Se reedita conflicto sindical en el gas
▃▃ Montevideogas, la empresa que distribuye gas por cañería que es controlada por la estatal brasileña Petrobras, decidió enviar 20 trabajadores al seguro de paro y despedir a otro a partir del lunes próximo, ante lo que la comisión directiva del sindicato dispuso un paro de 24 horas ese día y analizar en una asamblea la posibilidad de aplicar una ocupación de la compañía con control obrero.
El año pasado, se había desatado un conflicto por la misma razón que generó paros y una huelga de hambre por parte de varios sindicalistas, el que finalizó cuando la compañía accedió a reintegrar los 21 trabajadores enviados al seguro de paro.
Con la decisión tomada ahora, el sindicato sostiene que la estatal brasileña en el ámbito bipartito “ha mostrado su nula voluntad de negociar en el marco del acuerdo” alcanzado el año pasado.
Asimismo, en opinión de los trabajadores sindicalizados, pasó lo mismo a nivel de las negociaciones en las que también participa el Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La decisión de Petrobras volvió a tensar al máximo la relación de la empresa con sus trabajadores que ya se había deteriorado mucho.
La llegada de Petrobras, de capital estatal, al negocio del gas natural en Uruguay tuvo motivaciones políticas. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil recibieron el planteo de la administración frenteamplista para ingresar a la empresa (Petrobras también tiene parte de Conecta, la distribuidora de gas en el interior). Pero ahora todo cambió y no hay afinidades ideológicas entre los gobiernos.
En su momento, Petrobras había comprado sus acciones en Montevideogas a la francesa Gaz de France por unos US$ 8 millones. De hecho, el sindicato de Montevideogas (la antigua Compañía del Gas) ha tenido un rol protagónico en las manifestaciones que pedían en Uruguay la liberación del encarcelado expresidente brasileño, Lula da Silva.
En agosto del año pasado Montevideogas y Conecta iniciaron una demanda contra el Estado uruguayo por la falta de respuesta al reclamo “del cumplimiento de medidas que corrijan diversos problemas que afectan sus operaciones”.
Entre otros aspectos, Petrobras cuestiona que el Estado haya ejecutado una garantía de US$ 3 millones por supuesto no pago de canon.
La demanda de la brasileña contra el país es por US$ 170 millones.