DD.HH. en Venezuela
El gobierno del Frente Amplio (porque no se puede decir que se trata de una política de Estado con un amplio apoyo en nuestra sociedad) persiste en su estrategia de apaciguamiento de la dictadura venezolana. A veces es difícil no sentir una cierta admiración por el derroche de imaginación y elocuencia de que hacen gala las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores intentando justificar lo injustificable. Hagan lo que hagan Maduro y sus secuaces.
El presidente Maduro asumió por segunda vez la presidencia de Venezuela como resultado de una elección fraudulenta, celebrada sin las más mínimas garantías electorales y en medio de la abstención de los ciudadanos.
Ello despertó ha serias y bien fundadas críticas antes y después de la ceremonia de juramento en Caracas.
Los profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, reunidos los días 25 y 26 de diciembre, dieron a conocer una declaración titulada “El despotismo apunta a la disolución de la República”. En ella advirtieron “sobre la sistemática violación de la Constitución que se ha magnificado por los actos de usurpación que socavan l Estado de Derecho y al Régimen de Libertades Públicas”.
El viernes 4 de enero, los Ministros de Relaciones Exteriores y delegados del Grupo de Lima, reiteraron “que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019”. También ratificaron “su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela”. Reflejando el reciente cambio de gobierno, México se abstuvo pero continúa siendo miembro del Grupo.
Nuestro país no es miembro del Grupo de Lima.
Ahora, el Consejo Permanente de la OEA, aprobó una Resolución sobre la situación en Venezuela con 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia. El Uruguay se abstuvo.
El Consejo resolvió “No reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”.
“La posición del gobierno respecto de la asunción del presidente Maduro no tiene justificación.
La Resolución expresa en su primer parágrafo: “Reafirmando el derecho a la democracia que tienen los pueblos de América y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla tal como lo establece el artículo 1° de la Carta Democrática Interamericana”. Este dice: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
La cleptocracia liderada por Maduro no cumple con esas obligaciones fundamentales bajo el Derecho Internacional.
Maduro no tiene el derecho de invocar el principio de no intervención en los asuntos internos como un escudo para escapar a la condena internacional por sus violaciones de los Derechos Humanos de los venezolanos.