Enjuician a tres personas por crímenes durante la dictadura
Dada la gravedad de los hechos, se dispuso prisión preventiva por 120 días
El fiscal letrado especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó la formalización de tres personas acusadas de aplicar torturas en un centro de detención que funcionó en Canelones durante los años de la dictadura, conocido como “Los Vagones”. Se trata de dos retirados policiales de 79 y 69 años (el primero vive en Santa Lucía y el segundo en la ciudad de Canelones) y de otro hombre de 73 años que reside en San Ramón. Para todos, como medida cautelar, se solicitó 120 días de prisión preventiva.
Todo comenzó hace tres años cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones tomó conocimiento de la existencia de este lugar de secuestro y tortura, e hizo una primera denuncia. Por su parte, la asociación civil Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria (Agora) y otros actores del departamento recabaron una serie de testimonios de víctimas “de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el centro clandestino Los Vagones”. La finalidad de recoger esos testimonios era que el lugar fuera declarado un sitio de memoria, además de conformar un archivo de acceso público.
Todo ese material se puso en manos de la Fiscalía, la que dio inicio a una investigación e interrogó en forma individual a más de una decena de víctimas.
Estas personas coincidieron en sus relatos en cuanto a que fueron ilegítimamente privadas de su libertad entre los años 1975 y 1976, en los centros clandestinos denominados “Los Vagones”, ubicados en una primera instancia en el Parque Artigas —donde funcionaba la Escuela de Policía y la fuerza de choque de la Policía en la calle Rodó— y luego trasladados a un sitio más apartado y periférico del mismo parque, en la Ruta 5 (barrio Olímpicos).
En ese lugar, permanecieron algunos durante varios días y otros durante meses. “Allí fueron sometidos a apremios físicos y tratos crueles e inhumanos que consistieron en: cubrirles la cabeza con capuchas para impedirles la visión, colgamientos de los brazos y plantones durante varias horas hasta perder la conciencia, golpizas en todo el cuerpo, el denominado ‘tacho’ que consistía en sumergirle la cabeza al detenido en un tacho con agua, el ‘caballete’, e incluso algún episodio de simulacro de ejecución”, sostiene la solicitud de formalización de la Fiscalía.
RESULTADO DE LA TORTURA. Utilizando los apremios físicos, las personas eran interrogadas para que confesaran su pertenencia a las organizaciones prohibidas por la dictadura, así como para que delataran a otros compañeros. Por ello, se labraron diversas actas por parte de los oficiales interrogadores, las que eran elevadas al juez sumariante, quien a su vez trasladaba los antecedentes al juez militar de instrucción.
Tras la admisión de los hechos las víctimas eran puestas a disposición de la “Justicia Militar” conformada por un magistrado castrense que con esos elementos ordenaba la confinación por largos períodos en diversos centros de detención, como el Penal de Punta Carretas y el Establecimiento Militar de Reclusión N° 1 (Penal de Libertad) para los hombres y el Establecimiento Militar de Reclusión N° 2 (cárcel de Punta de Rieles) para las mujeres.
Las víctimas, tras describir los tormentos a los que fueron sometidas, relataron que pudieron identificar a algunos de los represores que pertenecían a la Dirección de Investigaciones de Canelones, entre ellos a los tres enjuiciados.
Expresaron, a su vez, que muchos vecinos del departamento de Canelones fueron detenidos durante las fechas mencionadas, aproximadamente unas 70 personas.
Cuando eran muchos los detenidos y como la capacidad locativa de “Los Vagones” era reducida, se utilizaba para recluirlos el edificio que en una época ocupó el cine Lumière.
Entre 1975 y 1976 fueron detenidas en “Los Vagones” unas 70 personas.