Límites de inversión: planteo de Anafap y norma del BCU
Trabajo académico recomienda ser “más cautelosos” en activos alternativos
La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) —que nuclea a las tres administradoras de fondos previsionales privadas— presentó ayer un trabajo que analiza los límites de inversión de estas empresas en activos alternativos (los que no son títulos públicos de renta variable, ni renta fija o efectivo) y recomienda ser “cautelosos”, limitando en 25% del total estos instrumentos.
Días antes, el Banco Central (BCU) —regulador del mercado de AFAP— emitió una circular que entre otros aspectos actualiza ciertos límites de inversión, ratificando en 50% el tope para los activos del “literal b”, que incluye instrumentos alternativos y otros títulos de empresas.
El estudio académico presentado por Anafap fue realizado por el economista Daniel Ferrés, director del Máster en Finanzas de la Universidad de Montevideo, y el licenciado en Economía Eduardo Walker, profesor de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ferrés se encargó de la presentación y explicó que los activos alternativos se dividen entre las inversiones en la economía real que tienen las AFAP —como proyectos inmobiliarios, de infraestructura o de recursos naturales (bosques, tierras o commodities)—, los proyectos en que aportan capital o crédito (private equity) y otros productos aún no explorados en el mercado uruguayo.
Este tipo de inversiones “cobran fuerza” porque los administradores de fondos “buscan la rentabilidad” que no encuentran en otros instrumentos. Los fondos de pensiones de los países desarrollados pasaron de tener un 4% de su portafolio en estos activos en 1996 al 24% dos décadas después.
“En Uruguay se siguió esa tendencia”, señaló Ferrés, ya que desde la ley de fideicomisos de 2003 las AFAP comenzaron a invertir en títulos de deuda de proyectos de la economía real, y en los últimos años la apuesta se extendió a la compra de certificados de participación de fideicomisos financieros, en especial de obras de infraestructura en el marco de la ley de Participación Pública-privada (PPP) de 2011.
Estas inversiones alternativas permiten “exposición a renta variable local”, mejoran la rentabilidad del dinero que administran las AFAP “a través del premio por riesgo”, posibilitan la concreción de “inversiones de largo plazo, lo cual se condice con el horizonte de los fondos
El límite de 50% en alternativos podría ser “demasiado para activos ilíquidos”.
de pensiones”, y amplían “la diversificación de los portafolios”.
Aunque Ferrés repasó que también hay desafíos: “es difícil medir el riesgo real de estas inversiones”, hay una “mayor dependencia de la capacidad del gestor (del proyecto en que se invierte) para obtener retornos” y son instrumentos “con poca liquidez”, en los que “salirse puede ser costoso”.
Respecto al contexto uruguayo en materia de activos alternativos, el encargado del estudio señaló que “las AFAP pasaron de inversiones en renta fija local a inversiones en activos alternativos, sin transitar la experiencia de realizar inversiones en acciones locales o internacionales”. Agregó que hay “relativamente pocas opciones de inversión”, y que existe una “relativa concentración” de fiduciarios y operadores de estos proyectos vinculados a las PPP.
En la actualidad un 18% del subfondo de acumulación —donde están los aportes de los afiliados menores de 55 años— de las AFAP están invertidos en activos alternativos, repartidos entre US$ 218 millones en proyectos de energía, US$ 279 millones en el sector inmobiliario, US$ 300 millones en tierras agrícolas, US$ 800 millones en tierras forestadas y US$ 850 millones en obras de infraestructura a través de PPP.
Ferrés citó el caso de países como Chile, Colombia, México y Perú, que tienen “límites entre 0% y 25%” para invertir en alternativos según cada subfondo.
En esa línea, presentó una “propuesta alternativa” a la regulación del BCU, con un límite de 25% para las inversiones en activos alternativos de las AFAP. “El ánimo no es imponer una restricción para estas inversiones, sino ir con cautela” permitiendo que las administradoras de fondos sumen experiencia, y luego podría elevarse el nivel.
Sostuvo que de llegarse al límite del 50% en alternativos, podría ser “demasiada concentración en activos ilíquidos”. Otra propuesta es la creación de un nuevo subfondo, que permite mayor exposición a alternativos —el trabajo plantea 30%— para los afiliados más jóvenes.
También los autores proponen un límite máximo de concentración de estas inversiones por sector de actividad del 8% (es 15% lo que se permite en la normativa vigente), e incorporar un tope por operador del 8% (no se contempla esto en la regulación del BCU).