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica de las Fuerzas Armadas al explicar parte de la misión militar para el futuro.
El proyecto también regula “tareas de carácter secundario que contribuyen al desarrollo del país a través de diversas competencias que el actual ordenamiento ya atribuye”. Además, sostiene que las FF.AA. “efectuarán las acciones que les encomiende el Poder Ejecutivo en áreas que fueran de interés público”.
El proyecto de ley remitido al Parlamento pretende remarcar el concepto de que el personal militar ostenta el carácter de funcionario o servidor público “no para desconocer las particularidades que lo distinguen de los demás funcionarios públicos sino como una visión integradora”. Además indica que las leyes orgánicas de cada fuerza, que deberán también ser reformadas, deberán adecuar los cuadros de oficiales para establecer una estructura piramidal de acuerdo con la cantidad de oficiales generales y superiores, teniendo en cuenta las misiones y tareas asignadas por este proyecto de ley. La iniciativa del gobierno pasó a estudio de la Cámara de Representantes.
La ley reduce el número de oficiales superiores en forma considerable.