Liberan a pareja de ministro, acusada
Panamá pidió su extradición; esperará fallo en libertad
▃▃ La Justicia decidió que Maya Cikurel —contadora y pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira— quede en libertad a la espera de que se emita un fallo sobre el pedido de extradición de la justicia panameña por su presunta participación en un esquema de lavado de activos relacionados con coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht.
La jueza María Helena Mainard resolvió suspender la prisión domiciliaria de Cikurel ya que “no estaba justificada”, aunque sí se seguirá reteniendo sus documentos de viaje.
Ayer martes realizó una audiencia en el Juzgado de Crimen Organizado por la extradición de la profesional solicitada por Panamá.
DEFENSA. Tras la audiencia, el fiscal Ricardo Lackner explicó que la defensa planteó que no se cumplen los requisitos para la extradición. Y que “la fiscalía, en cambio, entiende que los requisitos están cumplidos”, esto se debe a que “hay también una forma particular de interpretar las disposiciones de las convenciones internacionales, que se aplican en base al principio de buena fe (…) la regla es brindar la cooperación y la excepción es negarla. Entonces todas las restricciones e interpretaciones tienen que ser acotadas en base a ese principio”.
Habrá otra audiencia el 8 de junio. La audiencia de casación, dijo el fiscal, “sería la instancia definitiva”.
No obstante, aclaró que este proceso puede llevar bastante tiempo. “Ya lo saben por otras extradiciones de público conocimiento”, haciendo referencia a la extradición del narcotraficante Gerardo González Valencia que llevó cuatro años y se concretó días atrás.
El 19 de febrero Cikurel, junto al ministro Da Silveira, realizaban los trámites en Migraciones del puerto de Colonia para viajar a Buenos Aires, pero la profesional quedó detenida por una alerta roja de Interpol.
Dicha orden fue emitida a principios de 2019; Panamá la acusa de un supuesto delito de lavado de activos y la vincula con cinco sociedades anónimas utilizadas por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos a dirigentes políticos a cambio de obras públicas.
El 20 de febrero la jueza Mainard hizo lugar al pedido del fiscal Lackner y se le dictó prisión domiciliaria por 60 días; esta medida fue revocada en el día de ayer y estará en libertad a la espera de la próxima audiencia.