Tensión por el control obrero: desacato a la Justicia y desafío al FA
Desalojan Montevideogas después de 12 horas de ocupación
▃▃ Los trabajadores de Montevideogas desalojaron ayer las instalaciones de la empresa, propiedad de Petrobras, luego de activar el control obrero desobedeciendo una orden judicial. Ahora el sindicato del gas amenaza con efectuar una huelga de hambre este lunes en la puerta del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Reclaman que la multinacional brasileña se retire del país y pierda la concesión de gas natural, dado que no está en condiciones de garantizarle el servicio a la población.
Durante más de 12 horas de medida sindical, varios dirigentes se acercaron para respaldar la reacción de los trabajadores. También estuvieron los diputados del Frente Amplio, integrantes de la Comisión de Seguridad Laboral de la Cámara, Luis Puig (extrabajador del gas) y Gerardo Núñez, con quienes la empresa se negó a negociar. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, señaló que no es procedente el control obrero de una empresa.
La firma, que ya realizó una denuncia penal por incumplimiento a una orden judicial, retomó finalmente el control de las instalaciones.
Los trabajadores de Montevideogas desoyeron ayer a la Justicia y activaron el control obrero de la empresa, una medida en la que el gobierno no intervino aduciendo que el conflicto ya se encontraba en la órbita judicial.
A la planta de la multinacional Petrobras, ubicada en General Flores y Coronel Euclides Salari en pleno Cerrito de la Victoria, llegaron ayer los más variopintos dirigentes sindicales, activistas por los derechos humanos y hasta el extupamaro Jorge Zabalza quien denunció al Frente Amplio por desalojar a los trabajadores.
Luego de más de 12 horas de control obrero, los trabajadores desalojaron las instalaciones tras una orden judicial que fue presentada por los negociadores del Ministerio del Interior, secundados por efectivos policiales.
Fue una jornada intensa para los más de ochenta trabajadores que activaron la medida en el local operativo técnico, mientras, otro grupo de 40 empleados se encontraba en las oficinas del local administrativo y comercial en Ciudad Vieja aplicando medidas similares.
Quienes tuvieron un destacado rol ayer fueron los diputados del Frente Amplio integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo, Luis Puig del Partido por la Victoria del Pueblo, (extrabajador del gas) y Gerardo Núñez (Partido Comunista) que en paralelo a la medida, intentaron sin éxito una salida al conflicto. En este caso, la empresa se negó a negociar con ellos dado que el caso ya se encontraba en la Justicia.
Los trabajadores que acataron la resolución judicial y liberaron finalmente las instalaciones, amenazan ahora con llevar adelante desde el lunes próximo una huelga de hambre en la puerta del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Reclaman que la multinacional brasileña se retire del país y pierda la concesión de gas natural.
Por otro lado, quien también desempeñó un destacado rol en las negociaciones, esta vez con el Ministerio del Interior al momento del desalojo, fue el secretario general del Pit-cnt, Marcelo Abdala. También estuvieron acompañando la medida en el interior de las instalaciones de Montevideogas, José Lorenzo López de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y Martín Pereira de COFE y de la Federación de Funcionarios de
Salud Pública (FFSP). Sobre el final del control obrero, se adhirió la líder de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites.
Unos minutos antes de que la Policía concretara el desalojo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, realizó una conferencia de prensa, en la que recordó que el decreto 165/006 de 2006, aprobado por el primer gobierno de Tabaré Vázquez, permite las ocupaciones como parte del derecho de huelga, pero establece que los trabajadores “no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país”.
Y afirmó que hace un mes el Ministerio de Trabajo informó a las dos partes que “no era procedente el control obrero de una empresa”, lo mismo que el miércoles indicó la Justicia. “Es la confirmación de que estábamos en una posición correcta. La sentencia resuelve en el mismo sentido que habíamos transmitido a la empresa y al sindicato hace un mes”, indicó Murro. Sostuvo que, si no hubiera existido ese fallo, el Ministerio de Trabajo tendría que haber solicitado el desalojo en forma directa al Ministerio del Interior. “Pero hemos actuado de acuerdo a Derecho, dando prioridad a la sentencia judicial, que es más que una resolución del ministerio. Hicimos lo que teníamos que hacer”, indicó Murro, quien ayer a las 12:45 concurrió personalmente al juzgado civil de 16 turno a conversar con el juez y luego notificó al Ministerio del Interior.
TONO DESAFIANTE. En la empresa no cayó para nada bien la activación del control obrero por parte de los trabajadores. Es que unas 24 horas antes, el juez Hugo Rundie había hecho lugar al recurso de amparo presentado por la empresa y de esta forma, prohibió al sindicato activar la medida. Sin embargo, los trabajadores desoyeron la resolución y en un tono desafiante desencadenaron la molestia en el Poder Ejecutivo y en la multinacional que definió presentar una denuncia penal por incumplimiento de la orden judicial.
En un comunicado, la empresa señaló que los trabajadores ignoraron la decisión judicial: “Montevideogas manifiesta su enorme preocupación y sigue esperando la resolución inmediata, de esta situación que está en abierta contradicción con la normativa vigente y con una decisión judicial explícita”.
Por su parte, el integrante del sindicato del gas, Alejandro Acosta, pidió a la empresa contratar a los 37 trabajadores despedidos, al tiempo que denunció la “pésima gestión de Petrobras ya que no le interesa estar al frente de la concesión de gas natural”, apuntó.
A todo esto, el gobierno de Brasil sigue con especial atención el avance de las negociaciones entre el sindicato y la multinacional. Petrobras ya “inició negociaciones con el gobierno para la recomposición de la ecuación económico-financiera de la concesión”.